Crucial Aportación del Gobierno

Se aduce que los fondos del gobierno central evitarían que el déficit aumente y no se tenga que utilizar dinero que reduzca el nivel mínimo de activo en la cartera de inversión, que debe ser $1,000 millones

Sergio Marxuach, economista del Centro para una Nueva Economía. Agustín Santiago/EL VOCERO
 

Por Carlos Antonio Otero, EL VOCERO

 

Los obstáculos financieros del Sistema de Retiro de Empleados (SRE) públicos parecen globos a punto de estallar, cuya presión no ha encontrado el alivio que les representarían las reformas de 2013.

 

Con la caída en su coeficiente de financiación a 0.7%, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, volvió a advertir que la aportación especial legislada del gobierno central, es parte de lo que puede evitar el colapso del sistema que beneficia a 109,088 pensionados y al cual aportan otros 119,975 trabajadores.

 

“Aquí si no se hiciera -esa aportación- y el sistema se queda insolvente, entonces los patronos deberán responder por los pensionados, y los patronos son el gobierno central y los municipios”, señaló Santa, quien todavía no ha tenido acceso al más reciente estudio actuarial de la firma Milliman, en poder del SRE.

 

Dijo que el gobierno empezó a dar el dinero pero no completo y que hay otras medidas de la reforma para mejorar la situación, y puntualizó que no debe ocurrir en la Isla lo que sucedió en Detroit tras la quiebra en 2013. En esa ciudad y luego de una extensa batalla legal, la mayoría de los pensionados aceptó un recorte del 4.5% en las prestaciones y renunciaron a futuros ajustes por costo de vida, ante la precariedad del sistema.

 

En otras jurisdicciones con quiebras municipales, como en Pritchard, Alabama, y Central Falls, en Rhode Island, el por ciento en los recortes de pensiones fue de dos dígitos.

 

Santa explicó que la aportación del gobierno central lo que hace es evitar que el déficit aumente y no se tenga que utilizar dinero que reduzca el nivel mínimo de activo en la cartera de inversión que debe ser $1,000 millones. “El activo genera un dividendo y cada vez el rendimiento es menor, eso es lo que hay que evitar”, agregó Santa.

 

El legislador reconoció que los bonistas están pendientes a Retiro “y si se quedara sin efectivo tendría que responder el gobierno central. Yo confío en que si se logran acuerdos con los bonistas, parte de ese dinero que se retrase en los pagos a los acreedores les gustaría que lo pusieran ahí en Retiro”.

 

El director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), el economista Sergio Marxuach, indicó que la situación es seria pero a nivel contable luce mayor porque hubo cambios en la manera en que se contabiliza el déficit debido a nuevas regulaciones.

 

“El déficit entre los tres sistemas es de más de $43 mil millones. El SRE, básicamente,
desde el punto de vista contable está insolvente. En el flujo de caja mientras se hagan las aportaciones podrán sobrevivir. Llevamos tres años desde que se hizo la reforma donde el gobierno no ha hecho la aportación que tenía que hacer y eso está ahí”, expresó Marxuach.

 

Un exadministrador del SRE, Héctor Mayol, opinó que el Retiro “es salvable”. Explicó que “se tomaron todas las acciones para que no se quedara sin fondos y se debían hacer unas contribuciones. Ahora es importante ver el informe del actuario, que debe decir algo, hacer un ´disclosure´ de qué recomienda”.

 

“Yo entiendo que si se corrige ese déficit es salvable y hay que darle más alternativas al sistema. Cada vez que se deja cumplir con la proyección de ingresos o aportaciones es más difícil”, comentó Mayol. Añadió que “la proyección inicial era que (los activos) no bajaran de $1,000 millones, pero en términos contables el cash que queda no durará dos o tres años más”.

 

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

En un Hilo Retiro

Caída libre en Retiro

El borrador de la firma Milliman sugiere que a todas luces se desvaneció el colchón para atender con eficiencia el reto financiero del sistema ante cualquier eventualidad

Los activos netos de Retiro estaban en $3.5 mil millones; pero a esa cantidad se le reducen $3.3 mil millones que es lo que cubre las obligaciones con los bonos, se le añaden otros pasivos y finalmente quedan $210.3 millones neto. Agustín Santiago/EL VOCERO

 

Por Carlos Antonio Otero, EL VOCERO

 

El Sistema de Retiro de Empleados Públicos (SRE) pende de un hilo y a ambos extremos de esa línea no parece que exista tierra firme.

