Mientras los jueces defienden sus pensiones, los trabajadores piden que al menos los escuchen
lunes, 3 de abril de 2017 - 12:00 AM
Por Gabriela Saker Jiménez
Los alguaciles, secretarios y demás personal del estrato, solicitan la posibilidad de que se les ofrezca un programa de prerretiro, incluso con el salario disminuido en un 40%. (Archivo / GFR media)
Comparten la misma sala judicial. Un cuerpo togado se sienta al estrado; otro, se mantiene de pie en chaqueta y corbata con arma incluida al lateral, y un tercero, ante el teclado, escribe sin parar. A pesar de la cercanía del espacio en esas frías salas con bancas de madera y luz blanca de los centros judiciales, a pesar de la rutina que se comparte a diario, un mundo de posibilidades separa al juez del alguacil y la secretaria.
Mientras los togados cabildean para que no reduzcan sus pensiones, que se calculan en una media de decenas de miles de dólares mensuales, los alguaciles, secretarios y demás personal de la Rama Judicial solicitan a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, que al menos analice la posibilidad de ofrecerles un programa de prerretiro, incluso con el salario disminuido en un 40%, que les permitiría marcharse de sus puestos de trabajo.
“Cómo ella va a pedir a la Legislatura que no toquen a los jueces, sin embargo, (a) nosotros que somos parte de la familia de la Rama Judicial, no nos toman en cuenta. Es una falta de respeto contra los empleados de la Rama Judicial. Si vamos a abogar y ser justos, vamos a ser justos con todos. Los alguaciles y secretarios nos sentimos defraudados, desilusionados”, dijo la voz al otro lado del teléfono.
Pidió mantener su identidad privada. “La Rama Judicial persigue, persigue de verdad. Me van a juzgar. Persigue a los empleados cuando se hablan las verdades”, precisó.
Lleva casi 29 años trabajando en los tribunales del País y durante más de una década, asegura, ha chocado con el silencio que han mantenido sus máximos superiores -los presidentes del Tribunal Supremo- cuando de sus beneficios se trata.
La barrera que separa a los jueces de los demás empleados judiciales estaba ahí con la Ley 70 del 2010 para el programa de incentivos, retiro y readiestramiento y también con la Ley 302 del 2000 para enmendar el sistema de retiro, con esas “leyes que el gobierno ha implementado para que los empleados del gobierno se acojan”, pero de las que se ha dejado fuera a los trabajadores de la Rama Judicial.
“(La Oficina de Administración de los) Tribunales, por beneficio de ellos (de los jueces), no ha querido permitirnos acogernos a nosotros los empleados”, reclamó.
Ahora, con la Ley 211, también conocida como Ley para el Programa de Prerretiro Voluntario, la brecha persiste. Cerca de 300 alguaciles, secretarias y otros empleados de los tribunales han manifestado su interés en acogerse, pero su pedido ha caído en oídos sordos, de acuerdo al entrevistado.
Falta de reestructuración
El poder de discreción está en la cancha de la jueza presidenta. La Ley 170 del 2016, aprobada en agosto pasado, modificó el proceso de aprobación del programa de prerretiro de la Rama Judicial, para que sea la jueza presidenta del Tribunal Supremo quien tenga poder de discreción sobre el programa, “de manera que se sostenga la separación de poderes”.
Con la nueva cláusula, la Rama Judicial tiene autonomía para decidir qué puestos quedan eliminados sin intervención de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Por tal razón, es la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) la que debe tasar la implementación de un programa de prerretiro en la agencia y presentarla para aprobación de la jueza presidenta.
“Se han hecho gestiones para dialogar, pero lo único que ha dicho la jueza presidenta en una de las regiones es que se está bregando y que es cuesta arriba el prerretiro, cuando nosotros sacamos cuentas y nos dimos cuenta que no es así. Estimamos un ahorro de 37% a 43%, pero depende de unos ejercicios que tiene que hacer ella, reestructurar”, comentó el empleado.
Aunque en el caso del resto de las agencias y municipios, OGP impone los términos, es la jueza presidenta quien establece la normativa para el manejo de puestos vacantes, el cálculo de ahorros, la reorganización administrativa y operacional pertinente para garantizar los ahorros proyectados y la compra de materiales a base del dinero rescatado.
“Que nos diga a nosotros cuál es la razón (para no conceder el prerretiro) cuando hay economía y se siguen nombrando jueces en la Rama Judicial –muchos por compromiso político–”, pronunció el empleado de Tribunales.
El entrevistado destacó, además, que las características del trabajo de los alguaciles podrían colocarlos como empleados con funciones de alto riesgo, lo que les daría acceso a ese prerretiro que reclama.
“Tenemos riesgo tanto en la sala del tribunal como en la calle. El alguacil entra en los caseríos, en todas las áreas de Puerto Rico para citar a las personas si hay una orden de desacato o por alimentos. Hacemos lo mismo que hacen los agentes de Policía, pero ellos arrestan por delito y nosotros, por desacato al tribunal. Portamos armas, pero han decidido que no somos oficiales de orden público y seguridad. Bregamos con confinados con las rutas de las diferentes cárceles para transportarlos a la sala. Es un contacto directo todo el tiempo con el preso hacia las salas de investigación, la entrevista con el abogado, el juicio”, contó el entrevistado.
