Bufete de afuera pendiente a líos de UBS Puerto Rico

Por: NotiCel
Publicado: 05/10/2013 11:00 am

 

El periódico de negocios The Wall Street Journal reportó esta semana que el bufete de arbitraje de inversiones Klayman & Toskies está investigando las prácticas de ventas de UBS en Puerto Rico.
 

(Archivo, NotiCel)

Según el cable de noticias de Business Wire divulgado por The Wall Street Journal, el bufete de abogados está investigando la venta de fondos de bonos cerrados –o closed-end- de Puerto Rico y las ventas sufridas por los inversionistas en estos valores.

 

Estos fondos tienen los siguientes nombres en la cartera de UBS Financial Services of Puerto Rico:

 

   -- Puerto Rico AAA Portfolio Bond Funds I and II

   -- Puerto Rico AAA Portfolio Target Maturity Fund

   -- Puerto Rico Investors Tax-Free Funds I -- VI

   -- Puerto Rico GNMA & U.S. Govt. Target Maturity Fund

   -- Puerto Rico Investors Bond Fund I

   -- Puerto Rico Mortgage Backed & US Govt. Fund

   -- Puerto Rico Fixed Income Funds I through VI

   -- Tax-Free Puerto Rico Target Maturity Fund

   -- Tax-Free Puerto Rico Funds I and II.

 

Según el periódico The New York Times, algunos clientes de UBS fueron motivados a comprar valores a base de líneas de crédito, lo que violaría las normas de la empresa de inversions.

 

Además, muchos clientes tomaron préstamos para invertir en estos fondos. Al vencer muchos de los bonos ya fuertemente endeudados, en algunos casos hasta en un 53 por ciento, las pérdidas pueden ser dramáticas al caer el valor de éstos. En las pasadas semanas, muchos de los clientes de UBS en Puerto Rico han perdido todas sus inversiones con estos fondos.

 

Como resultado de esto, algunos bufetes de abogados han radicado querellas ante la Autoridad Reglamentadora de la Industria Financiera (FINRA, por su siglas en inglés) para recuperar en un proceso de arbitraje las pérdidas que han sufrido.

  Las gestiones para contactar el sábado a algún portavoz de Klayman & Toskes resultaron infructuosas.

 

Previamente, el bufete puertorriqueño de Vicente y Cuebas había radicado una querella contra UBS por el mismo asunto.

 

Se espera que el proceso de arbitraje de FINRA pueda tomar entre un año y medio y dos años y el mismo, de ser adjudicado a favor de los inversionistas, podría conllevar desde amonestaciones hasta la suspensión de corredores de valores, supervisores de la casa de corretaje y hasta el permiso mismo para la venta de inversiones.

 

Ya UBS suspendió a uno de sus corredores a raíz de la divulgación de las cuantiosas pérdidas de los inversionistas puertorriqueños, muchos de los cuales eran jubilados.

2 de octubre de 2013

Negocios

                         

 

Con vida el litigio por los bonos de pensiones.

Apelativo concluye que los retirados tienen derecho a demandar a nombre de la ASR

 

La demanda es de dos retirados contra UBS Financial Services y otras 11 casas de corretaje por la emisión de bonos de obligaciones de pensiones.  (Archivo)

Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

 

Mientras decenas de inversionistas locales han perdido millones de dólares por la volatilidad en los bonos de Puerto Rico y la baja en los activos de los fondos mutuos locales, el Tribunal de Apelaciones dio paso a la demanda de dos retirados contra UBS Financial Services y otras 11 casas de corretaje por la emisión de bonos de obligaciones de pensiones (POB, por sus siglas en inglés).

La determinación del panel integrado por los jueces Eric Ramírez Nazario, Carlos Cabrera y Roberto Rodríguez Casillas revocó una decisión del Tribunal Superior que desestimó el litigio encabezado por dos retirados de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) como secuela de la controversial transacción.

 

En contrapeso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos y la corte federal del distrito de Puerto Rico desestimaron un litigio contra la casa de inversiones relacionado con los POBs.

 

En síntesis, los demandantes -Pedro José Nazario y Juanita Sosa Pérez- alegan que la principal casa de corretaje de Puerto Rico, otras 11 casas de inversiones, varios de sus ejecutivos y la junta de directores de la ASR violaron el deber de fiducia al aprobar y posteriormente, vender los POBs. La emisión, vendida enteramente entre inversionistas de Puerto Rico y hace poco más de cuatro años, agravó el estado financiero de ese plan de pensiones, alegan los jubilados.

 

El matrimonio reclama al menos $500 millones en daños y perjuicios y radicó el pleito -el primero en su índole a nivel local, que se sepa- luego de que la ASR no hiciera lo propio. El Tribunal Superior desestimó el caso por entender que los demandantes no tienen derecho a incoar el pleito.

 

En febrero pasado, El Nuevo Día reveló que la junta de directores de la ASR aprobó “un reclamo extrajudicial” contra las firmas de corretaje que trabajaron los POBs, pero la ASR no acató la decisión del cuerpo rector.

 

La demanda discurre al tiempo que la ASR cerró el plan de contribución definida que prevaleció por más de cinco décadas bajo la ley 447. Ello modificó, desde julio de este año, la forma en la que se determinan las pensiones, exige que los participantes activos aporten más dinero y aumentó el requisito de edad para la jubilación.

 

“Los apelantes son beneficiarios de (la ASR) por las disposiciones y definiciones que provee el propio estatuto (la ley 447), por lo que no puede ser más claro que por ley ostenten el derecho que reclaman, conforme a lo que expresamente define nuestro ordenamiento procesal como legitimación activa”, agrega la sentencia en la que se indica que en la etapa en que se encuentra el litigio, no se discuten los méritos del caso sino quién tiene derecho a una súplica en el foro judicial.

 

“No es lógico ni razonable que se le delegue a la junta (de directores) la facultad exclusiva de acudir a los tribunales a expensas de eliminarle dicha facultad a los beneficiarios y a toda la matrícula de (la ASR), quienes son las personas de carne y hueso que de manera directa ostentan el derecho que reclaman. Máxime cuando la junta no actúa y uno de los beneficiarios actúa para proteger y/o asegurar su pensión; y en consecuencia, el bienestar de todo el sistema de retiro. Esa actuación está revestida del más alto interés público”, se agrega en la sentencia.

 

Nazario es un pensionado del Departamento de Hacienda y su esposa, Juanita, es jubilada del municipio de Carolina.

 

“El sacar de contexto la facultad de demandar y ser demandada de la junta, desvinculándola de su deber de cumplir con la ley 447, y peor aún, en detrimento de los propios beneficiarios de dicha ley, no nos parece que sea el análisis jurídico correcto”, reza la sentencia.

 

Victoria legal para UBS

 

La determinación del foro apelativo mantiene con vida el reclamo de los pensionados en el foro local en torno a los controversiales POBs.

