Mucha gente se sigue hoy preguntando desde que se comenzó a hablar de crisis, ¿cómo fue que a través del tiempo esta crisis derivó en un proceso que nos ha afectado tan severamente? Y aún no se ha parado de hablar de la crisis y tampoco parece que no acabamos de tocar fondo. Para mediados de la década pasada se oía hablar de hipotecas "subprime" y de la delicada situación de unos bancos de inversión en Estados Unidos que habían sido sus inicuos promotores. Pero siguen sin explicarse porque la crisis de aquellas instituciones, acabó contaminando las estructuras financieras de todo el mundo y obligando a los gobiernos a despedir empleados públicos, a congelar las pensiones de aquellos que no pudieron despedir, a recortar los servicios públicos, a dedicar ingentes cantidades de dinero para evitar la quiebra de la banca y en el caso de Puerto Rico a menoscabar derechos del pueblo trabajador para mitigar el desastre causado por los grandes intereses que controlan a los incumbentes de los puestos en las altas esferas del poder en el gobierno.
No es fácil explicarlo, si obviamos la degradada condición moral que suele emerger de la condición humana, cuando accede a plataformas estratégicas de poder, afectada por el virus de la ambición sin límites y condenada a una especie de castigo bíblico que la incapacita para frenar en su vorágine. La crisis no se hubiera manifestado de forma tan virulenta si los llamados magos de las finanzas, los grandes intereses económicos que controlan el gobierno y los políticos inescrupulosos e incompetentes que sirven a esos grandes intereses, no hubiesen estado desde hace un par de décadas avivando un fuego que finalmente se ha manifestado voraz.
Lo difícil no es olvidar ese triste pasado sino verte obligado a olvidar el futuro que una vez imaginaste. Futuro que tanto tiempo y sacrificio te había costado forjar para que de la noche a la mañana se vea destruido por la insensibilidad de aquellos que tan solo ostentan el poder para beneficio propio y de los suyos. Un futuro que lucía promisorio se ha tornado oscuro e incierto a causa de aquellos que encumbrados en las cimas del poder político en contubernio con aquellos que se han endiosado abrogándose el poder de cambiar las vidas de tantos puertorriqueños con decisiones judiciales que tan solo sirven para remendar los desastres causados por aquellos que los llevaron a sus actuales posiciones.
La oligarquía, en ciencia política, es una forma de gobierno en la que el poder supremo está en manos de unas pocas personas. Los escritores políticos de la antigua Grecia emplearon el término para designar la forma degenerada y negativa de aristocracia (literalmente, gobierno de los mejores). Es decir, que para las ciencias políticas, la oligarquía es, la forma de gobierno en la cual el poder es ejercido por un grupo reducido de personas que pertenecen a una misma clase social. Bajo la realidad imperante en nuestro país, el término debe ser utilizado para nombrar al conjunto de empresarios y sujetos acaudalados que suelen actuar en conjunto para la defensa de sus propios intereses influenciando y manipulando las altas esferas de poder en el gobierno de Puerto Rico.
En Puerto Rico se ha entronizado un régimen de impunidad fomentado por los desenfrenos de naturaleza criminal que llevan a cabo los miembros de la clase política en el poder contra los mejores intereses de nuestro pueblo. Desenfreno que no recibe su justo merecido por el paternalismo irracional y las inclinaciones político partidistas de los miembros del mas alto foro judicial del país.
Hoy todo el país enfrenta una situación económica caótica provocada por esa clase política que con sus malos manejos de los asuntos públicos, administración tras administración, han ido socavando las finanzas del país. Se responsabilizan unos a otros y los platos rotos que causaron y continúan ocasionando se los hacen pagar al pueblo de Puerto Rico. Los servidores públicos del país han recibido la peor parte. Se les quiere imponer la obligación de pagar la crisis mediante la merma en sus beneficios, la reducción de sus licencias de enfermedad y vacaciones, la confiscación ilegal de la acumulación de dichas licencias, el pago de aportaciones para un fondo por incapacidad inexistente, la congelación de aumentos salariales, etc. La veteranía de nuestros servidores públicos también fue adversamente afectada cuando se les privó de una digna pensión de retiro.
