Por Laura M. Quintero, EL VOCERO
Dado a escoger entre el presente y el futuro de la Isla – disyuntiva que él mismo planteó al ser cuestionado sobre la disminución de las aportaciones patronales a retiro – el primer ejecutivo elegiría el presente, esto es, la nómina gubernamental, el pago de la deuda de obligaciones generales y otros gastos operacionales para mantener el gobierno abierto.
“Eso es parte de la crisis en que vivimos: si yo tengo que escoger entre pagar la nómina del (día) 15 o del (día) 30 o hacer unas aportaciones a un fondo (de retiro) que si no resolvemos la crisis, se quedaría sin fondos en 2018 o 2019, voy a pagar la nómina del 15 o del 30”, expresó García Padilla a preguntas de este rotativo cuando visitó la planta Mentor Technical Group la semana pasada.
El gobernador reconoció el estado de insolvencia en que se encuentra el sistema de retiro del gobierno, pero confió en que Puerto Rico se beneficie de una herramienta de reestructuración de su deuda pública que permita remediar la estrechez fiscal a corto plazo y otorgue al gobierno mayor flujo de efectivo.
Las proyecciones de que el SRE se quedaría sin fondos en 2018 o 2019 son, sin embargo, bastante conservadoras. A la luz del propio informe actuarial preparado por la firma Milliman, el sistema está insolvente desde el año fiscal 2014-2015, por lo cual el gobierno de Puerto Rico ha recurrido a la venta de activos para pagar las pensiones. Esto significa que el Sistema de Retiro se descapitaliza peligrosamente y agota su capacidad de financiamiento al tener menos activos para responder.
Más aún, el equipo fiscal de la administración García Padilla ha estado usando el fondo que se nutre de las aportaciones de los empleados, la venta de activos y las pocas aportaciones patronales para dotar de liquidez al Departamento de Hacienda para mantener abierto el gobierno a finales de 2015, según confesaron en una revisión del plan fiscal publicada el 16 de enero de este año. El administrador del SRE, Pedro Ortiz Cortés, había explicado esta movida previamente como un “pago por adelantado” que estaba haciendo SRE al Departamento de Hacienda.
Las proyecciones de la Service Employees International Union (SEIU), capítulo de Puerto Rico, son que los activos brutos se agoten en un período de ocho meses, dado a que los informes cuentan con “activos ilíquidos”, que son más difíciles de vender.
Si las contribuciones especiales y aumentos en las aportaciones patronales, “no se pagan en su totalidad en una base anual, el Sistema de Retiro de Puerto Rico se seguirá descapitalizando rápidamente y sus activos brutos se agotarán”, advierte el actuario en letras blancas realzadas en un fondo negro.
Ante esta situación, el gobernador indicó que “tenemos que buscar los mecanismos para poder hacer las dos cosas: mover la economía en el presente y asegurar el futuro”, refiriéndose a la encrucijada de mantener abierto el gobierno o hacer aportaciones patronales. Su administración de hecho pagará este año una sexta parte de lo que le corresponde, admitió el propio Ortiz Cortés en una entrevista previa con EL VOCERO. En el año fiscal 2014, el gobierno central debió dar $80 millones, otros $120 millones en el año fiscal 2015 y $352 para este año, pero apenas cumplió con una cuarta parte o menos cada año.
“¿Ustedes han visto los llamados de todos los políticos a unirnos para atender el tema del estatus? Cartas públicas, llamadas… ¿Y el tema de la crisis económica? ¿Y el tema que pone en peligro el retiro de los puertorriqueños? ¿Y el tema que cada quincena pone en peligro la nómina de los puertorriqueños? ¿Y el tema que pone en peligro los recursos de la policía, de los bomberos y del Centro Médico? ¿Ese no es tan importante?”, cuestionó también García Padilla durante un instante de molestia que tuvo frente a las cámaras al salir de su reunión con el secretario del Tesoro, Jack Lew, el miércoles, 20 de enero de este año.
Entonces recordó: “si yo no resuelvo esta crisis en estos meses que quedan de mi gobierno, la va tener que atender el próximo gobernador y le va a costar las elecciones de 2020”.
García Padilla siempre ha recordado que su administración tiene una obligación de pagar el Bono de Navidad porque se lo exige la Ley 34 de 1969. Cuando este rotativo le preguntó al secretario de Justicia, César Miranda, qué consideraciones tomó el gobierno para cumplir con el desembolso de $120 millones de los bonos de Navidad mientras incumplía con las aportaciones patronales al sistema de retiro, indicó que habían consideraciones económicas.
Miranda, quien forma parte del Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica de Puerto Rico, dijo que se le había dado prioridad al bono porque es dinero que se reinvierte en la economía.
EL VOCERO supo que los cabilderos del gobierno le aseguraron a la American Federation of State, County and Municipal Employees y a la Service Employee International Union, con sede en Washington D.C., que el dinero de los bonos navideños se pagaría con fondos del SRE.
Debido a la insolvencia del SRE, el dinero que se deposita en retiro pasa directamente a manos de los jubilados quienes usan los cheques para sufragar sus necesidades básicas entre las cuales se encuentra la compra de medicamentos.
El presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), Roberto Pagán, destacó que las aportaciones patronales aseguran la supervivencia de esas personas. “Los viejos en Puerto Rico están sufriendo para poder sobrevivir. Si les quitan lo poco que reciben de sistema de pensiones, el grado de desamparo de muchos ancianos va a ser increíble”, expresó.
Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.