 

En contraste, un reclamo parecido -y que pudo ventilarse en el Tribunal Supremo de Estados Unidos- quedó trunco. El pasado 26 de agosto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos desestimó un litigio entre UBS y la Unión de Empleados de Muelles de Puerto Rico, luego de un dictamen separado en la corte federal de Puerto Rico, según un reporte de la agencia Reuters.

 

La corte federal en San Juan desestimó el litigio original de la UDEM al concluir que el sindicato no tenía estatus para continuar en el pleito.

 

Según la decisión, la UDEM vendió sus acciones en los fondos mutuos cerrados gestionados por UBS Trust -que a su vez, compraron los POBs- en algún momento mientras aguardaba por la apelación del caso. Al efectuar la venta, el sindicato logró ganancias “en al menos algunas de las transacciones cuando vendieron sus acciones”.

 

Ello impidió que la UDEM cumpliera con el requisito de “posesión continua” de las acciones para continuar con el litigio.

 

Como parte del pleito incoado hace más de tres años, un foro apelativo federal, concluyó, en un momento dado, que los ejecutivos de UBS pudieron haber incurrido en un conflicto de interés. Ello porque una de las filiales del banco de inversiones estructuró y vendió los POBs a nombre de la ASR y luego, otra de sus filiales, adquirió tales bonos como parte de los activos de los fondos mutuos cerrados que compró la UDEM.

 

De la orden suscrita por la jueza Aida M. Delgado Colón, no se desprende por qué razón la UDEM -en medio del litigio- vendió su participación. Pero ello dio paso a la desestimación del caso en San Juan y sirvió, a su vez, para que UBS prevaleciera en el máximo foro federal. De acuerdo con el servicio informativo del Tribunal Supremo estadounidense, ese foro tenía previsto ver el caso a partir de este mes y junio del 2014.

UBS investiga pérdidas de inversiones.

La crisis de márgenes redunda en la suspensión de un ejecutivo

 

 (Archivo )

Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

 

UBS Financial Services of Puerto Rico ha suspendido de empleo a uno de sus corredores más prominentes como secuela de la crisis que ha provocado la caída de los bonos de la Isla y los fondos mutuos locales.

 

Eso confirmó ayer Karina Byrne, portavoz del banco suizo en una conversación telefónica desde Nueva York con El Nuevo Día, y en la que también indicó que la investigación interna que conduce la firma de inversiones reviste de la “más alta prioridad”.

 

La portavoz de UBS sostuvo que no podía ofrecer un período de tiempo específico para el fin de la investigación interna, pero subrayó que la firma toma con “mucha seriedad” cualquier alegato de una posible infracción a las políticas internas de la casa de inversiones.

 

Miles de inversionistas de la Isla han perdido millones de dólares en las pasadas semanas, una vez la caída en los bonos de Puerto Rico y los fondos mutuos locales provocó una llamada de márgenes poco vista en el mercado local.

 

La investigación interna por parte de UBS, así como el relevo de empleo temporal del corredor salió a relucir esta semana, mientras diversas fuentes de este diario aseguran que los problemas de los fondos mutuos locales, particularmente aquellos cerrados, están lejos de terminar y su impacto podría ser mayor que la crisis bancaria del 2010.

 

En esencia, la baja en el valor de los bonos habría puesto en aprietos a inversionistas que entraron en la estrategia de apalancamiento y supuestamente, motivados por sus asesores financieros, utilizaron el dinero prestado para continuar invirtiendo en el mercado de valores.

 

El servicio de noticias Bloomberg y The New York Times reportaron los eventos unas dos semanas después de que El Nuevo Día reseñara que los inversionistas de la Isla han perdido millones de dólares como secuela de la estrategia de apalancamiento empleada en las carteras de los inversionistas y en los fondos mutuos cerrados de la Isla.

 

Solo entre los meses de junio a agosto, los fondos mutuos habrían perdido unos $2,000 millones.

Byrne sostuvo que la práctica de utilizar los llamados “préstamos sin propósito” para luego hacer inversiones es una violación a las normas de UBS e incluso a aquellas de otras firmas de inversiones.

Dijo, sin embargo, que ello no implicaría alguna infracción de tipo regulatorio.

 

Fuentes de este diario aseguran que ante la situación, diversos bufetes de abogados se preparan para radicar reclamos por arbitraje contra UBS como secuela de las pérdidas de decenas de inversionistas. Lo mismo sucedería contra Santander Securities y Popular Securities.

 

Byrne dijo conocer por la prensa, de una reclamación hecha por la reconocida familia Gómez contra la operación local del banco suizo. Ello porque los inversionistas hacen sus reclamos ante el regulador de la industria, Finra, y esta entidad es la que notifica de la acción a la casa de inversiones.

Este diario solicitó a Finra cuántas reclamaciones de arbitraje se han radicado en tiempo reciente por parte de personas de Puerto Rico a lo que no recibió respuesta. Además se preguntó si la entidad regulatoria mantiene un detalle estadístico de las reclamaciones por jurisdicción, por año, mes o trimestre, pero Finra dijo no poseer ese tipo de información.

29 de agosto de 2013

8:31 a.m.

 

20,073 empleados se acogen a la jubilación

Portavoz del PNP revela informe del Sistema de Retiro

 

 (Archivo)

 

 

Por ELNUEVODIA.COM

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, reveló este jueves que el primer informe emitido por el administrador del Sistema de Retiro, Héctor Mayol, sobre los efectos de la ley que reforma el proceso de jubilación revela que al momento unos 20,073 empleados públicos solicitaron retirarse del gobierno.

“Nosotros advertimos que esta ley sería nefasta para los empleados públicos y retirados. Hoy más de 20,000 personas se ven obligadas a abandonar sus empleos y planes futuros, porque este gobierno decidió que la soga partiría por lo más finito. La delegación del PNP intentó ofrecer propuestas, como la de destinar un 1% del impuesto a las Foráneas al Sistema de Retiro, pero no se acogieron. Ante las disposiciones injustas que contiene esta ley (3 del 2013), todos estos empleados se vieron obligados a alterar sus planes, a dejar sus empleos”, sostuvo Seilhamer en comunicado de prensa, al dar a conocer los datos.

El senador indicó que resulta preocupante que el resto de los 110,000 empleados que no se retiraron, se les aumentó el pago al sistema y no verán ningún beneficio en el futuro.

“Estas personas pagan más, trabajarán más, pero al final del día recibirán menos. Esta ley le provee a Retiro apoderarse de esa aportación y dejar a todos estos empleados en tinieblas porque no saben qué pasa con ese dinero, y al final cuando cumplan la edad para retirarse, el sistema de retiro dispone que se los devolverá sin intereses y de acuerdo con la expectativa de vida. Es un abuso lo que se está cometiendo con los empleados públicos. Reconocemos que había un problema que era necesario atender, pero definitivamente no se trabajó de la manera correcta.

 No se puso primero a la gente”, concluyó.

