Abogan por inyección al Retiro

Representante Santa urge $352 millones de las economías que genere cualquier reestructuración de la deuda 

Por Laura M. Quintero, EL VOCERO

Si la administración de Alejandro García Padilla quiere salvar el Sistema de Retiro de Empleados del gobierno, debe comprometer al menos $352 millones de las economías que genere cualquier reestructuración o moratoria del pago de la deuda pública, para hacer las aportaciones adicionales que corresponden a este año fiscal.

El presidente de la Comisión de Sistemas de Retiro en la Cámara de Representantes, Jesús Santa, así lo exigió ayer al argumentar, en entrevista con EL VOCERO, que cualquier economía que redunde de una reestructuración o moratoria de la deuda del gobierno central, debe ser utilizada de forma urgente y prioritaria para salvar el Retiro, cuyos activos netos se agotaron en el año fiscal anterior y los activos brutos proyectan agotarse en tres años.

Santa abogó para que el gobierno priorice una inyección de $352 millones en aportaciones adicionales tal como indica el actuario que son necesarios para evitar una disminución de $1,000 millones en activos brutos.

“Si no se paga en su totalidad y la reserva de $1,000 millones no se mantiene, el sistema tendrá problemas de liquidez y puede estar obligado a vender activos ilíquidos, en una pérdida significativa a un mayor detrimento del sistema”, advierte el actuario.

A la luz del propio informe actuarial preparado por la firma Milliman, los activos netos están sin fondos desde el año fiscal 2015. Si las contribuciones especiales y los aumentos en las aportaciones patronales, que aprobó este gobierno en la reforma del retiro, “no se pagan en su totalidad en una base anual, el Sistema de Retiro de Puerto Rico se seguirá descapitalizando rápidamente y sus activos brutos se agotarán”, advierte el actuario.

La proyección que reitera el gobierno, conforme al informe actuarial, es que los activos brutos se agotarán en el año 2019. Esas proyecciones son, sin embargo, bastante conservadoras puesto que el gobierno, para seguir su operación, ha estado vendiendo activos brutos y para pagar las pensiones. “El gobierno sigue operando solo porque el gobernador autorizó más de un billón en acciones costosas, a corto plazo y de emergencia para poder tener liquidez”, entre otras cosas porque “los activos de las pensiones, ya severamente empobrecidos, se están vendiendo para financiar la operación del gobierno”, reveló el principal asesor del Tesoro, Antonio Weiss, en vista congresional.

Un análisis de la Service Employees International Union (SEIU), Capítulo de Puerto Rico, estima que los activos brutos se agotarán en un período de ocho meses, dado a que los informes cuentan con “activos ilíquidos”, que son más difíciles de vender.

El representante Santa aseguró a este rotativo que ha sostenido conversaciones con la principal oficial financiero del gobierno, Melba Acosta Febo, por lo que puede dar fe que la administración García Padilla está consciente de la necesidad de atender los sistemas de retiro para evitar que perjudiquen aún más la economía de la Isla. Acosta Febo indicó a preguntas de EL VOCERO que “el proceso de la reestructuración de deuda fue diseñado incluyendo la Aportación Adicional Uniforme contemplada en la Ley 160-2013 como parte de los gastos que tienen que ser financiados por el gobierno central y los demás patronos para asegurar la solvencia del Sistema. También en la reestructuración de la deuda del gobierno central, además de Cofina, GOs, etc, se está incluyendo los $3 mil millones de los Pension Obligation Bonds que son los bonos propios de Retiro, lo cual tendría un impacto positivo en su estado de situación y cash flows”.

Sin inyección de dinero, el sistema quedaría insolvente a mayor prontitud, lo cual le inhabilitaría para pagar sus pensiones. El gobierno necesitaría entonces presupuestar el pago de pensiones al Fondo General, lo cual a su vez limitaría otros servicios, advirtió Santa.

