Auditoría advierte insolvencia de Retiro para 2017

NotiCel

03/06/2016 04:49 am

Una auditoría de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) reseñada por Bloomberg señala que la caja de pensiones quedará insolvente en un año si no incrementan las aportaciones.

La auditoría correspondiente al año fiscal terminando en 2014 a cargo de la firma KPMG, publicada en el portal cibernético de la Junta Reglamentadora de Valores Municipales, indica que Retiro solo cuenta con .27% de fondos para cubrir los $30.2 billones prometidos a pensionados actuales y futuros.

Si no recibe más fondos, la ASR quedaría insolvente a julio de 2017.

En marzo, una auditoría de de la Contralora de Puerto Rico señaló que la falta de mantenimiento en la cartera de préstamos personales y de viajes culturales de la ASR, propicia que no cuente con información actualizada y confiable en la toma de decisiones financieras y en el ejercicio de un control adecuado sobre los préstamos morosos. A su vez, la Cámara de Representantes de Puerto Rico evalúa un proyecto que enmendaría la Ley 447 de 1951 para crear una entidad adscrita a la ASR que estaría autorizada a originar préstamos personales a los participantes y pensionados del Sistema como mecanismo adicional para proveer liquidez a la Administración.

Además de la obligación con los pensionados, el gobierno del Estado Libre Asociado enfrenta la presión de sus acreedores que buscan cobrar la deuda de más de $70 billones, de la cual el gobierno ha incurrido en varios impagos.

Al momento, la Cámara de Representantes federal está por discutir un proyecto de ley, conocido como 'PROMESA' que crearía una Junta de Control Fiscal para regular el presupuesto y gastos del gobierno, así como la reestructuración de las deudas. Luego deberá pasar al Senado, donde ya varios congresistas demócratas han expresado su oposición por los amplios poderes que la medida concede a esta junta.

Retiro asegura solvencia hasta 2019

Hillary Román Serrano para NotiCel
03/06/2016 04:15 pm

Ante una auditoría de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) que señala que la caja de pensiones quedará insolvente en un año si no incrementan las aportaciones, muchos son quienes ven sus ganancias en problemas y guardan sus esperanzas en la posible llegada de una Junta de Control Fiscal.

La auditoría correspondiente al año fiscal terminando en 2014 a cargo de la firma KPMG, publicada en el portal cibernético Bloomberg, indica que Retiro solo cuenta con .27% de fondos para cubrir los $30.2 billones prometidos a pensionados actuales y futuros. Un escenario como este, dejaría a la ASR insolvente tan pronto como en julio de 2017, lo que pudiera generar que se afecten los beneficios económicos de miles de pensionados.

Ante esto, la licenciada Desireé M. Borges Tosado, directora de la oficina de comunicaciones de la ASR, indicó a NotiCel que a pesar de lo cierto de las cifras, “el Sistema de Retiro cuenta con activos brutos suficientes para continuar operando con normalidad hasta el año 2019”.


Asimismo, Borges Tosado, aclaró que estas circunstancias no significan “que en este momento eso lleve a una reducción de beneficios”, a la vez que aprovechó para mencionar que debido a la fecha de normalidad establecida, la situación requiere “atención del Gobierno Central”.

Esta “atención”, pudiera llegar por parte de la Cámara de Representantes Federal, donde está por discutirse el proyecto de ley Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA, por sus siglas en inglés), que crearía una Junta de Control Fiscal para regular el presupuesto y los gastos del gobierno puertorriqueño, así como la reestructuración de sus deudas.

El plan trazado por PROMESA persigue un alivio a corporaciones públicas que como esta, están sumadas a un claro marco de problemas económicos.

A pesar de esto, el aplacamiento que pudiera generar la medida fue puesto cuestionado por el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, cuando hoy se conoció un documento que establece que PROMESA pretende “ aumentar los ingresos-de las cantidades transferidas a la junta de supervisión por parte del gobierno de Puerto Rico para cubrir los gastos por la junta de $ 370 millones de dólares”.

Casualmente, esta cifra representa más del 60% de la deuda pública generada por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la cual asciende a $470 millones y venció el pasado mayo, generando que el gobierno incurriera en un impago.

Mientras, la debacle económica no es el único problema que señala la auditoria, pues en la misma se propicia que la ASR “no cuenta con información actualizada y confiable en la toma de decisiones financieras”, a lo que la licenciada reaccionó diciendo que “esa información es incorrecta”.