Sistema Retiro Judicatura en la mirilla legislativa

Sistema de Retiro de la Judicatura está en la mirilla legislativa
(document)

Por: Manuel Ernesto Rivera
Publicado: 27/06/2013 01:30 pm

 

 El portavoz de la mayoría popular en la Cámara de Representantes, Charlie Hernández, afirmó que todos los sistemas de retiro de los empleados gubernamentales, incluyendo el de los jueces y juezas, sufrirán cambios y ajustes de forma tal que se atemperen a la difícil situación económica y fiscal por la que atraviesa la isla.

El representante Charlie Hernández. (Josian Bruno Gómez/NotiCel)

“Claro que hay que tocar el sistema de retiro de la Judicatura y claro que está en agenda y yo creo que es importante que los jueces lo entiendan y yo estoy seguro que el juez presidente (Federico Hernández Denton) lo entiende muy bien: que ese es un asunto que va a llegar a la consideración de la Legislatura”, destacó Hernández en respuesta a una primicia publicada por NotiCel.

“Da lo mismo si a usted le parece bien o no ese sistema, pero si ese sistema colapsa quien lo paga es el Fondo General y el Fondo General está muy frágil. Por eso es que hay que atender el sistema de retiro de la Judicatura y los otros sistemas”, abundó.

En efecto, el pasado 19 de junio se presentó el Proyecto de la Cámara 1270, de la autoría de Hernández y Carlos Bianchi Angleró, el que pretende "que un juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico que se retire solamente tenga derecho a recibir una sola compensación económica. La presente Ley establece que si el juez retirado decide reactivar su práctica privada de la profesión de abogado estaría impedido de recibir los beneficios del retiro. No obstante, una vez el funcionario certifique al Sistema que cesó de ejercer su profesión, este comenzará a recibir su pensión de retiro según cotizada", según se desprende de la exposición de motivos.

Sin embargo, esta medida está lejos de tocar a los jueces con la misma intensidad que al resto de los pensionados del gobierno.

Aunque su presentación en la emisora de radio no habló del proyecto 1270, el portavoz de la mayoría del gubernamental Partido Popular Democrático reconoció que, en este momento, no era prioritario tocar a los jueces como fue el caso del Sistema de Retiro del gobierno central, pues se trata de un grupo reducido, aunque con grandes beneficios de retiro.

Por ejemplo, el patrono le aporta a los jueces un 20% de salario para su retiro, cuando la aportación patronal de los empleados regulares que son víctimas de la reforma es de la mitad.

“El más urgente y el más grande era el de los empleados públicos porque estaba descapitalizado al extremo. Hay uno enormemente grande que es el de los empleados públicos y hay otro que el minúsculo porque sólo hay un por ciento minúsculo de jueces. Eso no significa que esté económicamente bien, hay que buscar la manera de capitalizarlo también y yo he estado en conversaciones de que ese está en la fila para atenderse y para resolverse. Si no se atendió en esta sesión es porque la prioridad era el otro por la condición tan crítica que estaba el otro sistema, pero los otros están en el tintero”, destacó en un programa de Radio Isla 1320.

Además, y cumplidos los 60 años, los jueces se pueden retirar con tan sólo 10 años de servicio acreditado.

Específicamente los jueces del Tribunal Supremo, tienen pensión calculada con hasta el 100% del salario de los jueces del Supremo que estén activos, incluyendo el beneficio de recibir los aumentos que reciben los jueces.

Hernández reconoció, además, que las medidas impositivas de recaudo afectarán a la clase trabajadora, aunque espera que en el 2016 el electorado no le pase factura, pues cree que las decisiones difíciles que está tomando la presente administración se deben en gran medida a la herencia de un gobierno en crisis que le dejó Luis Fortuño y el Partido Nuevo Progresista.
“Yo creo que el país ha entendido que esto no es capricho, sino es una situación forzada por las circunstancias heredadas. Segundo, creo que, en la medida que esto surta el efecto anticipado y la economía empiece a mejorar, el ciudadano va a entender que el sacrificio valió la pena y se justificó. Esa es la diferencia entre las medidas que hemos tomado nosotros y las medidas que tomó Luis Fortuño con la Ley 7, que le dijo a la gente ‘tome la medicina amarga que esto va a funcionar’ y la medicina amarga nos llevó mas dentro del boquete que estábamos como país”, sentenció.

Documentos

• Proyecto de la Cámara 1270  PDF

Ponerle cascabel al Supremo causa reservas a Justicia

Ponerle el cascabel al Supremo causa reservas a Justicia

Por: Ely Acevedo Denis
Publicado: 16/08/2013 12:30 pm

 

El Departamento de Justicia (DJ) expresó sus reservas en avalar el P. de la C. 1270, que pretende prohibir a los jueces del Tribunal Supremo que han dejado de ejercer sus funciones como magistrados el que reciban su pensión al mismo tiempo que trabajan en la práctica privada, aduciendo que este tipo de limitación podría menoscabar obligaciones contractuales.

Varios de los jueces del Tribunal Supremo (Archivo/NotiCel)

La intención del Proyecto es enmendar la Ley 12 del 1954 para introducir un artículo que lea que “si el participante se retira como juez del Tribunal Supremo este estará impedido de representar legalmente a personas, naturales o jurídicas, o a cualquiera de las agencias, dependencias, instrumentalidades  o municipios del Estado Libre Asociado, en procedimientos judiciales, administrativos, métodos alternos para la solución de conflictos, servicios notariales o brindarles de cualquier otro modo asesoría o consultoría legal”.

 

La postura del representante Charlie Hernández, uno de los autores de la medida, es que es una “barbaridad” el que un juez reciba el 100% de su último salario al retirarse, al mismo tiempo que devenga un sueldo por ejercer la práctica privada.

 

“En la época que estamos poniendo el cascabel al gato, eso incluye al Tribunal Supremo”, puntualizó
Hernández, quien dejó claro que su preocupación con esta situación va en varias vías, entre ellas, la influencia que representa el que un ex juez del Tribunal Supremo que ha participado en decisiones jurisprudenciales intervenga en un caso en los tribunales como abogado.

 

El portavoz de mayoría en la Cámara de Representantes, apuntó que no tiene objeción que, por ejemplo, un juez retirado reciba una sueldo porque imparta clases en una institución.

Por su parte, el DJ trajo a la atención que la Ley 12 estipuló que la pensión de los jueces es un derecho constitucional.

 

Ante esto, aquilataron distintas jurisprudencias del Tribunal Supremo en torno a validez de que se menoscaben obligaciones constitucionales.

 

“No cabe duda respecto a que las leyes pueden ser derogadas, entera o parcialmente, pero cuando se trata de inmiscuirse o menoscabar obligaciones contractuales mediante la aprobación de leyes, la potestad de la Asamblea Legislativa está limitada por algunas disposiciones constitucionales que impiden expresamente menoscabar algún interés propietario o derecho adquirido protegido por el debido proceso de ley sustantivo”, indicó el DJ.

 

 

Al mismo tiempo que agregaron que “esta prohibición no es absoluta, pues se reconoce el poder de reglamentación del Estado en beneficio del interés público a pesar de que se afecte alguna obligación contractual, ya sea contraída entre entes privados o cuando una de las partes es el Gobierno mismo”. 

