Son examinadas por el gobernador Ricardo Rosselló y están sujetas a ajustes para lidiar con la crisis fiscal
jueves, 16 de febrero de 2017 - 12:00 AM
Por Gloria Ruiz Kuilan
El gobernador, Ricardo Rosselló, reiteró que los más vulnerables no verán afectadas sus pensiones.
El Gobierno se opone a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reduzca las pensiones de los jubilados “más vulnerables”, pero las pensiones altas podrían estar sujetas a cambios como parte de las medidas drásticas que afrontarán diversos sectores del País para lidiar con la crisis fiscal, así lo aclaró ayer el gobernador Ricardo Rosselló.
“En términos de las pensiones, yo lo he establecido de manera muy clara: que los sectores más vulnerables, nosotros los vamos a proteger. Por eso es que hemos hecho una distinción en lo que han sido las propuestas de la JSF y lo que han sido nuestras propuestas”, dijo el primer ejecutivo.
“Aquellos que tengan más capital en algunas áreas –como estas (las pensiones)– pues deben aportar más en esta situación fiscal. Nuestro objetivo es que el Sistema de Retiro no colapse, que esté conectado entre aportación, contribución definida y beneficios definidos. Separar los dos sistemas: ir uno por el sistema de pay as you go y trabajar el otro por un sistema de alianzas público privadas (APP). Entonces, dependiendo de cómo queden esos números, se medirá la aportación de cada uno”, explicó Rosselló Nevares.
“Lo que dejo establecido es que aquellos que son los más vulnerables, los más pobres, que trabajaron gran parte de su vida para rendir un servicio, que hoy están teniendo dificultad y viven bajo el nivel de pobreza... esos no se verán afectados y vamos a trabajar para que, en algunas instancias, se puedan ver en una posición mejor”, puntualizó.
¿Significa eso que las pensiones altas podrían estar sujetas a cambio?, preguntó El Nuevo Día.
“Todo está sujeto a ver cuán grande está el problema, pero ciertamente aquellos que tengan más, deben aportar más”, respondió Rosselló.
Destacó que cuando habla de “las pensiones de los más vulnerables” se refiere a jubilados que reciben pensiones que comienzan en los $400 al mes.
Este diario supo que aunque el equipo financiero del ejecutivo aún trabaja con el plan fiscal a entregarle a la JSF, las pensiones que intenta proteger están entre $400 y $2,000 mensuales. “Eso aún se está definiendo, pero al momento, está rondando esas cifras”, dijo una fuente.
Actualmente, el Sistema de Retiro de lo Empleados del Gobierno central tiene pensiones que comienzan desde menos de $400 y la más alta es $17,353.94 mensuales. En el Sistema de Retiro de Maestros (SRM), el 82% de las pensiones son menores a los $2,000. Solo 160 pensionados del SRM tiene una pensión superior a los $3,000, entre ellos el exsecretario de Educación, Víctor Fajardo. Mientras que en el Sistema de Retiro, que agrupa a empleados del Gobierno central y de la Judicatura, unos 37,666 pensionados recibe entre $401 y $500 mensuales. Unos 645 jubilados tienen pensiones de $5,000 o más mensuales. La pensión promedio es de $1,050.47.
La reducción de un 10% de todas las pensiones es una de las recomendaciones de la JSF para cuadrar un déficit estimado en unos $7,600 millones. También sugieren un alza de $1,500 millones en impuestos, reducción en la nómina de 30%, baja de $1,000 millones en gastos de Mi Salud y bajar en $300 millones el subsidio a la Universidad de la UPR. Todas las sugerencias son rechazadas por el Ejecutivo, que propone una ruta alterna cimentada en ahorros en el Gobierno, varias reformas, incluida la contributiva, eliminar incentivos contributivos y hacer el gobierno más eficaz. Las APP serían una de las herramientas que usará el Gobierno para inyectarles dinero a los sistemas de retiro, según ha dicho Rosselló.
Puntualizó que una reducción de 10% a las pensiones, como lo que propone la JSF, significaría entre $40 y $500 para pensiones mensuales de $400 a $5,000 respectivamente.
“Nosotros estamos hablando de los más vulnerables, de los que tienen las pensiones más bajas, de los que hoy día tienen dificultad en comprar sus medicinas. Hoy día, bajarle un 10% sería esencialmente tirarlos a la pobreza”, puntualizó Rosselló.
El gobernador hizo las expresiones luego de firmar el proyecto de ley que crea la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario y que sustituye a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socieconómico y la Autogestión, mejor conocida como Comunidades Especiales.
“Por qué no cambiamos el modelo antiguo de que el gobierno paternalista lo dé todo, lo otorgue todo y se vea poco servicio. Estamos buscando cuáles son los servicios que este sector puede otorgar mejor que el gobierno”, sostuvo Rosselló al tiempo que recalcó que hay organizaciones del tercer sector que dan servicios por $1 mientras que al gobierno le cuestan $20.
El nuevo estatuto busca modernizar, simplificar, unificar y agilizar los procesos y servicios gubernamentales para que haya desarrollo pleno del tercer sector y las comunidades, indicó el primer ejecutivo, quien estuvo acompañado del senador independiente José Vargas Vidot. El senador colaboró en la medida para, entre otras cosas, impedir las expropiaciones en las comunidades especiales.
jueves, 16 de febrero de 2017 - 12:00 AM
Por Gloria Ruiz Kuilan
El gobernador, Ricardo Rosselló, reiteró que los más vulnerables no verán afectadas sus pensiones.