“El Sistema de Retiro publica anualmente un informe actuarial en el cual se detalla su situación financiera. Este informe ofrece transparencia de nuestra realidad. Los informes actuariales se publican en nuestra página de Internet para que nuestros participantes, pensionados, beneficiarios y medios de comunicación puedan tener acceso al mismo. Próximamente se estaremos publicando los informes actuariales correspondientes al año 2014-2015”, concluyó Borges Tosado.

Crónica de la Muerte de un Sistema de Retiro

Para ver el escrito completo oprima aqui.

La Exposición de Motivos de la Ley Num. 3-2013, nos ilustra que el fin público perseguido por el Estado, al aprobar la disposición legal indicada, lo constituía atender la erosión total de los activos del sistema de retiro público y evitar la degradación del crédito de Puerto Rico al llamado nivel "chatarra". El Tribunal Supremo de Puerto Rico, inducido al error por el propio Poder Ejecutivo en contubernio con el Legislativo, validó la mal llamada reforma del Sistema de Retiro bajo la falsa premisa de que no existían medidas menos onerosas para lograr ese fin. "El sustento de miles de servidores públicos merecía un Tribunal que examinara a cabalidad sus planteamientos de acuerdo con la prueba que en su momento se presentara, y no que se atendieran sus reclamos mediante una decisión que valida, cual sello de goma, los argumentos del Estado". Recordemos las expresiones del Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico hace unos años atrás, "no haberles provisto a las partes una oportunidad adecuada de probar sus puntos de vista y disponer del caso sin el rigor que nos exige una controversia como la de autos, es a todas luces contraria al principio de igualdad procesal que debe regir todo proceso judicial (...) priva a los empleados públicos afectados de sus derechos adquiridos sin tan siquiera haberles provisto un proceso judicial completo y transparente …". Sin embargo, y luego de privar a todos los empleados públicos de sus derechos adquiridos sin tan siquiera haberles provisto un proceso judicial completo y transparente resolvieron a su favor, para proteger sus propios intereses, convirtiéndose en jueces y parte de la controversia que afectaba su propio sistema de retiro.

Una medida legislativa que menoscaba relaciones contractuales es necesaria si no existen medidas legislativas alternas que logren la obtención del fin público perseguido de manera menos drástica. Al momento de aprobarse la Ley Num. 3-2013, los miembros de la Cámara y el Senado, y las entidades y los sectores de nuestra sociedad que representaban a los empleados públicos afectados, presentaron una miríada de alternativas razonables y menos drásticas a la Ley Num. 32013, las cuales prometían allegar una cantidad significativa de fondos recurrentes al sistema de retiro público. Estas numerosas alternativas hubiesen resuelto el problema de flujo de caja del sistema de retiro, evitando así la necesidad de imponer sobre los hombros frágiles de los empleados públicos, la carga onerosa de los déficits creados negligentemente por el Estado. Ante la disponibilidad abrumadora de medidas alternas que hubiesen evitado el menoscabo contractual, resulta forzoso concluir que la Ley Núm. 3-2013 no era necesaria.

De igual forma, la Ley Núm. 3-2013 tampoco es razonable en su naturaleza. Una medida legislativa es razonable tan solo si los efectos que se pretenden mitigar con su promulgación no eran previsibles o intencionados por el Estado al momento en el cual contrajo la obligación menoscabada. Cuando analizamos la Ley Núm. 3-2013 a la luz de este crisol, encontramos que los efectos que pretende mitigar fueron previstos desde la fecha en que se creó el sistema de retiro público. Peor aun, las acciones y omisiones del Estado por los pasados 65 años han sido esfuerzos que han agravado la crisis que hoy pretende remediar, a costas del bienestar de miles de empleados públicos inocentes.

Concretamente, desde el 15 de mayo de 1951, fecha en la cual se creó el sistema de retiro, el Estado conocía que el mismo sufría de un déficit actuarial millonario que debía atajar con prontitud. Desde el 1957 hasta el presente, la Oficina del Contralor y otras entidades financieras públicas y privadas, pronosticaron el crecimiento desbocado de este déficit y aconsejaron al Estado respecto a la necesidad de atender la crisis financiera del retiro oportuna y adecuadamente.