Para el DJ debe quedar más claro en la medida los propósitos o razones para dicha prohibición y el impacto que esto tendría para el Sistema de Retiro. Igualmente, señalan que la medida no establece que será de aplicación prospectiva.

 

A preguntas de este diario sobre la postura del DJ, el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público, manifestó que la medida está abierta a cambios. 

 

En un aparte con NotiCel, el representante Hernández destacó que no propuso ampliar la prohibición a jueces de otros tribunales porque “el Supremo es el que tiene la pensión del 100%, el otro juez puede que tenga una pensión mucho más baja, o sea que en términos prácticos puede que ese otro juez de la Sala de Instancia de verdad necesite practicar la profesión en términos económicos… Lo consideré pero luego dije a lo mejor estoy provocando un problema mayor que lo que estoy resolviendo, y lo que puede estar ocurriendo es que hayan menos talentos dispuestos a ingresar a la Judicatura”.

Reforma de Retiro eliminó derecho a pensión por incapacidad

Reforma de Retiro eliminó derecho a pensión por incapacidad 

Por: Ely Acevedo Denis
Publicado: 16/08/2013 05:32 am

La solicitud judicial que presentó recientemente el Concilio Nacional de Policías (CONAPOL) contra el Gobierno ha puesto de relieve la inconformidad de los servidores públicos que con la aprobación de la reforma al Sistema de Retiro Central en la que perdieron el derecho a una pensión vitalicia por incapacidad.

(Archivo/NotiCel)

Y es que fuentes consultadas por NotiCel han reiterado que esta eliminación representa un duro golpe a los empleados públicos, principalmente los considerados como de alto riesgo. Se trata de otra de las consecuencias adversas a los empleados públicos de la reforma que pasaron el gobernador Alejandro García Padilla y el administrador de los sistemas de Retiro, Héctor Mayol, quien ayer anunció su renuncia efectivo el 31 de agosto.

La Ley 3 ahora le ha impuesto a los empleados públicos una aportación de un 0.25% de su retribución mensual para un seguro de incapacidad básico, lo que pudiera representar entre $1.69 a $6.25 quincenales, estipuló la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR) en una misiva del pasado 12 de junio.

Uno de los cambios mayores es que ahora la ASR no va a manejar un plan de pensión de incapacidad sino le ha delegado a la empresa MetLife el ofrecimiento de un seguro por incapacidad. Además, de que ahora los empleados que se incapaciten solo podrán disfrutar de los beneficios de un seguro de incapacidad por un periodo de 5 años, cuando anteriormente a la Reforma se otorgaban pensiones vitalicias.

Aunque la Ley 3 le da la opción a los empleados de Gobierno a aportar por un plan de seguro de incapacidad mejorado, fuentes consultadas señalan que la contribución pudiera variar dependiendo de la edad de la persona y el tiempo que lleve dentro del servicio público.

En su solicitud de interdicto, CONAPOL, ha cuestionado el proceso llevado a cabo por la ASR para contratar a MetLife.

Asimismo, han argumentado que la selección de MetLife “como único proveedor de seguro de incapacidad a largo plazo de forma unilateral, sin subastas ni alternativas para los participantes del Sistema Hibrido, no tomó en cuenta que hay una cantidad significativa de dichos participantes que cuentan y pagan un seguro privado de incapacidad sin intervención del Administrador y que de establecerse que les resulta más conveniente que el que ofrece Metropolitan Life Insurance Company (MetLife), no interesarían acogerse al que ofrece dicha empresa”.

 CONAPOL ha solicitado la anulación de este contrato.

Documentos

• Demanda policías por seguro incapacidad - NotiCel  PDF
• Carta de Retiro seguro incapacidad - NotiCel  PDF
• Información seguro incapacidad - NotiCel  PDF

Renuncia el administrador de Retiro

Renuncia el administrador de Retiro, Héctor Mayol Kauffmann

Por: NotiCel
Publicado: 15/08/2013 04:05 pm

Héctor Mayol Kauffmann, administrador de los Sistemas de Retiro desde la Administración Fortuño y quien tuvo a su cargo la implantación de la ley que cortó beneficios a los retirados y transformó completo el sistema de pensiones de los empleados públicos renunció efectivo el 31 de agosto, confirmó hoy el propio funcionario.

El administrador de los sistemas de Retiro, Héctor Mayol Kauffmann. (Archivo/NotiCel)

"Asumí la responsabilidad de dirigir los Sistemas de Retiro, (Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura y el  Sistema de Retiro de Maestros) consciente de la inmensa responsabilidad de trabajar una serie de medidas correctivas para aliviar una crisis financiera   que afecta directa e indirectamente a todos los puertorriqueños. Además, trabajar simultáneamente una reingeniería de los procesos administrativos para mejorar la calidad de los servicios y beneficios en ambas Agencias", sostuvo el funcionario en comunicación escrita.

"Dejando los Sistemas fortalecidos y encaminados con la mayor reforma desde su creación, los pensionados y los futuros jubilados pueden estar seguros que sus pensiones están seguras y garantizadas. Agradezco el difícil y arduo trabajo realizado por mi equipo de trabajo, así como la confianza y respaldo de los Gobernadores Fortuño Burset y García Padilla", expresó.

Según documentó NotiCel en una extensa cobertura del tema, la transformación de los sistemas de Retiro han causado trastoques en el diario vivir de cientos de miles de pensionados y significan que los empleados públicos ya no tienen una pensión de pago seguro sino que aportan a un tipo de cuenta de retiro que ha sido destripada de garantías adicionales relativas a incapacidad, bonos y tratamiento médico. Los cambios se hicieron sin estudios actuariales actualizados que sirvieran para proyectar sus efectos en el tiempo, y sin atender todavía el déficit multimillonario de los sistemas que es el menoscabo de pensiones más grande de la jurisdicción americana. Se hicieron, también, con el Gobierno negándose a unirse a los pleitos civiles que buscan recuperar parte de las emisiones de bonos perdidosas que realizó la casa de corretajes UBS en los sistemas. Como banquero de inversiones, Mayol también participó de esa emisión.

En su carta de renuncia, efectiva el 31 de agosto, Mayol agradeció al gobernador Alejandro García Padilla el que le haya permitido completar "junto a usted, su administración y la Honorable Legislatura la difícil pero inaplazable tarea de reformar los Sistemas de Retiro de los servidores públicos de nuestro país". Mayol era administrador de Retiro desde 2009.

El Gobernador, por su parte, agradeció la gestión del Administrador. “En mi carácter personal y a nombre del país, le agradezco los años de servicio que Héctor Mayol dio al pueblo de Puerto Rico al timón de tan importantes dependencias.  Especialmente, distingo su colaboración en la  tarea de reformar los sistemas que acogen a nuestros servidores públicos que concluyó en meses recientes”, manifestó.

“Le deseo mucho éxito en sus futuras gestiones profesionales”, concluyó el mandatario.

