Por Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Al Sistema de Retiro de Empleados Públicos (SRE) le quedan menos de $2,200 millones en activos líquidos para enfrentar un evento de insolvencia del Fondo General como el que adelantó la revisión en el Plan de Ajuste Fiscal, lo cual se traduce en dinero que apenas cubriría menos de dos años para el pago de pensiones.
De esta manera, se adelanta el estimado del informe actuarial de la firma Milliman, que colocó la proyección de agostamiento de liquidez en el SRE hacia el 2019, si surgían mayores dificultades en los recaudos del gobierno central.
Cuestionado al respecto, el administrador del SRE, Pedro R. Ortiz Cortés, reconoció que “es una situación compleja por todos lados” y admitió a EL VOCERO que “pudiera ser, esperamos que no. Estamos trabajando”.
Cuando el actuario elaboró su más reciente informe, no contaba con el ajuste a la baja en $500 millones para los recaudos de Hacienda en el presupuesto vigente, ni con la prolongación en el incumplimiento del gobierno con las aportaciones especiales al Retiro. La semana pasada la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) le informó a Ortiz Cortés que le recortaba otros $19 millones de la aportación pendiente para este año, pero el actuario había dicho antes que se necesitaba una aportación especial mayor.
Como parte de la aportación especial para mantener cierto nivel de activos, en el año fiscal 2013-2014 el gobierno central debió dar $80 millones, otros $120 millones en el 2014-2015 y $352 para este 2015-2016, pero apenas habrá cumplido con una cuarta parte o menos cada año. En cuanto a la aportación para este año y con el recorte anunciado en días reciente, “el gobierno va a pagar una sexta parte”, comentó Ortiz Cortés.
“Es un dolor de cabeza, claramente quisiéramos todos vivir en un mundo perfecto, que todo ese dinero pudiera llega acá… pero esos ajustes (del gobierno central) son necesarios. Tenemos un poco de margen de tiempo bien breve de que podemos hacer las medidas y hacer los pagos y sobrevivir sin esas aportaciones, pero va a llegar el momento que la cuenta va a seguir creciendo y el estado va a tener que asumir esa responsabilidad”, señaló Ortiz Cortés.
Como Retiro necesita aproximadamente unos $67 millones para cubrir el pago de pensiones cada mes, y como Hacienda no puede cubrir la totalidad de la aportación patronal de los 16,502 empleados públicos que cotizan para la jubilación, el SER se ve obligado a vender activos para cubrir la diferencia. Entre la aportación patronal y de empleados suman cerca de $900 millones al año y el pago anual en pensiones es de $1,400 millones.
Al repetirse trimestralmente la operación de venta de activos por la baja en recaudos en el Fondo General, se acelera la advertencia del actuario de que estos se agotarán hasta dejar insolvente al sistema.
Ortiz Cortés informó que también cuentan con unos $700 millones en activos denominados “ilíquidos”, como préstamos, pero son más difíciles de vender. Mencionó que el Banco Popular y el Banco Cooperativo han adquirido algunos de estos activos, pero “es más difícil”.
“Para nosotros siempre todos estos escenarios tienen un impacto significativo”, asumió Ortiz Cortés, y defendió que “nosotros vamos a cumplir con nuestros pensionados”.
Al hablar de la situación económica de Puerto Rico, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, ha reiterado que cada vez es peor y que el gobierno ha tenido que utilizar fondos del retiro para manejar su falta de liquidez. Ortiz Cortés puntualizó que “eso no es correcto” y dijo que “quizás lo dice por falta de conocimiento”.
El funcionario, quien anteriormente fuera asesor en la Fortaleza, está esperanzado de que la visita de Lew para reunirse hoy con el gobernador Alejandro García Padilla, produzca alguna ayuda que también beneficie al SER.
A julio no hay certeza de que el gobierno central pueda pagar sus obligaciones generales garantizadas por la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), en torno a los $900 millones, lo cual tampoco dejaría dinero en caja para el Retiro.
De esta manera, se adelanta el estimado del informe actuarial de la firma Milliman, que colocó la proyección de agostamiento de liquidez en el SRE hacia el 2019, si surgían mayores dificultades en los recaudos del gobierno central.
Cuestionado al respecto, el administrador del SRE, Pedro R. Ortiz Cortés, reconoció que “es una situación compleja por todos lados” y admitió a EL VOCERO que “pudiera ser, esperamos que no. Estamos trabajando”.
Cuando el actuario elaboró su más reciente informe, no contaba con el ajuste a la baja en $500 millones para los recaudos de Hacienda en el presupuesto vigente, ni con la prolongación en el incumplimiento del gobierno con las aportaciones especiales al Retiro. La semana pasada la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) le informó a Ortiz Cortés que le recortaba otros $19 millones de la aportación pendiente para este año, pero el actuario había dicho antes que se necesitaba una aportación especial mayor.
Como parte de la aportación especial para mantener cierto nivel de activos, en el año fiscal 2013-2014 el gobierno central debió dar $80 millones, otros $120 millones en el 2014-2015 y $352 para este 2015-2016, pero apenas habrá cumplido con una cuarta parte o menos cada año. En cuanto a la aportación para este año y con el recorte anunciado en días reciente, “el gobierno va a pagar una sexta parte”, comentó Ortiz Cortés.
“Es un dolor de cabeza, claramente quisiéramos todos vivir en un mundo perfecto, que todo ese dinero pudiera llega acá… pero esos ajustes (del gobierno central) son necesarios. Tenemos un poco de margen de tiempo bien breve de que podemos hacer las medidas y hacer los pagos y sobrevivir sin esas aportaciones, pero va a llegar el momento que la cuenta va a seguir creciendo y el estado va a tener que asumir esa responsabilidad”, señaló Ortiz Cortés.
Como Retiro necesita aproximadamente unos $67 millones para cubrir el pago de pensiones cada mes, y como Hacienda no puede cubrir la totalidad de la aportación patronal de los 16,502 empleados públicos que cotizan para la jubilación, el SER se ve obligado a vender activos para cubrir la diferencia. Entre la aportación patronal y de empleados suman cerca de $900 millones al año y el pago anual en pensiones es de $1,400 millones.
Al repetirse trimestralmente la operación de venta de activos por la baja en recaudos en el Fondo General, se acelera la advertencia del actuario de que estos se agotarán hasta dejar insolvente al sistema.
Ortiz Cortés informó que también cuentan con unos $700 millones en activos denominados “ilíquidos”, como préstamos, pero son más difíciles de vender. Mencionó que el Banco Popular y el Banco Cooperativo han adquirido algunos de estos activos, pero “es más difícil”.
“Para nosotros siempre todos estos escenarios tienen un impacto significativo”, asumió Ortiz Cortés, y defendió que “nosotros vamos a cumplir con nuestros pensionados”.
Al hablar de la situación económica de Puerto Rico, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, ha reiterado que cada vez es peor y que el gobierno ha tenido que utilizar fondos del retiro para manejar su falta de liquidez. Ortiz Cortés puntualizó que “eso no es correcto” y dijo que “quizás lo dice por falta de conocimiento”.
El funcionario, quien anteriormente fuera asesor en la Fortaleza, está esperanzado de que la visita de Lew para reunirse hoy con el gobernador Alejandro García Padilla, produzca alguna ayuda que también beneficie al SER.
A julio no hay certeza de que el gobierno central pueda pagar sus obligaciones generales garantizadas por la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), en torno a los $900 millones, lo cual tampoco dejaría dinero en caja para el Retiro.
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