A su vez, el Gobierno conocía que, por virtud del número significativo de participantes del sistema de retiro prontos a retirarse, el déficit actuarial quedaría agravado por un déficit en el flujo de efectivo, el cual incidiría sobre la liquidez del sistema y la fuente de pago de los beneficios de los empleados. A pesar de estas exhortaciones e indicios de peligro, el Estado se cruzó de brazos y permitió que los déficits trogloditas crecieran desmedidamente.

Peor aún, el Estado se convirtió en agente activo de la crisis que veía venir, tomando acciones en detrimento de la liquidez del fondo de retiro. Según lo expuesto anteriormente, el Estado:

(1) aprobó un número significativo de leyes especiales que concedieron unos beneficios adicionales a la anualidad de retiro;
(2) mantuvo en un nivel insostenible el porcentaje mínimo de las aportaciones patronales y de los empleados;
(3) emitió bonos garantizados por las aportaciones patronales requeridas para el pago de beneficios de retiro, y
(4) otorgó un sin número de préstamos que comprometieron la liquidez del sistema.

Por causa de estas acciones, desde el 1954 al presente, los déficits indicados continuaron su ascenso a niveles insostenibles. Mientras tanto, el Estado se hizo el desentendido y se convirtió en el principal responsable de lo que hoy, en aras de evadir responsabilidad, pretende catalogar como una "acción inevitable". Nada más lejos de la verdad. Todo lo reseñado apunta a que esta crisis era previsible desde el momento en el cual se creó el sistema de retiro que hoy se encuentra al borde del abismo. Así mismo, las acciones y omisiones del Estado han sellado el fracaso del sistema, en aras de atender otros intereses de menor importe social.

En resumidas cuentas, las cargas impuestas a los trabajadores puertorriqueños por virtud de la Ley Núm. 3-2013 no eran necesarias ni razonables. Peor aun, toda legislación que procure menoscabar relaciones contractuales debe ser temporera en su naturaleza. Los cambios introducidos por la Ley Núm. 3-2013 no tienen un ámbito de aplicabilidad limitada. De manera que era forzoso concluir que esta medida legislativa adolecía de vicios de inconstitucionalidad desde su origen.

Sin embargo, la Ley Núm. 3-2013, la cual solo puede interpretarse como la opción más drástica disponible en el arsenal legislativo del Estado, produjo la nefasta realidad de:

(1) acelerar la decisión de jubilación y la renuncia de los servidores públicos, ocasionando la erogación de fondos no previstos; 
(2) aumentar de manera dramática e irrazonable los años de servicio requeridos a un empleado para jubilarse;
(3) reducir los beneficios de jubilación acordados cuando fue nombrado;
(4) agravar la crisis económica y social que atraviesa Puerto Rico, al impedir que los empleados públicos puedan cumplir cabalmente con sus deudas contraídas, ya que al momento de jubilarse no contaran con los ingresos esperados y planificados para su jubilación;
(5) limitar las opciones de los servidores públicos, quienes no gozan de alternativas con relación al disfrute de las aportaciones que realizaron;
(6) promover la inestabilidad emocional, afectando la salud y el bienestar de los servidores públicos, quienes desconocen el monto con el que podrán contar al momento de retirarse; e

(7) impedir que el empleado público pueda ahorrar debido a que se gravan sus fondos al aumentar sus aportaciones y requerírsele que adquieran un seguro de incapacidad y que aporten al pago de la administración del sistema.

Al así obrar, de forma unilateral, el Estado canceló su compromiso laboral con los genuinos servidores públicos con verdadera vocación de servicio, hombres y mujeres que invirtieron lo mejor de su vida productiva, sus años mas fecundos laboralmente, confiados de que al final de su vida laboral el Estado honrara los compromisos contraídos permitiéndoles así el disfrute bien merecido de un digno retiro laboral. Tamaña sorpresa, decepción y frustración la que han experimentados aquellos que como reconocimiento a sus años de buen servicio al pueblo de Puerto Rico fueron condenados a asumir la carga de los errores cometidos por el Estado.

Hay que crear consciencia de la responsabilidad histórica que el Estado tiene con los pensionados, los empleados públicos, los contribuyentes y con futuras generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas. El Estado tiene la obligación de asumir dicha responsabilidad y decretar soluciones razonables y necesarias para que, por un lado, se evite la erosión total de los activos del Sistema de Retiro de los Empleados Públicos y con ello una catástrofe económica sin precedentes para el país y, por el otro, se protejan los beneficios de retiro para los miles de servidores públicos activos y retirados de modo que cuenten con un retiro justo y digno para su vejez. Como parte de dicha responsabilidad hay que atender el asunto de las llamadas "Leyes Especiales" que consisten de una serie de leyes que concedieron beneficios adicionales a los provistos originalmente por la Ley 447.