 

El deterioro de sus finanzas es tal, que además de los incumplimientos del gobierno central con las aportaciones prometidas durante los últimos tres años, su tasa de capitalización se encuentra en un 0.7%, según se desprende del informe trimestral de las finanzas del gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) publicado en mayo pasado.

 

El dato es una referencia al informe actuarial preliminar a junio de 2014, el cual no se ha hecho público y que fue solicitado por EL VOCERO desde hace dos meses sin conseguir su entrega.

 

Una capitalización de 0.7% lo que significa es que prácticamente el total de activos brutos es igual al total de pasivos (liabilities), lo que -en la expectativa a un año- podría dejar al sistema sin la cobertura necesaria para el cumplimiento con sus obligaciones. De quedarse sin la financiación necesaria, de lo cual parece estar bastante cerca y la reforma de 2013 no acaba de concretar todos sus supuestos, fuentes de este diario aseguraron que tendría que surgir nueva legislación y un plan más agresivo del gobierno para inyectarle el dinero para la solvencia del sistema. Eso podría conllevar niveles más altos de aportaciones de los pensionados y una revisión de todos los beneficios que reciben.

 

Si en el informe actuarial del año previo se hablaba de que el coeficiente de financiación era de 3% -es decir, 3 centavos de cada dólar comprometido-, el nuevo número de 0.7% que sale del borrador de la firma Milliman y que el SRE sostiene que aun revisa, sugiere que a todas luces se desvaneció el colchón para atender con eficiencia el reto financiero del sistema ante cualquier eventualidad.

 

Esta situación es vigilada de cerca por los acreedores del ELA con los cuales se busca renegociar la deuda pública de $73,000 millones, ya que un agotamiento de los recursos del SRE llevaría al gobierno central a tener que responder por los pagos a los pensionados, y su predicamento es que no tiene el dinero suficiente.

 

Este asunto lo reconoce la economista y exfuncionaria del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger, en su reciente y ya polémico informe sobre la situación macroeconómica de Puerto Rico, al identificar que según la información que tuvo disponible, los tres sistemas de pensiones para empleados públicos operan con “déficit total”. Krueger destacó que “la combinación de pagos altos por los derechos acumulados a pensionados y los pocos nuevos contribuyentes implica que el déficit finalmente caerá en el gobierno central”.

 

De hecho, la principal oficial financiera del gobierno, Melba Acosta Febo, ha dicho a la prensa que la pérdida de activos en los sistemas de retiro ha continuado y podrían quedar sin liquidez en unos años si no se toman las medidas que defienden.

 

Los activos netos del SER (según el informe trimestral de mayo) estaban en $3.5 mil millones. Sin embargo, a esa cantidad se le reducen alrededor de $3.3 mil millones que es lo que cubre las obligaciones con los bonos, se le añaden otros pasivos y finalmente quedan $210.3 millones neto, como había adelantado este diario en un escrito previo.

 

El Sistema de Retiro de Maestros tiene un coeficiente de financiación de 11.5 por ciento y $1.7 mil millones en activos, mientras en el Sistema de Retiro de la Judicatura es 12.3% y $62.1 millones en activos.

 

Como los datos corresponden a lo que se desprende del informe actuarial preliminar que cubrió hasta junio de 2014, ciertamente en el SRE habrá variaciones en la información, pero se anticipa que el mayor peso será hacia un terreno más negativo.

 

En una entrevista reciente, el nuevo administrador de la Administración de los Sistemas de Retiro, Pedro R. Ortiz Cortés, prácticamente reconoció los números pero fue enfático en que “no es cierto que el sistema se quedará insolvente este año” y defendió que la situación del Retiro “es manejable en el punto de vista que podemos cumplir con nuestras obligaciones”.

 

Al mes, el SRE debe pagar alrededor de $124 millones a los pensionados. De esa cantidad, cerca del 51% no se puede cubrir con los ingresos ordinarios (aportaciones patronales y de empleados suman $80 millones al mes) y el restante 49% o $64 millones debe cubrirlo el Departamento de Hacienda.

 

Para pagarle luego a Hacienda, el SRE se hace de capital mediante la venta de activos -entre otras gestiones-, pero este es un recursos que mengua, tal y como lo ha sostenido Acosta Febo.

