Por: Luis Guardiola Telenoticias
Desde 2013, el ahora retirado juez de las Corte de Quiebras de Detroit, Michigan, Steven Rhodes, tuvo a su cargo el proceso judicial que, hasta hoy, es la mayor bancarrota de una ciudad en la historia de Estados Unidos. El caso de Puerto Rico supera al de Detroit no solo en tamaño, sino en complejidad. La deuda total de la isla con acreedores del Gobierno central, las corporaciones públicas y los sistemas de retiro es cinco veces la de Detroit: más de $100 mil millones. Rhodes, quien fungió como juez de quiebras durante 30 años, es ahora asesor del Gobierno de Puerto Rico a través del bufete Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. El discurso de “compartir el sacrificio” y la urgencia de conceder al país el acceso a las disposiciones de la Ley de Quiebras federal resuenan en las respuestas del exjuez, de hablar pausado y gesto amable. Para su primera entrevista con un periodista de Puerto Rico, nos encontramos en un hotel de la cuna de la industria automotriz de Estados Unidos, que, aunque no ha superado del todo su crisis, da pasos firmes hacia el final del túnel.
En ascuas las pensiones
Bajo la dirección de Rhodes desde la Corte de Quiebras de Detroit y del gerente de la emergencia de la ciudad, Kevyn Orr, se aprobaron medidas drásticas que incluyeron la reducción en los beneficios y pensiones de miles de jubilados. Los sistemas de retiro de la Policía y el Cuerpo de Bomberos de Detroit se salvaron de la tijera.
¿Cree que los sistemas de retiro y las pensiones de exempleados públicos de Puerto Rico deben quedar fuera de la mesa de negociaciones o no?
—Esa es una pregunta realmente difícil. En términos generales, se debe hacer todo lo posible para salvar las pensiones de los jubilados. Si esas pensiones son como las de Detroit y la mayoría de los lugares, estamos hablando de la cantidad mínima de dinero con la que la gente puede vivir. Así que es en el mejor interés no solo de esos retirados sino de la sociedad preservar lo que más se pueda de esos beneficios para que la gente tenga que recurrir a los programas de seguridad social que también le cuestan dinero al Gobierno. Pero, habiendo dicho eso, también es cierto que la bancarrota persigue que todo el mundo entienda la necesidad de compartir el sacrificio. Eso pasó en Detroit. Ya mencioné que los retirados del Gobierno en general (excepto policías y bomberos) sufrieron recortes en sus cheques mensuales. También recibieron un recorte de 55 % en los aumentos por costo de vida de esas pensiones. Así que hubo un gran sacrificio de su parte en ese aspecto. Pero el mayor sacrificio fue en sus beneficios de salud, porque la ciudad asumió la responsabilidad de ese renglón y ya no podía costear eso. Así que, en lugar de eso, la ciudad les otorgó estipendios para pagar por una cubierta de salud en el Affordable Care Act, que, como sabes, implica copagos sustanciales y deducibles, y, por lo tanto, es más costosa para los jubilados. Hay sacrificio compartido siempre que un Gobierno no puede pagar sus deudas.
Pero, como un todo, el Sistema de Retiro de Puerto Rico, que incluye empleados del Gobierno central, la Rama Judicial y los maestros, tiene $30 mil millones en deudas. ¿Es posible lidiar con ese pedazo tan grande de la deuda sin reducir las pensiones?
—Si algo nos enseñó el caso de Detroit es que nada es imposible. Cuando comenzamos el caso de bancarrota pensábamos que los jubilados sufrirían recortes de entre 20, 30 y 40 %. Pero con innovación, creatividad y mucho trabajo esos recortes quedaron virtualmente eliminados. (La reducción en los cheques de pensión se limitó a cerca de 5 %). Así que ¿es posible minimizar el impacto negativo para los jubilados? No solo es posible, sino que hay que lograrlo.
Las cesantías sobre la mesa
¿Y las cesantías en el Gobierno? ¿Están descartadas? Porque la gente está temerosa de que habrá recortes en su jornada laboral o quizás despidos. ¿Cree usted que son inevitables?
—Entiendo que en todos los niveles el Gobierno de Puerto Rico ha recurrido a las cesantías. Así que no sé con certeza, pero me parece que para poder continuar ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos que el Gobierno tiene que ofrecer quizás ya estén contando con niveles mínimos de personal. Pero, habiendo dicho eso, parte del proceso de bancarrota requiere un examen de todo lo que hace el Gobierno para estar seguros de que se lleva a cabo de la manera más eficiente posible. Es un asunto de necesidad ante la merma de ingresos. A nadie le hace ningún bien, sean los residentes o los empleados, que el Gobierno opere por debajo del mejor nivel de eficiencia posible.
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