Resulta innegable que algunos de estos beneficios experimentaron recortes o eliminación como parte de la reforma integral al Sistema de Retiro impuesta por la Ley Núm. 3-2013. Pero la eliminación y/o el recorte de otros provocó serios efectos negativos a miles de retirados en la atención de sus necesidades vitales. De igual manera, es necesario inyectar nuevos ingresos al fondo mismo de los pensionados. Es necesario presentar legislación amparada en fuentes de ingresos existentes, recurrentes y con la capacidad de generar la cantidad de dinero necesaria para cumplir con sus obligaciones y salvar de forma definitiva el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es menester identificar fuentes de ingresos recurrentes para cumplir con la misión social de proteger el Sistema de Retiro sin tener que gravar directamente el bolsillo del contribuyente individual o de las pequeñas y medianas empresas que operan en Puerto Rico.

Abogan por inyección al Retiro

Representante Santa urge $352 millones de las economías que genere cualquier reestructuración de la deuda 

Por Laura M. Quintero, EL VOCERO

Si la administración de Alejandro García Padilla quiere salvar el Sistema de Retiro de Empleados del gobierno, debe comprometer al menos $352 millones de las economías que genere cualquier reestructuración o moratoria del pago de la deuda pública, para hacer las aportaciones adicionales que corresponden a este año fiscal.

El presidente de la Comisión de Sistemas de Retiro en la Cámara de Representantes, Jesús Santa, así lo exigió ayer al argumentar, en entrevista con EL VOCERO, que cualquier economía que redunde de una reestructuración o moratoria de la deuda del gobierno central, debe ser utilizada de forma urgente y prioritaria para salvar el Retiro, cuyos activos netos se agotaron en el año fiscal anterior y los activos brutos proyectan agotarse en tres años.

Santa abogó para que el gobierno priorice una inyección de $352 millones en aportaciones adicionales tal como indica el actuario que son necesarios para evitar una disminución de $1,000 millones en activos brutos.

“Si no se paga en su totalidad y la reserva de $1,000 millones no se mantiene, el sistema tendrá problemas de liquidez y puede estar obligado a vender activos ilíquidos, en una pérdida significativa a un mayor detrimento del sistema”, advierte el actuario.

A la luz del propio informe actuarial preparado por la firma Milliman, los activos netos están sin fondos desde el año fiscal 2015. Si las contribuciones especiales y los aumentos en las aportaciones patronales, que aprobó este gobierno en la reforma del retiro, “no se pagan en su totalidad en una base anual, el Sistema de Retiro de Puerto Rico se seguirá descapitalizando rápidamente y sus activos brutos se agotarán”, advierte el actuario.

La proyección que reitera el gobierno, conforme al informe actuarial, es que los activos brutos se agotarán en el año 2019. Esas proyecciones son, sin embargo, bastante conservadoras puesto que el gobierno, para seguir su operación, ha estado vendiendo activos brutos y para pagar las pensiones. “El gobierno sigue operando solo porque el gobernador autorizó más de un billón en acciones costosas, a corto plazo y de emergencia para poder tener liquidez”, entre otras cosas porque “los activos de las pensiones, ya severamente empobrecidos, se están vendiendo para financiar la operación del gobierno”, reveló el principal asesor del Tesoro, Antonio Weiss, en vista congresional.

Un análisis de la Service Employees International Union (SEIU), Capítulo de Puerto Rico, estima que los activos brutos se agotarán en un período de ocho meses, dado a que los informes cuentan con “activos ilíquidos”, que son más difíciles de vender.

El representante Santa aseguró a este rotativo que ha sostenido conversaciones con la principal oficial financiero del gobierno, Melba Acosta Febo, por lo que puede dar fe que la administración García Padilla está consciente de la necesidad de atender los sistemas de retiro para evitar que perjudiquen aún más la economía de la Isla. Acosta Febo indicó a preguntas de EL VOCERO que “el proceso de la reestructuración de deuda fue diseñado incluyendo la Aportación Adicional Uniforme contemplada en la Ley 160-2013 como parte de los gastos que tienen que ser financiados por el gobierno central y los demás patronos para asegurar la solvencia del Sistema. También en la reestructuración de la deuda del gobierno central, además de Cofina, GOs, etc, se está incluyendo los $3 mil millones de los Pension Obligation Bonds que son los bonos propios de Retiro, lo cual tendría un impacto positivo en su estado de situación y cash flows”.