Ahora que necesitan obtener simpatías electorales nos hacen el ofrecimiento de mitigar el daño ocasionado por una ley de su propia autoría que menoscabó sustancialmente las obligaciones contraídas por el estado. Una ley que destruyó el futuro de aquellos que ofrecieron lo mejor de su vida laboral al servicio público. ¡Que ironía nos presenta la actual administración de gobierno! Por un lado nos infligen el daño de troncharnos el futuro promisorio que nos deparaba la digna pensión de retiro por la cual invertimos los mejores y mas productivos años de nuestra vida laboral y por otro lado nos ofrecen ahora la aspirina que nos aliviará el dolor y que nos ayudará al olvidar el futuro que una vez imaginamos.
El ofrecimiento contenido por el proyecto de la cámara 2717 suscrita por toda la delegación de mayoría luce mas ser un menosprecio incentivado que un programa de preretiro. La realidad es que el propósito de esta medida nos es otro que disminuir la cantidad de empleados que figura en la plantilla de recursos humanos del gobierno. Es indignante ofrecernos una oportunidad de culminar toda una carrera en el servicio público a cambio de una "compensación" que tan solo alcanzaría el sesenta por ciento (60%) del sueldo de carrera al momento de la separación del servicio hasta cumplir los sesenta y un (61) años de edad. Hasta en el lenguaje que escogen para hacernos el ofrecimiento se nota el cinismo con que nos trata la actual administración de gobierno. Ya no se llamará pensión, la llaman "compensación" como si todo esto se tratara de una concesión o dádiva del gobierno y que el empleado que compulsoriamente tuvo que aportar su dinero al Fondo del Sistema de Retiro no adquirió ningún derecho sobre estas aportaciones.
Cuando los tribunales del país reconocieron la naturaleza contractual del plan de retiro gubernamental, eliminaron de nuestro ordenamiento legal la concepción de que las pensiones son concesiones o dádivas del gobierno y que el empleado participante que aporta compulsoriamente al plan de retiro no adquiere derecho alguno sobre ellas (Bayron Toro v. Serra 119 D.P.R. 605 (1987), pág. 610). Con ello se reconoció que las pensiones constituyen una retribución final y bien ganada (Id., pag. 615, citando a, Rivera v. Rodríguez, 93 D.P.R. 21, 24 (1966)) por el empleado público que haciendo honor a su genuina vocación de servicio, dedica sus mejores y mas fructíferos años de su vida laboral al bien común (Bayrón Toro v Serra, supra, pág. 615, cintando a, Sánchez Nieves v. A.S.R. E.G.J, 116 D.P.R. 372 (1985); Román Mayol v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 807, 811 (1973); Maldonado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 370 (1972)). En armonía con lo antes expresado, los tribunales del país han pautado que "el derecho a la pensión de retiro por años de servicio tienen un respetable contenido ético y moral y constituye un seguro de dignidad para el hombre o la mujer que habiendo dedicado al servicio público sus años más fecundos, no debe encontrarse en la etapa final de su vida en el desamparo, o convertido en carga de parientes o del Estado" (Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 616).
No es fácil explicarlo, si obviamos la degradada condición moral que suele emerger de la condición humana, cuando accede a plataformas estratégicas de poder, afectada por el virus de la ambición sin límites y condenada a una especie de castigo bíblico que la incapacita para frenar en su vorágine. La crisis no se hubiera manifestado de forma tan virulenta si los llamados magos de las finanzas, los grandes intereses económicos que controlan el gobierno y los políticos inescrupulosos e incompetentes que sirven a esos grandes intereses, no hubiesen estado desde hace un par de décadas avivando un fuego que finalmente se ha manifestado voraz.
Lo difícil no es olvidar ese triste pasado sino verte obligado a olvidar el futuro que una vez imaginaste. Futuro que tanto tiempo y sacrificio te había costado forjar para que de la noche a la mañana se vea destruido por la insensibilidad de aquellos que tan solo ostentan el poder para beneficio propio y de los suyos. Un futuro que lucía promisorio se ha tornado oscuro e incierto a causa de aquellos que encumbrados en las cimas del poder político en contubernio con aquellos que se han endiosado abrogándose el poder de cambiar las vidas de tantos puertorriqueños con decisiones judiciales que tan solo sirven para remendar los desastres causados por aquellos que los llevaron a sus actuales posiciones.