Por otro lado, la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz se expresó jubilada por la salida. “Esto era algo que ya se esperaba por cómo había administrado desde su posición, fueron muchos meses luchando por la salida de una persona que no respeta el Magisterio y que nos ha mantenido a la expectativa ante sus planes de fusionar los sistemas de retiro poniendo en riesgo las pensiones de los cientos de maestros que han trabajado por  un retiro digno”, expresó Díaz. "[E]stamos atentos a cualquier plan que pretenda tocar el retiro de las maestras y maestros del país”, sentenció la líder magisterial.

Lo acusa de defraudar a los inversionistas, al omitir riesgos de $850 millones

6 de agosto de 2013

7:06 p.m.

 

Justicia federal demanda a Bank of America por fraude

Lo acusa de defraudar a los inversionistas, al omitir riesgos de $850 millones en hipotecas

 

Según Holder, Bank of America hizo creer a los inversores que estos títulos hipotecarios eran inversiones más seguras. (Archivo/Bloomberg)

Por Agencia EFE

Washington - El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó hoy una demanda civil ante una corte federal contra Bank of America por, presuntamente, defraudar a los inversores al omitir los riesgos asociados con bonos respaldados por títulos hipotecarios por valor de hasta 850 millones de dólares en 2008.

La demanda contra el segundo mayor banco del país en términos de activos (por detrás de JPMorgan Chase) se presentó en una corte federal de Carolina de Norte, según el diario The Wall Street Journal.

Según el Departamento de Justicia, más del 40% de 1,191 créditos hipotecarios que respaldaban bonos emitidos por el banco no alcanzaban los estándares asegurados por la propia entidad, algo de lo que, según el Gobierno, Bank of America era consciente.

"Este es el último paso adelante de los esfuerzos del Departamento de Justicia para exigir responsabilidades a quienes llevan a cabo conductas fraudulentas o irresponsables", indicó en un comunicado el secretario de Justicia de Edtados Unidos, Eric Holder.

De acuerdo con Holder, Bank of America también "omitió" riesgos importantes asociados con las hipotecas que respaldaban los bonos e hizo creer a los inversores que estos títulos hipotecarios eran inversiones más seguras que las llamadas hipotecas basura o "subprime", pese a tener informes que alertaban sobre su calidad.

El Gobierno estadounidense calificó las operaciones llevadas a cabo por Bank of America de prácticas temerarias y destacó que la entidad "presionó" a sus empleados para que las consideraciones sobre las hipotecas no les hiciesen perder clientes.

La propia demanda refleja cómo una empleada admitió que su trabajo consistía básicamente en "validar préstamos" en lugar de analizar en profundidad los fallos que estos pudiesen presentar, y que sus propios superiores le pidieron que "se guardase sus opiniones para sí misma".

Bank of America ya tuvo que hacer frente en octubre del año pasado a otra demanda civil, entonces presentada por la Fiscalía Federal de Nueva York, que le reclamaba $1,000 millones por haber "defraudado" a las entidades hipotecarias paraestatales Fannie Mae y Freddie Mac.

Según la querella, la hipotecaria Countrywide, que fue adquirida por Bank of America en 2008, y más tarde la propia entidad bancaria, procesó durante al menos dos años préstamos hipotecarios sin someterlos a los análisis de calidad necesarios y después se los vendió a Fannie Mae y Freddie Mac.

Esos "miles de préstamos hipotecarios defectuosos y fraudulentos" generaron impagos que originaron unas pérdidas de unos $1,000 millones a esas instituciones tuteladas por el Gobierno estadounidense e "innumerables" ejecuciones hipotecarias, aseguró la acusación en un comunicado.

En los últimos años, las autoridades federales han presentado diferentes demandas contra los principales bancos generalistas y de inversiones de EE.UU. por diversas actuaciones relacionadas con la crisis de las "hipotecas basura", que desencadenó la crisis financiera de 2008. 

Senador confía sea ley proyecto que evitaría excesos bancos como UBS

Senador confía que sea ley el proyecto que evitaría excesos de bancos como UBS

Por: Cristina del Mar Quiles
Publicado: 31/07/2013 08:02 am

La Fortaleza no confirmó anoche si el Gobernador convirtió en ley antes de partir en viaje oficial, el Proyecto del Senado 232 para encaminar la creación de empleos mediante compañías de inversiones, como esperaba que ocurriera su autor, el senador Ángel Rosa. Esto, aunque la sociedad bancaria UBS llevó un intenso cabildeo para evitar la firma de la propuesta que también evitaría el monopolio de compañías de inversión.

Miguel Ferrer, jefe de operaciones de UBS en Puerto Rico, y el secretario de Desarrollo Económico Alberto Bacó, salen de la recepción en Fortaleza al expresidente Bill Clinton. (Juan Costa/NotiCel)

La medida tiene como propósito aumentar la inversión, lo que como consecuencia, se entiende que significaría la creación de más empleos. Además, se pretende aumentar la transparencia en la operación de las compañías de inversión en la isla, facilitar la participación del capital de riesgo local en empresas puertorriqueñas y modificar el tratamiento contributivo para las compañías de inversión.

La propuesta surgió en la coyuntura del escándalo de la casa de corretaje UBS por la perdidosa transacción de $3,000 millones que orquestó en la Administración de los Sistemas de Retiro.

El esquema de Retiro, que causó intensas reacciones en el mercado internacional, ocurrió cuando UBS, en un rol de asesor financiero, indujo a la Administración de los Sistemas de Retiro a diseñar una emisión de bonos de $3,000 millones para supuestamente ayudar al deficitario sistema. La misma UBS, con el sombrero de vendedor, procedió a vender los bonos, y la misma UBS en un rol de manejador de fondos compradores de acciones, compró los bonos. En el trámite, el banco ganó un estimado de al menos $27 millones de comisiones, al tiempo que dejó a Retiro con una deuda gigante, y a la vez que dejó a los fondos compradores con unos bonos de pésimo rendimiento.

El proyecto del Senado 232 persigue, entre otros aspectos, evitar que este tipo de acción vuelva a ocurrir en el país.

UBS presentó una ponencia ante la comisión que evaluó el proyecto en la que dejaban saber que entendían que no era necesario enmendar la Ley de Compañías de Inversión de 1954. A través de sus representantes legales, expresaron su satisfacción con la legislación actual y con el desempeño de la Oficina del Comisionado de las Instituciones Financieras (OCIF).

Pero el senador Ángel Rosa dijo que se reunió por largo rato con el gobernador Alejandro García Padilla. "Me retiré en la confianza de que lo va a firmar", dijo sobre su diálogo con el primer ejecutivo. Ante la salida del Gobernador, la firma la podría dar el gobernador interino, David Bernier.

"Sí ha habido muchas presiones", reconoció el senador, específicamente sobre UBS. "Ellos son los que se oponen. Nunca he sabido a ciencia cierta por qué, pero no quisiera entrar ahora en esa controversia".

Existe la preocupación de que la nueva legislación afecte adversamente al gigante de corretaje en Puerto Rico.