“Para muchas cosas, somos empleados de riesgo. En el retiro nos podría cubrir irnos a los 58 años con 60% siendo de alto riesgo, pero, como a nadie le conviene, no lo somos”, lamentó el entrevistado.
Los empleados que hacen labores secretariales en sala comparten el reclamo, pues, como dijo otro entrevistado que tampoco quiso que se le identificara públicamente, estos funcionarios, que son en su mayoría mujeres, asisten a todas las sesiones a tomar notas sobre los incidentes, marcan como exhibit la evidencia que se presenta durante las vistas judiciales y preparan las minutas. “Estamos en riesgo en sala”, indicó tras detallar que, mientras ejercen sus funciones, presencian casos de violencia, asesinatos, violaciones sexuales.
Independencia judicial
En la otra cara de la moneda, están los togados, quienes, durante años, han defendido sus pensiones elevadas en pro de la “independencia judicial”.
Según datos provistos por la Administración de los Sistemas de Retiro de la Judicatura (ASR), al 30 de junio del 2016, de un total de 454 pensionados y beneficiarios, 52 reciben una pensión de $4,000 a $5,000 mensuales; 174 se benefician de $5,000 a $6,000 mensuales, 52 suman de $6,000 a $7,000 y una cifra de ocho personas reciben pensiones “Cadillac”, mayores de $10,000 al mes.
Para defender las llamadas “pensiones de lujo”, el más reciente esfuerzo se llevó a cabo el pasado 11 de marzo, a través de una carta remitida al gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Firmada por el juez Eric Ronda Del Toro, presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, que agrupa a 200 jueces, la carta responde a la petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de que el plan de recortes gubernamentales incluya una disminución de las altas pensiones de los jueces.
“El concepto de independencia judicial es poco entendido. Muy poca gente se da cuenta que eso es una doctrina judicial para defender al pueblo. Cuando la gente se percate de que la independencia judicial es la forma de garantizar que la judicatura sea imparcial y esté adecuadamente adjudicando sus controversias de la forma mejor posible, van a apoyar la independencia que incluye que no se le alteren los salarios y las pensiones, que son parte de la remuneración, cuando se jura como juez”, dijo Ronda Del Toro en entrevista con El Nuevo Día.
Para respaldar el argumento de la independencia judicial, se ampararon en el precedente establecido en 2014 en el caso Brau v. ELA, con el que el Tribunal Supremo estableció que toda enmienda a la remuneración de los jueces solo tendrá aplicación prospectiva y sin aplicar a los jueces en funciones, como una forma de velar por la independencia judicial contemplada en la Constitución de Estados Unidos.
“Por supuesto, el recorte prospectivo no tendría problemas, a menos que fuera totalmente arbitrario. La decisión fue por unanimidad. Es difícil concebir que el Tribunal revoque ese precedente. Y hay que recordar que en nuestro sistema el Tribunal Supremo es el intérprete último de la Constitución”, observó el profesor de derecho constitucional, Efrén Rivera Ramos, en entrevista con este medio.
El catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico sostuvo que podría argumentarse que, si la reducción de las pensiones de los jueces se hace como parte de un esquema general que afecte a todos los funcionarios y empleados públicos, el riesgo de que se utilice este mecanismo disminuye y, por tanto, podría justificarse. Sin embargo, “el problema es que en el caso Brau, el Tribunal sugiere que ni en esas circunstancias se sostendría constitucionalmente una medida como esa”
“De modo que, realmente, la pregunta es: ¿qué estaría dispuesto a hacer el Tribunal Supremo si la Legislatura y el Ejecutivo optaran por una medida como la anunciada? ¿Revisaría su decisión en el caso Brau? ¿Cuánto pesaría la opinión pública?”, indicó Rivera Ramos.
El catedrático alertó sobre algo adicional, el posible efecto de PROMESA en este debate.
“Si el recorte fuera el resultado de una determinación de la junta de control fiscal, sus decisiones prevalecerían aun sobre lo dispuesto en la Constitución de Puerto Rico, salvo que se alegue que contravienen algún derecho garantizado en la Constitución de los Estados Unidos. Habrá que ver”, advirtió.
Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, declaró a este medio que la postura legal de los jueces fue recibida y será estudiada como todo documento de esa índole.
“Tanto el plan fiscal del gobernador como el de la Junta de Supervisión Fiscal contemplan recortes en las pensiones de los jueces. A nivel federal, hay unas decisiones judiciales sobre las pensiones de los jueces que estaremos evaluando con los asesores legales de la junta. El norte del gobernador es hacer las cosas de forma legal y proteger a los más vulnerables”, expresó.
Ante el nuevo panorama que ha sentado la JSF para resolver controversias legales, el juez Ronda Del Toro considera prematuro el análisis, puesto que la Asociación recopila información adicional para tener claro el proyecto de ley que reestructuraría las pensiones de los jueces.
“Habría que conseguir una opinión legal que se evalúe la situación a raíz de la aprobación de la ley PROMESA”, reconoció.