 

En esa ecuación de pagos y falta de liquidez al momento de realizar cada desembolso para cumplir con los trabajadores públicos jubilados, es que resulta imprescindible la aportación legislada y acordada por el gobierno, la cual debió sumar $240 millones para los años 2013 y 2014, de lo que llegó menos de la mitad. Dicha aportación especial uniforme es la que se supone que evitaría que los activos del sistema no se reduzcan a menos de los $1,000 millones.

 

Ahora, a la entrada de un nuevo año fiscal y con la divulgación internacional del gobernador Alejandro García Padilla de que la deuda pública no se puede pagar según el contrato con los bonistas, tampoco está el dinero para cubrir las aportaciones para retiro. En el nuevo presupuesto, donde no se incluyeron partidas para obligaciones con bonistas como el próximo pago de $94 millones correspondiente a la Corporación para el Financiamiento Público (que vence este 15 de julio), solo se incluyó $82 millones para el SRE.

 

En adelante, el estado deficitario de Retiro se complicará más, con el nuevo acuerdo para que el sistema deposite todos los pagos en Hacienda cada mes. Hasta ahora, Hacienda emitía los cheques a los jubilados y Retiro le reembolsaba el dinero, pero eso tenía el efecto de “secar” bastante rápido las arcas públicas en lo que llegaba el dinero de los sistemas de pensiones.

 

De acuerdo con cifras que ofreció el SRE, suman a 109,088 las personas que cada mes reciben un cheque del sistema, el cual posee unos 119,975 participantes activos que realizan aportaciones.

 

Tanto los informes actuariales como el reciente documento elaborado por Krueger y su equipo de economistas, sostienen que es un gran reto el crecimiento en el número de pensionados y la reducción de empleados que aportan. Por ejemplo, la cantidad de los que aportan cada vez es menor (en junio 2012 eran 134,566 empleados y en junio de 2013 unos 125,671).

 

En Estados Unidos, entre los fondos de pensiones de empleados públicos con menor coeficiente de financiación figuran Hawaii, Illinois y Kentucky, y fluctúa entre 43% y 53%, según datos de Bloomberg.

 

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

Informe de Auditoría Administración de los Sistemas de Retiro

INFORME DE AUDITORÍA RF-15-06

15 de junio de 2015

Administración de los Sistemas de Retiro

de los Empleados del Gobierno y la Judicaturas

(Unidad 1404 - Auditoria 13913)

Para ver el informe en formato PDF:

Período auditado: 1 de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2014

En Peligro de Insolvencia el Sistema de Retiro

Por Michelle Santiago, Especial para EL VOCERO

 

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, advirtió que si el gobierno no cumple con su aportación hay un peligro de insolvencia.

 

El funcionario explicó en WAPA Radio que “la situación real del Sistema de retiro como hemos trazado los últimos años después de que se hizo la reforma que es la famosa Ley 3 es que el sistema, más allá de su recuperación, necesita una inyección que es de darse cada año. Después del año pasado, por la situación fiscal del país, no se ha logrado.”

 

Santa aclaró que el riesgo de que no haya dinero para pagar los retiros tan pronto como este año “parcialmente, es cierto, en el sentido que, aunque no me parece correcto que es posible que se quede sin dinero estos próximos años, obviamente hay riesgos que su recuperación sea más lenta y por ende yo creo que en un periodo de tiempo más largo hayan dificultades es real”.

 

Según Santa, “el gobierno va a pagar, según lo que he visto en el presupuesto, menos de lo que debe de pagar, pero eso no es bueno tampoco. La realidad es que no hay cuero. Si queremos que el sistema recupere en el tiempo que uno desea que recupere, uno tiene que estar haciendo las aportaciones según estipula la ley”.

 

El ejecutivo advirtió que “anualmente, según el modelo que se hizo, no va a caer nunca en insolvencia, pero tenemos que ser justos con el proceso, esto es si se hace la aportación. En la medida que el gobierno posponga esa aportación, el riesgo de caer en insolvencia es mayor”.

 

Santa elaboró, “lo que tu buscas es que esa cantidad de dinero de inversión, que va a ir bajando poco a poco, en ningún momento en la cartera hayan menos de 1,000 millones, que es más o menos la operación de dos años y que de ahí empiece a recuperar”.

 

La cabeza de la comisión estableció que en el caso de insolvencia, el gobierno podría ir a la corte para pedir que se acepte un pago de un por ciento menor de lo comprometido y citó el ejemplo de Detroit. También mencionó que es posible que el patrono se haga responsable de pagar el retiro o la diferencia de las pensiones.