"Son preocupaciones que son parte de este proceso, pero quisiera pensar que no son malintencionadas", catalogó Rosa. Su percepción es que "todas las compañías van a salir mejor porque va a haber más dinero para invertir, para expandir negocios…"

La ley vigente establece que el 67% de las inversiones llevadas por un fondo mutuo local se inviertan en bonos de Puerto Rico. El proyecto 232 plantea llevar el mínimo al 20% y abrir el espacio para otro tipo de inversión local, que bien pudieran ser bonos y acciones comunes.

También se cambia el por ciento de tributación por ganancias y rentas generadas por inversiones en un fondo mutuo local. Baja la tasa para las ganancias y rentas que provienen de inversiones en Puerto Rico, mientras que aumenta las generadas por inversiones fuera de la isla. El propósito evidente es mantener la actividad de inversiones en Puerto Rico.

La Asociación de Industriales, presidida por Waleska Rivera, también endosa abiertamente el proyecto. Rivera dijo desconocer por qué el gobernador ha tomado tanto tiempo en firmarlo, pero insistió en que es necesario para el despunte económico en la isla.

No ha lugar - Recosideración Demanda Retiro

Nuestros retos económicos no pueden ser solventados aplastando la dignidad de nuestros servidores públicos. Ante los nuevos retos, son necesarios nuevos pactos y consensos sociales. A estos no podremos llegar cultivando la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones.

 

Hon. Liana Fiol Matta, Opinión disidente en Dominguez Castro vs ELA I, 178 D.P.R. 1, 157 (2010).



Ver Documento - Resolución del Tribunal Supremo - Demanda Retiro

¿La gente primero?

PPD: ¿La gente primero?

12 de julio de 2013 - Columnas, Opinión - Katherine Angueria Navarro, Sicóloga Social-Comunitaria

“Es repulsivo sacar provecho electoral de los desaciertos de su opositor, para luego reproducir el mismo libreto de política pública trazado por su antecesor”.

EL VOCERO / Dennis A. Jones

Puerto Rico se habrá librado de la tormenta tropical Chantal, pero no así del azote del tsunami de impuestos que arrasarán con lo poco que le pueda quedar en sus hogares; si es que logra salvarlo de los vientos hipotecarios.  Ante la nueva consigna del PPD que promueve el empobrecimiento colectivo, no escucho ningún atisbo de vientos de protesta masiva que se acerquen ni a 40 millas por horas, ni mucho menos a 140 millas por hora.  Mientras que en países como España, Egipto, y Brasil la gente toma las calles enfrentándose al abuso, la tiranía y corrupción gubernamental, en Puerto Rico la anestesia colonial que corre por más de cinco siglos por las venas de nuestro Pueblo, aparenta aplacar un levantamiento espontáneo.

Es repulsivo sacar provecho electoral de los desaciertos de su opositor, para luego reproducir el mismo libreto de política pública trazado por su antecesor.  Como consecuencia, estadistas que criticaban las protestas en contra del PNP, se encuentran en terreno movedizo para criticar al PPD.  Al presente, la política financiera del PPD es la continuación del mapa dibujado por el PNP el cuatrienio anterior.  Tanto Luis Fortuño (PNP, 2008-2012), como ahora Alejandro García Padilla (PPD) han legitimado la advertencia que lanzó sin éxito desde su gobernación, Anibal Acevedo Vilá (PPD) en el cuatrienio del 2004 al 2008, con el cierre del gobierno.  Acevedo Vilá advirtió que para salvar las finanzas del gobierno había que cesantear al menos 30,000 empleados públicos. La imposición de un IVU no ha sido el salvavidas esperado. En el 2009, el entonces gobernador Luis Fortuño (PNP) rompió su promesa de que al único que despediría sería a Acevedo Vilá, y “recortó gastos” cesanteando miles de empleados público. En este cuatrienio bajo García Padilla, el PPD los arrinconó para que se retirasen “voluntariamente” ante el cambio de sus beneficios de pensión.

El PPD se inauguró en el 2013, entregando con sello de oro el Aeropuerto Internacional LMM a una corporación mejicana que el PNP seleccionó.  El PPD ha avalado la privatización del expreso hacia Dorado que  tendrá un carril VIP para quienes puedan pagar tarifas más altas, mientras delimitaron los carriles ataponados a quienes también pagamos peaje.  Usando la aplanadora del poder, el PPD  arrasó las juntas directivas de las distintas entidades gubernamentales para imponer su control absoluto, con las mismas tácticas que usó el PNP. ¿Tan rápido se les olvidó la herida que todavía les supura cuando el PNP amplió de siete a nueve jueces el Tribunal Supremo de Puerto Rico?

En el terreno de educación superior, ya se pone a prueba la lealtad y compromiso de la comunidad universitaria.  No solamente, mediante ley el PPD  acaparó al cuerpo rector de la UPR para obligar la renuncia del entonces presidente, sino que ahora pretenden traspasar varios millones de fondos de la UPR al Hospital Municipal de San Juan a la vez que se anuncia un aumento de 4% en la matrícula universitaria.  La Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien  protestó en contra de la imposición de una cuota especial de $800 a los estudiantes de la UPR, ¿ahora tardíamente negocia con los universitarios para que accedan a la transferencia de $3 millones de la UPR para el Hospital Municipal de San Juan?  Ello sin tomar en cuenta cómo la imposición de impuestos en tantos renglones de la cotidianidad, como el agua, electricidad, gasolina, entre otros, estrangula el bolsillo del estudiantado también.

Mientras la legislatura sólo se eliminó las dietas y millaje como “legislador a tiempo parcial”, para pescar contratos en el campo fértil del gobierno a sus pies en un craso conflicto de interés, ¿dónde están los trabajos prometidos para hacer frente al alza en el costo de vida para la gente desempleada?  ¿Cuándo se hará frente a la partidocracia que nos tiene divididos artificialmente en contra de nuestro propio interés?

Desestiman demanda contra UBS

11 de julio de 2013 - Ley y orden, Tribunales - Beatríz de la Torre, EL VOCERO

Los demandantes alegaban que UBS falló en su deber fiduciario.