El Gobierno se opone a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reduzca las pensiones de los jubilados “más vulnerables”, pero las pensiones altas podrían estar sujetas a cambios como parte de las medidas drásticas que afrontarán diversos sectores del País para lidiar con la crisis fiscal, así lo aclaró ayer el gobernador Ricardo Rosselló.
“En términos de las pensiones, yo lo he establecido de manera muy clara: que los sectores más vulnerables, nosotros los vamos a proteger. Por eso es que hemos hecho una distinción en lo que han sido las propuestas de la JSF y lo que han sido nuestras propuestas”, dijo el primer ejecutivo.
“Aquellos que tengan más capital en algunas áreas –como estas (las pensiones)– pues deben aportar más en esta situación fiscal. Nuestro objetivo es que el Sistema de Retiro no colapse, que esté conectado entre aportación, contribución definida y beneficios definidos. Separar los dos sistemas: ir uno por el sistema de pay as you go y trabajar el otro por un sistema de alianzas público privadas (APP). Entonces, dependiendo de cómo queden esos números, se medirá la aportación de cada uno”, explicó Rosselló Nevares.
“Lo que dejo establecido es que aquellos que son los más vulnerables, los más pobres, que trabajaron gran parte de su vida para rendir un servicio, que hoy están teniendo dificultad y viven bajo el nivel de pobreza... esos no se verán afectados y vamos a trabajar para que, en algunas instancias, se puedan ver en una posición mejor”, puntualizó.
¿Significa eso que las pensiones altas podrían estar sujetas a cambio?, preguntó El Nuevo Día.
“Todo está sujeto a ver cuán grande está el problema, pero ciertamente aquellos que tengan más, deben aportar más”, respondió Rosselló.
Destacó que cuando habla de “las pensiones de los más vulnerables” se refiere a jubilados que reciben pensiones que comienzan en los $400 al mes.
Este diario supo que aunque el equipo financiero del ejecutivo aún trabaja con el plan fiscal a entregarle a la JSF, las pensiones que intenta proteger están entre $400 y $2,000 mensuales. “Eso aún se está definiendo, pero al momento, está rondando esas cifras”, dijo una fuente.
Actualmente, el Sistema de Retiro de lo Empleados del Gobierno central tiene pensiones que comienzan desde menos de $400 y la más alta es $17,353.94 mensuales. En el Sistema de Retiro de Maestros (SRM), el 82% de las pensiones son menores a los $2,000. Solo 160 pensionados del SRM tiene una pensión superior a los $3,000, entre ellos el exsecretario de Educación, Víctor Fajardo. Mientras que en el Sistema de Retiro, que agrupa a empleados del Gobierno central y de la Judicatura, unos 37,666 pensionados recibe entre $401 y $500 mensuales. Unos 645 jubilados tienen pensiones de $5,000 o más mensuales. La pensión promedio es de $1,050.47.
La reducción de un 10% de todas las pensiones es una de las recomendaciones de la JSF para cuadrar un déficit estimado en unos $7,600 millones. También sugieren un alza de $1,500 millones en impuestos, reducción en la nómina de 30%, baja de $1,000 millones en gastos de Mi Salud y bajar en $300 millones el subsidio a la Universidad de la UPR. Todas las sugerencias son rechazadas por el Ejecutivo, que propone una ruta alterna cimentada en ahorros en el Gobierno, varias reformas, incluida la contributiva, eliminar incentivos contributivos y hacer el gobierno más eficaz. Las APP serían una de las herramientas que usará el Gobierno para inyectarles dinero a los sistemas de retiro, según ha dicho Rosselló.
Puntualizó que una reducción de 10% a las pensiones, como lo que propone la JSF, significaría entre $40 y $500 para pensiones mensuales de $400 a $5,000 respectivamente.
“Nosotros estamos hablando de los más vulnerables, de los que tienen las pensiones más bajas, de los que hoy día tienen dificultad en comprar sus medicinas. Hoy día, bajarle un 10% sería esencialmente tirarlos a la pobreza”, puntualizó Rosselló.
El gobernador hizo las expresiones luego de firmar el proyecto de ley que crea la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario y que sustituye a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socieconómico y la Autogestión, mejor conocida como Comunidades Especiales.
“Por qué no cambiamos el modelo antiguo de que el gobierno paternalista lo dé todo, lo otorgue todo y se vea poco servicio. Estamos buscando cuáles son los servicios que este sector puede otorgar mejor que el gobierno”, sostuvo Rosselló al tiempo que recalcó que hay organizaciones del tercer sector que dan servicios por $1 mientras que al gobierno le cuestan $20.
El nuevo estatuto busca modernizar, simplificar, unificar y agilizar los procesos y servicios gubernamentales para que haya desarrollo pleno del tercer sector y las comunidades, indicó el primer ejecutivo, quien estuvo acompañado del senador independiente José Vargas Vidot. El senador colaboró en la medida para, entre otras cosas, impedir las expropiaciones en las comunidades especiales.
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