La oligarquía, en ciencia política, es una forma de gobierno en la que el poder supremo está en manos de unas pocas personas. Los escritores políticos de la antigua Grecia emplearon el término para designar la forma degenerada y negativa de aristocracia (literalmente, gobierno de los mejores). Es decir, que para las ciencias políticas, la oligarquía es, la forma de gobierno en la cual el poder es ejercido por un grupo reducido de personas que pertenecen a una misma clase social. Bajo la realidad imperante en nuestro país, el término debe ser utilizado para nombrar al conjunto de empresarios y sujetos acaudalados que suelen actuar en conjunto para la defensa de sus propios intereses influenciando y manipulando las altas esferas de poder en el gobierno de Puerto Rico.
En Puerto Rico se ha entronizado un régimen de impunidad fomentado por los desenfrenos de naturaleza criminal que llevan a cabo los miembros de la clase política en el poder contra los mejores intereses de nuestro pueblo. Desenfreno que no recibe su justo merecido por el paternalismo irracional y las inclinaciones político partidistas de los miembros del mas alto foro judicial del país.
Hoy todo el país enfrenta una situación económica caótica provocada por esa clase política que con sus malos manejos de los asuntos públicos, administración tras administración, han ido socavando las finanzas del país. Se responsabilizan unos a otros y los platos rotos que causaron y continúan ocasionando se los hacen pagar al pueblo de Puerto Rico. Los servidores públicos del país han recibido la peor parte. Se les quiere imponer la obligación de pagar la crisis mediante la merma en sus beneficios, la reducción de sus licencias de enfermedad y vacaciones, la confiscación ilegal de la acumulación de dichas licencias, el pago de aportaciones para un fondo por incapacidad inexistente, la congelación de aumentos salariales, etc. La veteranía de nuestros servidores públicos también fue adversamente afectada cuando se les privó de una digna pensión de retiro.
Ahora que necesitan obtener simpatías electorales nos hacen el ofrecimiento de mitigar el daño ocasionado por una ley de su propia autoría que menoscabó sustancialmente las obligaciones contraídas por el estado. Una ley que destruyó el futuro de aquellos que ofrecieron lo mejor de su vida laboral al servicio público. ¡Que ironía nos presenta la actual administración de gobierno! Por un lado nos infligen el daño de troncharnos el futuro promisorio que nos deparaba la digna pensión de retiro por la cual invertimos los mejores y mas productivos años de nuestra vida laboral y por otro lado nos ofrecen ahora la aspirina que nos aliviará el dolor y que nos ayudará al olvidar el futuro que una vez imaginamos.
El ofrecimiento contenido por el proyecto de la cámara 2717 suscrita por toda la delegación de mayoría luce mas ser un menosprecio incentivado que un programa de preretiro. La realidad es que el propósito de esta medida nos es otro que disminuir la cantidad de empleados que figura en la plantilla de recursos humanos del gobierno. Es indignante ofrecernos una oportunidad de culminar toda una carrera en el servicio público a cambio de una "compensación" que tan solo alcanzaría el sesenta por ciento (60%) del sueldo de carrera al momento de la separación del servicio hasta cumplir los sesenta y un (61) años de edad. Hasta en el lenguaje que escogen para hacernos el ofrecimiento se nota el cinismo con que nos trata la actual administración de gobierno. Ya no se llamará pensión, la llaman "compensación" como si todo esto se tratara de una concesión o dádiva del gobierno y que el empleado que compulsoriamente tuvo que aportar su dinero al Fondo del Sistema de Retiro no adquirió ningún derecho sobre estas aportaciones.