El Vocero / Archivo

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En el equivalente judicial de una guerra de limazos, la jueza federal Aida Delgado le acaba de otorgar una sorpresiva victoria a la casa de corretaje UBS al desestimar nuevamente el pleito radicado por la Unión de Empleados de Muelles (Udem), que alegaba que los ejecutivos y directivos boricuas del megabanco suizo habían abandonado su deber fiduciario a cambio de ganar multimillonarias comisiones en las controvertibles emisiones de bonos del Sistema de Retiro de Empleados Públicos.
La desestimación vino después que el Tribunal de Apelaciones de Boston le devolvió a la jueza Delgado –a principios de este año– el caso de Udem contra UBS, esparciendo regaños a lo largo de su decisión de que San Juan volviera a ver el caso en sus méritos. Luego de desmenuzar los alegados conflictos de intereses que permeaban las transacciones de UBS con Retiro, el panel del Apelativo decidió que Delgado no llegó “a conclusiones razonables y de sentido común” en su fallo original a favor de los banqueros. Contrario a Boston, Delgado no había encontrado problemas fiduciarios ni conflictos de intereses o mala fe por parte de los directores de la principal firma de corretaje de Puerto Rico.
Esta semana Delgado volvió a desestimar la demanda de Udem al decidir que dicho sindicato había perdido su capacidad para demandar cuando vendió sus acciones en los fondos –que son el foco de controversia en la crisis de Retiro– sin que sus abogados estuvieran al tanto de la transacción, pero dejó la puerta abierta para que los demandantes puedan radicar un nuevo pleito.
La decisión también deja disponible la opción de regresar a Boston con una nueva apelación. Mientras tanto, UBS aguarda la decisión de si el Tribunal Supremo de Estados Unidos verá su propia apelación de la decisión de Boston.
Pero, los que salen mal parados en la opinión de Delgado son los abogados demandantes, incluyendo un equipo de letrados estadounidenses a quien la jueza amenazó con la posibilidad de eliminarle en el futuro el privilegio de litigar en el caso ante el Tribunal federal en San Juan.


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1,317 Policías se acogen al Retiro

1,317 Policías se acogen al Retiro

Por: CyberNews
Publicado: 03/07/2013 02:57 pm

El superintendente de la Policía, Héctor M. Pesquera anunció el miércoles las bajas reportadas en las filas de civiles y uniformados, tras la decisión de estos de acogerse a su derecho de retiro por distintos motivos.

“Como parte de un plan de reestructuración interna, estamos trabajando con la relocalización de personal civil y uniformado en nuestra agencia, tras la jubilación de unos 1,317 miembros que han decidido acogerse al retiro durante los primeros seis meses del año 2013” (698 mediante Ley 70, 521 por Ley 3, y 98 por renuncia regular), dijo Pesquera en comunicado de prensa.
Según Pesquera, basado en solicitudes recibidas, se espera que para fines del próximo mes de diciembre, 138 miembros se retiren por concepto de la Ley 3.
Además, se están procesando 609 solicitudes de retiro por medio de Ley 70, las cuales deben completarse para finales de septiembre.
“Estas cifras pueden cambiar debido a las decisiones finales que tomen los empleados, basado en situaciones individuales”, mencionó.

3 de julio de 2013

1:57 p.m.

 

Alegan que la Policía perderá 3,000 agentes por retiro

Representante de la Palma indicó que podría aumentar los delitos Tipo I

 

El área que más se verá afectada es el patrullaje preventivo, según Urayoán Hernández.

Por Antonio R. Gómez / antonio.gomez@gfrmedia.com

El representante del Partido Nuevo Progresista, Urayoán Hernández Alvarado, sostuvo hoy que la Policía de Puerto Rico perderá cerca de 3,000 agentes por retiro adelantado y afirmó que ello resultará en un incremento en los delitos Tipo I en el país.
El legislador atribuyó los retiros a la reciente aprobación de la reforma del Sistema de Retiro del Gobierno.
“Los policías que se nos van son los más experimentados. Aquellos que llevan décadas sirviendo bien al pueblo de Puerto Rico. Pero el área que más se verá afectada es el patrullaje preventivo. Muchos cuarteles se quedaran cortos de personal, algo así como sucedió a principios de años cuando se ausentaron cientos de oficiales”, declaró el representante en una conferencia de prensa en la que le acompañaron varios de los policías retirados.
“Ahora, las divisiones investigativas tendrán que incorporarse a la preventiva. Esto resultará en una disminución en el esclarecimiento de casos debido a que los detectives y demás personal estarán en la calle y no tendrán tiempo de realizar investigaciones profundas”, alegó Hernández Alvarado.
Calculó el legislador que ahora existe un promedio de 1.5 agentes del orden público por cada mil ciudadanos y que con estos retiros la actual cifra desciende a menos de .5 por mil habitantes.
Atribuyó la reorganización y consolidación de cuarteles que anunció recientemente el superintendente Héctor Pesquera a la reducción de agentes. “No es por razones de índole fiscal, pero si por la falta de agentes. Situación que también tendrá un impacto negativo en los cuerpos de policía municipal”, declaró.
Argumentó que “existen municipios pequeños que perderán sus cuarteles a causa, no de asuntos de presupuesto, pero por la falta de policías adscritos a los mismos”.
Presentó como ejemplo el pueblo de Aibonito donde dijo que no existe una fuerza de policía municipal que pueda complementar el patrullaje preventivo.
Según el legislador novoprogresista el cambio en los sistemas de retiro tendrá además el efecto de reducir el atractivo de entrar al cuerpo policiaco, lo que hará más difícil el reclutamiento.
Anunció Hernández la radicación de una resolución en la Cámara de Representantes que se investiguen los efectos de la nueva ley de retiro en la Policía de Puerto Rico.

Revelan Nuevo Engaño Reforma Retiro

Juez del Supremo revela nuevo engaño de la Reforma de Retiro (documento)

Por: Oscar J. Serrano
Publicado: 28/06/2013 06:40 pm

El Tribunal Supremo, en el mismo bloque 5-4 que recientemente validó la Reforma de Retiro de la Administración García Padilla, determinó esta tarde que los beneficios que disfrutan los empleados públicos que ya están pensionados no son parte de su pensión, por lo cual la Reforma los puede disminuir, como en efecto hace.
 

Se trata de beneficios como los bonos de Navidad, Verano, y los aumentos por costo de vida los cuales, como puntualizó el juez asociado Luis Estrella Martínez en su opinión disidente, los jueces todavía tienen en su sistema de retiro hasta ahora intacto.

 

La controversia es distinta a las vistas hasta ahora porque sobre lo que el Supremo se había expresado es sobre la situación que enfrentan empleados que no se han jubilado todavía, pero que la Reforma les cambió las reglas de juego a última hora.
 

De lo que trata el caso de hoy es de empleados que ya estaban jubilados y que demandaron debido a los cambios que la Reforma le hace a los beneficios de los que disfrutan hace décadas.
 

Como sucedió anteriormente, el bloque mayoritario de jueces del Supremo vuelve a negar la protección a beneficios, como el de Bono de Verano, que ellos todavía tienen intactos ya que el Ejecutivo no ha dicho nada sobre reformar el sistema de pensión de los jueces.
 

Según los jueces Federico Hernández Denton, Anabelle Rodríguez, Liana Fiol, Roberto Feliberti y Rafael Martínez Torres, lo único que se puede proteger, de lo que reciben los pensioandos, es la anualidad. La misma cuya disminución y cambio de estructura ya validaron más temprano esta semana en otro caso.
 

Según Estrella y los disidentes Mildred Pabón, Erick Kolthoff, y Edgardo Rivera, la misma Ley 447 que creó el Sistema de Retiro concibe la pensión como la suma de la anualidad y los beneficios. Estos beneficios se podrían eliminar para nuevos empleados que entren al sistema bajo un esquema distinto, pero no se les podrían modificar a los empleados que ya disfrutan de ellos como parte de su jubilación.
 