Sin inyección de dinero, el sistema quedaría insolvente a mayor prontitud, lo cual le inhabilitaría para pagar sus pensiones. El gobierno necesitaría entonces presupuestar el pago de pensiones al Fondo General, lo cual a su vez limitaría otros servicios, advirtió Santa.

El Sistema de Retiro paga unos $1,400 millones al año en pensiones, según datos provistos por el administrador Pedro Ortiz Cortés, quien dijo que “sacar ese dinero de la economía en caso que el sistema quede insolvente, no es conveniente para nadie”. En las vistas congresionales, el republicano Mick Mulvaney, de Carolina del Sur, se expresó furioso con la propuesta de la Casa Blanca de priorizar el pago de pensiones sobre los bonos, mientras el republicano Scott Tipton, de Colorado, cuestionó la posibilidad de recortar las pensiones. Sin embargo, el analista económico de Moody’s, Mark Zandi, quien participó como panelista, marcó un contraste entre el recorte a los bonistas frente a los pensionados del gobierno. “Los pensionados son residentes de la Isla. Los acreedores se distribuyen en todo el mundo. El dolor sería mucho más fuerte en la Isla”, sensibilizó.

Aún cuando las conversaciones sobre reestructuración de la deuda del gobierno central se encuentran en una etapa muy preliminar y el Congreso de Estados Unidos aún no cuenta con los votos para legislar a favor de esta herramienta, desde la Cámara de Representantes en Puerto Rico se anticipan otros proyectos.

El representante Santa informó que trabajan en un borrador de un proyecto de ley que radicará a finales de marzo o principios de abril, para dar herramientas que permitan aumentar el rendimiento de la cartera de inversiones.

Gobierno respira por dinero de pensiones

El Tesoro federal confirmó que el gobierno no ha cerrado porque usa los activos de los Sistemas de Retiro, tal y como reseñó en primicia EL VOCERO, y además abordó el alcance de una junta de supervisión fiscal para la Isla 

Por Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO – 02/26/2016 4:03 am

En la recta final del término para que el Congreso de Estados Unidos considere legislación para atender la crisis fiscal en la Isla, la Cámara federal escuchó ayer la confirmación de que la administración de Alejandro García Padilla ha estado usando los activos de los Sistemas de Retiro para poder continuar operando y la propuesta del gobierno de Barack Obama para crear una junta de supervisión fiscal federal que vigile las operaciones públicas y viabilice una reestructuración de la deuda.

Antonio Weiss, principal asesor del secretario del Tesoro, Jacob Lew, se sentó ayer ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, donde explicó que la junta de supervisión fiscal que impulsa la administración Obama, es una que sea “fuerte”, pero que cuente con el aval de los políticos electos aquí. Weiss explicó que el presupuesto y las decisiones contributivas seguirían en manos de los políticos puertorriqueños, a menos que interfieran con el plan a cinco años que se les presentaría a los bonistas para lograr la reestructuración de la deuda. Weiss dejó saber además que los bonistas recibirían un recorte en sus ganancias como parte de esta reestructuración. Al mismo tiempo se activaría una moratoria de los pagos a la deuda.

“El gobierno sigue operando solo porque el gobernador autorizó más de un billón en acciones costosas, a corto plazo y de emergencia para poder tener liquidez. Los reintegros no se han enviado a los contribuyentes. Los activos de las pensiones, ya severamente empobrecidos, se están vendiendo para financiar la operación del gobierno”, reveló Weiss. “El dinero destinado a pagar a un grupo de deudores fue usado para pagar otras deudas. Las demandas inevitables ya comenzaron. Si no actuamos, la crisis va a escalar”, anticipó.

Aún no es seguro que un proyecto como el propuesto por el Tesoro federal cuente con el aval de la mayoría republicana en el Congreso. En la vista de ayer fueron varios los republicanos que cuestionaron el efecto que tendría este tipo de legislación en la credibilidad de los estados de Estados Unidos ante los mercados de bonos, así como la necesidad de tener los estados financieros auditados antes de avalar una legislación como la propuesta. Los demócratas añadieron ahora nuevas condiciones para favorecer la medida. Durante la vista de ayer se habló de garantizar que el proyecto incluya paridad en fondos para salud, la garantía del crédito por trabajo a los puertorriqueños, que sea un proyecto que cobije también a otros territorios y – según pidió el congresista José Serrano – que tenga una expresión sobre la necesidad de atender el estatus de la Isla.