Tribunal Supremo de Illinois rechaza solución del Estado respecto a su Plan de Retiro

Illinois Bid to Solve $111 Billion Pension Shortfall Is Dead
by Andrew M HarrisElizabeth Campbell
May 8, 2015 — 11:50 AM AST Updated on May 8, 2015 — 4:09 PM AST

Illinois Attorney General Lisa Madigan, pictured, had asked the state’s Supreme Court to resurrect the 2013 law, which sought to cut cost-of-living increases and boost the retirement age.Photographer: Jeff Schear/Getty Images via Bloomberg

The Illinois Supreme Court rejected the state’s solution for its worst-in-the-U.S. $111 billion pension shortfall, handing organized labor a victory while deepening a crisis with national implications. The court unanimously struck down a 2013 law, saying cuts in cost-of-living increases and a higher retirement age violate the state constitution’s ban on reducing worker retirement benefits.

Across the nation, state and local governments grapple with pension deficits that exceed a combined $2 trillion, according to a Moody’s Investors Service report last year. Closing that gap by reducing payments to retirees would abrogate union contracts in many states and even constitutional guarantees. In Illinois, Chicago is grappling with $20 billion in unfunded pension liabilities that threaten its solvency.

“Crisis is not an excuse to abandon the rule of law,” the seven-member Illinois court ruled. “It is a summons to defend it.”

State constitutions have been invoked elsewhere to prevent cuts to public pensions. In Rhode Island, unions settled with the state over cuts before their constitutional challenge could be put to the test. In municipal bankruptcy cases in Detroit and California, judges ruled that federal law can override state bans on cutting pensions.

Illinois Governor Bruce Rauner said he wasn’t surprised by Friday’s ruling. The Republican told reporters in Chicago that the measure “violates basic contract law.” His own pension proposal, which is central to his budget for the coming fiscal year, is legal, Rauner said. He said his plan wouldn’t reduce currently promised benefits.

Downgrade Threat

Friday’s ruling raised the prospect of further downgrades by credit-rating firms. Investors already have been punishing Illinois. Its 10-year bonds yield about 3.7 percent, the highest since November and the most among the 20 states tracked by Bloomberg.

The Illinois bill was signed by former Governor Pat Quinn, a Democrat, in late 2013. A judge blocked the measure before it took effect after public-worker unions sued. Attorney General Lisa Madigan in March asked the high court to resurrect it.

During arguments before the court in March, Solicitor General Carolyn Shapiro argued the state should be able to make laws to protect public welfare and safety during fiscal crisis.

But the judge who voided the law concluded it violated a provision of Illinois’s constitution that bars the diminishment of public-worker retirement benefits. The seven-member high court agreed.

“We do not mean to minimize the gravity of the state’s problems or the magnitude of the difficulty facing our elected representatives,” Justice Lloyd Karmeier wrote. “It is our obligation, just as it is theirs, to ensure that the law is followed.”

Natalie Bauer Luce, a spokeswoman for Madigan, said in an e-mailed statement that, “The Court has provided a definitive interpretation of the Constitution that must now guide the legislature and the Governor.”

Chicago Mayor Rahm Emanuel, a Democrat, drew a distinction between the rejected law and a separate agreement his administration negotiated with some city unions whose members will pay more for fewer benefits.

“That reform is not affected by today’s ruling, as we believe our plan fully complies with the State constitution because it fundamentally preserves and protects worker pensions,” Emanuel said in a statement.

Illinois Republicans lamented the court’s action.

“I respect the Illinois Supreme Court, but disagree with the ruling,” House of Representatives Republican Leader Jim Durkin said in an e-mailed statement. “I am prepared to continue working on meaningful legislative reforms to save our public pension systems.”

Retiree ‘Victory’

Democratic Senate President John Cullerton called the ruling “a victory for retirees, public employees and everyone who respects the plain language of our constitution.”

The outcome, he said, “should be balanced against the grave financial realities we will continue to face without true reforms.”

We Are One Illinois, a coalition of public-worker unions that pressed the legal challenge, applauded the decision.

“With the Supreme Court’s unanimous ruling, we urge lawmakers to join us in developing a fair and constitutional solution to pension funding,” state AFL-CIO President Michael T. Carrigan said Friday in a coalition statement. “We remain ready to work with anyone of good faith to do so.”

 

The case is In Re Pension Reform Litigation, 111585, Illinois Supreme Court (Springfield).