El Sistema de Retiro paga unos $1,400 millones al año en pensiones, según datos provistos por el administrador Pedro Ortiz Cortés, quien dijo que “sacar ese dinero de la economía en caso que el sistema quede insolvente, no es conveniente para nadie”. En las vistas congresionales, el republicano Mick Mulvaney, de Carolina del Sur, se expresó furioso con la propuesta de la Casa Blanca de priorizar el pago de pensiones sobre los bonos, mientras el republicano Scott Tipton, de Colorado, cuestionó la posibilidad de recortar las pensiones. Sin embargo, el analista económico de Moody’s, Mark Zandi, quien participó como panelista, marcó un contraste entre el recorte a los bonistas frente a los pensionados del gobierno. “Los pensionados son residentes de la Isla. Los acreedores se distribuyen en todo el mundo. El dolor sería mucho más fuerte en la Isla”, sensibilizó.

Aún cuando las conversaciones sobre reestructuración de la deuda del gobierno central se encuentran en una etapa muy preliminar y el Congreso de Estados Unidos aún no cuenta con los votos para legislar a favor de esta herramienta, desde la Cámara de Representantes en Puerto Rico se anticipan otros proyectos.

El representante Santa informó que trabajan en un borrador de un proyecto de ley que radicará a finales de marzo o principios de abril, para dar herramientas que permitan aumentar el rendimiento de la cartera de inversiones.

Gobierno respira por dinero de pensiones

El Tesoro federal confirmó que el gobierno no ha cerrado porque usa los activos de los Sistemas de Retiro, tal y como reseñó en primicia EL VOCERO, y además abordó el alcance de una junta de supervisión fiscal para la Isla 

Por Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO – 02/26/2016 4:03 am

En la recta final del término para que el Congreso de Estados Unidos considere legislación para atender la crisis fiscal en la Isla, la Cámara federal escuchó ayer la confirmación de que la administración de Alejandro García Padilla ha estado usando los activos de los Sistemas de Retiro para poder continuar operando y la propuesta del gobierno de Barack Obama para crear una junta de supervisión fiscal federal que vigile las operaciones públicas y viabilice una reestructuración de la deuda.

Antonio Weiss, principal asesor del secretario del Tesoro, Jacob Lew, se sentó ayer ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, donde explicó que la junta de supervisión fiscal que impulsa la administración Obama, es una que sea “fuerte”, pero que cuente con el aval de los políticos electos aquí. Weiss explicó que el presupuesto y las decisiones contributivas seguirían en manos de los políticos puertorriqueños, a menos que interfieran con el plan a cinco años que se les presentaría a los bonistas para lograr la reestructuración de la deuda. Weiss dejó saber además que los bonistas recibirían un recorte en sus ganancias como parte de esta reestructuración. Al mismo tiempo se activaría una moratoria de los pagos a la deuda.

“El gobierno sigue operando solo porque el gobernador autorizó más de un billón en acciones costosas, a corto plazo y de emergencia para poder tener liquidez. Los reintegros no se han enviado a los contribuyentes. Los activos de las pensiones, ya severamente empobrecidos, se están vendiendo para financiar la operación del gobierno”, reveló Weiss. “El dinero destinado a pagar a un grupo de deudores fue usado para pagar otras deudas. Las demandas inevitables ya comenzaron. Si no actuamos, la crisis va a escalar”, anticipó.

Aún no es seguro que un proyecto como el propuesto por el Tesoro federal cuente con el aval de la mayoría republicana en el Congreso. En la vista de ayer fueron varios los republicanos que cuestionaron el efecto que tendría este tipo de legislación en la credibilidad de los estados de Estados Unidos ante los mercados de bonos, así como la necesidad de tener los estados financieros auditados antes de avalar una legislación como la propuesta. Los demócratas añadieron ahora nuevas condiciones para favorecer la medida. Durante la vista de ayer se habló de garantizar que el proyecto incluya paridad en fondos para salud, la garantía del crédito por trabajo a los puertorriqueños, que sea un proyecto que cobije también a otros territorios y – según pidió el congresista José Serrano – que tenga una expresión sobre la necesidad de atender el estatus de la Isla.

El comisionado residente, Pedro Pierluisi, no precisó ayer si estarán los votos para garantizar la aprobación de esta legislación que aún no ha sido radicada y que ahora comenzará un proceso de redacción.