Cuando los tribunales del país reconocieron la naturaleza contractual del plan de retiro gubernamental, eliminaron de nuestro ordenamiento legal la concepción de que las pensiones son concesiones o dádivas del gobierno y que el empleado participante que aporta compulsoriamente al plan de retiro no adquiere derecho alguno sobre ellas (Bayron Toro v. Serra 119 D.P.R. 605 (1987), pág. 610). Con ello se reconoció que las pensiones constituyen una retribución final y bien ganada (Id., pag. 615, citando a, Rivera v. Rodríguez, 93 D.P.R. 21, 24 (1966)) por el empleado público que haciendo honor a su genuina vocación de servicio, dedica sus mejores y mas fructíferos años de su vida laboral al bien común (Bayrón Toro v Serra, supra, pág. 615, cintando a, Sánchez Nieves v. A.S.R. E.G.J, 116 D.P.R. 372 (1985); Román Mayol v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 807, 811 (1973); Maldonado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 370 (1972)). En armonía con lo antes expresado, los tribunales del país han pautado que "el derecho a la pensión de retiro por años de servicio tienen un respetable contenido ético y moral y constituye un seguro de dignidad para el hombre o la mujer que habiendo dedicado al servicio público sus años más fecundos, no debe encontrarse en la etapa final de su vida en el desamparo, o convertido en carga de parientes o del Estado" (Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 616).
Pero el menosprecio incentivado no se limita tan solo a la mal llamada "compensación". Los ingresos que reciba el preretirado por concepto del pago de sesenta (60%) de su sueldo estarán exentas de retención de contribuciones conforme a la Sección 1031.02 Exenciones del Ingreso Bruto (a) Anualidades de empleados (13) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, Ley Núm 1-2011, según enmendada lo que quiere decir que usted estará exento de la retención pero no de la tributación. El ofrecimiento incluye además la liquidación del pago de las licencias de vacaciones y enfermedad, hasta el tope establecido por la Ley Núm. 66-2014. Si sus balances de licencias están sobre los topes establecidos por la Ley 66, el empleado perderá los excesos del balance sobre esos topes, lo cual constituye una confiscación ilegal, constitucionalmente prohibida, de los derechos económicos de los empleados. En lo relativo a los descuentos mandatorios de ley, el gobierno continuará realizando las aportaciones patronales correspondiente al seguro social federal (6.2%) y Medicare (1.45%) correspondiente al 60% del ingreso bruto del participante. No obstante, se le descontarán al participante por cientos iguales, correspondientes a su aportación individual.
Por otro lado, el participante mantendrá la cubierta de plan médico o programa de servicios médicos, o aportación patronal para seguro médico, del que gozaba el empleado al momento de ejercer su determinación de acogerse al Programa de Preretiro hasta por dos (2) años, a partir de la fecha de efectividad de su ingreso al Programa. Luego de esos dos (años) el participante tendrá que costearse su propio plan médico con lo que le sobre del sesenta (60%) de la mal llamada "compensación" que le están ofreciendo.
Cuando usted alcance los sesenta y un (61) años de edad pasará a formar parte del Sistema de Retiro y recibirá los beneficios que le corresponden como pensionado del gobierno de conformidad con el Capítulo 5 de la Ley Núm. 447, según enmendada por la Ley 3-2013 y subsiguientes leyes enmendatorias; disponiéndose que a los participantes del Programa se les garantizará, al momento de retirarse, un beneficio mínimo de 50% de su retribución promedio al 30 de junio de 2013, siempre que la combinación de anualidades de las aportaciones congeladas al 30 de junio de 2013 y de las aportadas a la cuenta del Programa Híbrido no alcancen ese por ciento mínimo.
Contrario a lo que debiera ser una sana política pública donde el estado cultive y aliente una meritoria cultura de trabajo, se esta estimulando, por un lado, al ciudadano común a que se quede en su casa a esperar por las ayudas y subsidios del gobierno que en muchos casos son mayores a la pensión que recibirá aquel que trabajó 30 años en el servicio público y por otro lado se castiga y se penaliza a aquellos que dedicaron toda una vida al servicio del pueblo de Puerto Rico ofreciéndoles que se conformen con una "compensación" de miseria (60% menos descuentos mandatorios de ley) como remedio o alivio que les hará olvidar el futuro que una vez soñaron.
Estimular una cultura de mantengo y dependencia gubernamental a costa del sufrimiento y los sacrificios de aquellos que optaron por contribuir al bien común mediante toda una carrera laboral dedicada al servicio público constituye una injusticia monumental. Ningún gobierno tiene el derecho de arrebatarnos lo que a los verdaderos y genuinos servidores públicos del país les tomó más de treinta años construir.
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