El comisionado residente, Pedro Pierluisi, no precisó ayer si estarán los votos para garantizar la aprobación de esta legislación que aún no ha sido radicada y que ahora comenzará un proceso de redacción.

Dijo estar “cautelosamente optimista” de que se cuajará la medida.

“Estaré luchando sin descanso por el pueblo de Puerto Rico y tengo muchos aliados en esta lucha”, dijo en declaraciones escritas.

Weiss ofreció ayer algunos detalles sobre lo que la administración Obama entiende que debe ser esta junta. La misma debería proteger la “autonomía” de Puerto Rico y ser claramente una legislación que aplique solo a Puerto Rico, enmarcada en la cláusula territorial.

Esta junta de supervisión fiscal – según la describió Weiss – no tendría poder para crear el presupuesto ni decidir sobre los impuestos, pero sí verificaría estas decisiones para garantizar que cumplan con un plan a cinco años que servirá para renegociar la deuda.

Weiss aseguró que todos los deudores deben sentarse a renegociar las deudas y afirmó que todos los bonistas verán reducidas sus ganancias como parte de esta renegociación de la deuda.

Fueron varias las veces que los congresistas preguntaron por la falta de estados auditados y la posibilidad de que el desarrollo en la Isla no sea posible, situación que atribuyeron principalmente al estado de las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Weiss insistió en que hay interés en el mercado privado para remodelar estas plantas, pero dijo que no sucederá si los inversionistas no se sienten seguros con un plan como el propuesto por su administración. Reiteró que no está solicitando incluir a Puerto Rico en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal y que la administración no dará un rescate a la Isla.

“Lo que proponemos es una autoridad para reestructurar la deuda, dentro de la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, que aplicaría a todas las deudas de Puerto Rico. Esto le daría a Puerto Rico las herramientas que necesita para llegar a acuerdos con sus acreedores y ajustaría su deuda a un nivel que se pueda pagar”, explicó. “Esta autoridad no aplicaría a los estados, que tienen una relación diferente con el gobierno federal bajo la décima enmienda de la Constitución. Esta autoridad dependerá de que se cree una junta de supervisión que sea fuerte e independiente”.

El congresista republicano Raúl Labrador, oriundo del Municipio de Carolina, cuestionó a Weiss si a su entender hay ambiente en la Legislatura de Puerto Rico para darle paso a los trabajos de esta junta.

Fue entonces cuando Weiss contestó que “creo que la Legislatura no entiende lo que significa esta junta, ni la gente tampoco y creo que es por una razón muy simple: no les hemos dicho cómo va a ser. Tendríamos que diseñar esto y convencer a la Legislatura y a la gente de Puerto Rico de que puede ser efectiva”.

Labrador preguntó entonces a qué se refería Weiss cuando dijo que esta junta respetaría la “autonomía” de la Isla, a lo que este contestó que “ninguna autoridad federal podrá ir por encima de los oficiales electos. Pero, por los malos manejos, los inversionistas han perdido la confianza y entendemos que con los números correctos, podremos conseguir mejor inversión y mejores oportunidades de empleo”.

Aunque no son miembros del Comité, a la vista de ayer también se dieron cita los congresistas de origen puertorriqueño, Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez, quien cuestionó a Weiss por qué no se proponía en vez la eliminación de las leyes de cabotaje. Abogó además por celebrar una vista en Puerto Rico para discutir este tema.

Cómo funcionaría la junta fiscal, según Weiss:

• Su sede sería en San Juan y estaría formada en su mayoría por puertorriqueños con peritaje en el tema fiscal y sin conflictos de interés.

• No prepararía el presupuesto ni decidiría sobre los impuestos, pero sí haría recomendaciones. Si el presupuesto choca con el plan a 5 años que se le presente a los bonistas, la junta intervendría.

• Podrá realizar auditorías y estimados de ingresos de forma independiente. Tendrá herramientas para hacer cumplir lo dispuesto, incluyendo ordenar al gobierno que haga cambios.

• Será necesario tener autorización de la junta antes de que Puerto Rico pueda comenzar el proceso de reestructurar su deuda.

• La junta estará vigente hasta que los presupuestos estén balanceados y Puerto Rico gane acceso a los mercados.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.