Dijo estar “cautelosamente optimista” de que se cuajará la medida.

“Estaré luchando sin descanso por el pueblo de Puerto Rico y tengo muchos aliados en esta lucha”, dijo en declaraciones escritas.

Weiss ofreció ayer algunos detalles sobre lo que la administración Obama entiende que debe ser esta junta. La misma debería proteger la “autonomía” de Puerto Rico y ser claramente una legislación que aplique solo a Puerto Rico, enmarcada en la cláusula territorial.

Esta junta de supervisión fiscal – según la describió Weiss – no tendría poder para crear el presupuesto ni decidir sobre los impuestos, pero sí verificaría estas decisiones para garantizar que cumplan con un plan a cinco años que servirá para renegociar la deuda.

Weiss aseguró que todos los deudores deben sentarse a renegociar las deudas y afirmó que todos los bonistas verán reducidas sus ganancias como parte de esta renegociación de la deuda.

Fueron varias las veces que los congresistas preguntaron por la falta de estados auditados y la posibilidad de que el desarrollo en la Isla no sea posible, situación que atribuyeron principalmente al estado de las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Weiss insistió en que hay interés en el mercado privado para remodelar estas plantas, pero dijo que no sucederá si los inversionistas no se sienten seguros con un plan como el propuesto por su administración. Reiteró que no está solicitando incluir a Puerto Rico en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal y que la administración no dará un rescate a la Isla.

“Lo que proponemos es una autoridad para reestructurar la deuda, dentro de la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, que aplicaría a todas las deudas de Puerto Rico. Esto le daría a Puerto Rico las herramientas que necesita para llegar a acuerdos con sus acreedores y ajustaría su deuda a un nivel que se pueda pagar”, explicó. “Esta autoridad no aplicaría a los estados, que tienen una relación diferente con el gobierno federal bajo la décima enmienda de la Constitución. Esta autoridad dependerá de que se cree una junta de supervisión que sea fuerte e independiente”.

El congresista republicano Raúl Labrador, oriundo del Municipio de Carolina, cuestionó a Weiss si a su entender hay ambiente en la Legislatura de Puerto Rico para darle paso a los trabajos de esta junta.

Fue entonces cuando Weiss contestó que “creo que la Legislatura no entiende lo que significa esta junta, ni la gente tampoco y creo que es por una razón muy simple: no les hemos dicho cómo va a ser. Tendríamos que diseñar esto y convencer a la Legislatura y a la gente de Puerto Rico de que puede ser efectiva”.

Labrador preguntó entonces a qué se refería Weiss cuando dijo que esta junta respetaría la “autonomía” de la Isla, a lo que este contestó que “ninguna autoridad federal podrá ir por encima de los oficiales electos. Pero, por los malos manejos, los inversionistas han perdido la confianza y entendemos que con los números correctos, podremos conseguir mejor inversión y mejores oportunidades de empleo”.

Aunque no son miembros del Comité, a la vista de ayer también se dieron cita los congresistas de origen puertorriqueño, Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez, quien cuestionó a Weiss por qué no se proponía en vez la eliminación de las leyes de cabotaje. Abogó además por celebrar una vista en Puerto Rico para discutir este tema.

Cómo funcionaría la junta fiscal, según Weiss:

• Su sede sería en San Juan y estaría formada en su mayoría por puertorriqueños con peritaje en el tema fiscal y sin conflictos de interés.

• No prepararía el presupuesto ni decidiría sobre los impuestos, pero sí haría recomendaciones. Si el presupuesto choca con el plan a 5 años que se le presente a los bonistas, la junta intervendría.

• Podrá realizar auditorías y estimados de ingresos de forma independiente. Tendrá herramientas para hacer cumplir lo dispuesto, incluyendo ordenar al gobierno que haga cambios.

• Será necesario tener autorización de la junta antes de que Puerto Rico pueda comenzar el proceso de reestructurar su deuda.

• La junta estará vigente hasta que los presupuestos estén balanceados y Puerto Rico gane acceso a los mercados.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.