Pero, más específicamente, la disidente destapa un engaño que contiene la Ley de Reforma de Retiro en tanto y en cuanto dice directamente que los "beneficios bajo esta Ley de los participantes del Sistema que se pensionaron en o antes del 30 de junio de 2013, no serán modificados, incluyendo los beneficios que reciben o que recibirían sus beneficiarios en caso de muerte".
 

A pesar de esto, la ley de Reforma procede a eliminar los beneficios del aumento trienal y el Bono de Verano, y a reducir el Bono de Navidad de $600 a $200.
 

La fecha de emisión de la decisión coincide con la celebración, según fuentes de NotiCel de reuniones en muchas agencias para, precisamente, despedir a los empleados públicos que se acogen al retiro ahora para evitar los efectos de la Reforma que entra en vigor el lunes.

Reforma de Retiro en vías de sacar a por lo menos 12,000 del servicio público

Reforma de Retiro en vías de sacar a por lo menos 12,000 del servicio público

Por: Ely Acevedo Denis
Publicado: 29/06/2013 05:41 pm

Unas 14,000 solicitudes de estados de cuenta, o de cálculo de cuantía por servicios no cotizados, siguen pendientes de ser procesadas en la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR), a tan sólo un día de que entre en vigor la Ley 3 del 2013, de acuerdo a fuentes de NotiCel.
La ASR disputa esto y asegura que la cifra real es la mitad de lo indicado pero, entre las solicitudes aprobadas y las pendientes, la Reforma de Retiro ha significado ya la salida de al menos 12,000 empleados del servicio público.

(Josian Bruno/ NotiCel)

Las fuentes dijeron este número de solicitudes pudiera aumentar, ya que durante el día de hoy, sábado, los coordinadores agenciales sobre asuntos de retiro, estarían acudiendo a la ASR a entregar más.
Sin embargo, las fuentes establecieron que para efectos de la Ley 3, si las solicitudes son terminadas de procesar en la ASR después del 30 de junio, como quiera se les va a honrar a los empleados los beneficios que tiene acumulado previo a la nueva Reforma. Luego tendrá un periodo para pagar el tiempo no cotizado y presentar su renuncia si le aplica.
Según las fuentes de este diario digital, si después de que la ASR procese la solicitud, el empleado se ve imposibilitado de pagar los años no cotizados y decide no renunciar, entonces comienzan a aplicar los parámetros de la Reforma del Sistema de Retiro Central.
Al momento, cerca de 4,000 solicitudes de jubilación ya habían sido aprobadas. Se desconoce cuántos de estos empleados públicos tenían que pagar años no cotizados y lo pudieron hacer.
De otro lado, se supone que entre 30 a 40 solicitudes de retiro de empleados del Hospital Universitario ya habían sido aprobadas en la ASR, pero se espera que al final del día cerca de 100 empleados se acojan a la jubilación. Incluso, estimados del Departamento de Salud apuntan a unos 1,000 casos en dicha agencia.
Mientras, Carlos Ramos, portavoz de la ASR, sostuvo que hasta el viernes, quedaban unas 7,734 solicitudes en proceso de estados de cuenta, reembolso o servicios no cotizados.  El desglose era: 1,061 solicitudes de estados de cuenta, 2,899 solicitudes por servicios no cotizados y 3,764 solicitudes de reembolso.
En cuanto a las solicitudes de retiro, hasta el viernes había unas 5,070 radicadas en la ASR, de las que ya se habían aprobado unas 2,351.
Ramos destacó que al momento, 14,700 empleados públicos cumplían con los requisitos necesarios para acogerse a la jubilación, pero apenas el 34.5% había radicado la solicitud.
Mientras, del préstamo especial para el pago de servicios no cotizados se habían aprobado sólo 10 solicitudes y quedaban pendientes por procesar unas 86.

Virazón jurídico: Nueva dosis de medicina amarga

Nueva dosis de medicina amarga

28 de junio de 2013 - Columnas, Opinión - Katherine Angueria Navarro, Sicóloga Social-Comunitaria

EL VOCERO/Archivo

Nuestro País se retuerce ante la ahorca que nos sigue asfixiando económicamente. Quienes están llamados a encarrilar nuestro destino económico, se tornan en nuestros verdugos, mientras defienden los intereses de quienes se enriquecen con el empobrecimiento de los demás. La brecha económica se sigue abriendo. La mayoría de nuestra gente vive bajo niveles de pobreza, con una tasa alta de desempleo, en un País sin una economía propia que promueva la producción local. Al Pueblo se nos responsabiliza económicamente por decisiones erradas, y hasta corruptas, de funcionarios públicos. Las medidas impositivas y los aumentos en los servicios básicos que se avecinan, nos arrancarán cada centavo en el fondo de nuestras alcancías. En lugar de recortar grasa en gastos gubernamentales, se anuncian nuevos proyectos para construir obra, y seguir endeudándonos. El cuadro no pinta nada bien.

Ante este cuadro desolador del empobrecimiento de nuestra gente, la pugna partidista en el Tribunal Supremo de PR (TSPR) toma un nuevo rostro. En el caso Trinidad Hernández, et. al. v. ELA, ratificándose la validez de la Ley 3-2013 que modifica los beneficios del Sistema de Retiro, surgen opiniones encontradas entre togados designados por un mismo gobernante. Solamente dos de los nueve jueces del TSPR –Feliberti Cintrón y Martínez Torres– mostraron coherencia jurídica. Los otro(as) siete hicieron un viraje con respecto a sus posturas previas de ‘la razonabilidad’ de políticas públicas que menoscaban los derechos de empleados públicos en beneficio del bien financiero del País. Los jueces asociados Feliberti Cintrón y Martínez Torres ratificaron su postura adoptada previamente avalando la Ley 7 que propulsó la cesantía de miles de empleados públicos bajo la gobernación de Luis Fortuño. El vaivén de los otros siete jueces en torno a la ‘razonabilidad’ para tomar medidas drásticas de empobrecer a empleados públicos, solo abona a la situación caótica que se agudiza.

Sin haberse celebrado vista evidenciaria, la opinión ‘per curiam’ expresa que la parte demandante no detalló “alternativas menos onerosas” para “asegurar la solvencia actuarial del Sistema de Retiro. Se limitan a señalar que el Estado puede aumentar sus recaudos con otras medidas, como aumentar la captación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) o las contribuciones. Sin embargo, no demostraron que tienen evidencia para convencer al Tribunal en el juicio que estas alternativas son viables y menos onerosas”. (Ibid, p. 10). La opinión mayoritaria limitó su intervención por “deferencia en este sistema de separación de poderes”. (Ibid, p. 10). “Las Ramas Legislativa y Ejecutiva son las llamadas a establecer e implantar la política pública del Estado, el examen judicial no se puede convertir en una evaluación independiente de la sabiduría o corrección de la legislación o actuación impugnada” (Ibid, p. 11).

La frialdad de los(as) jueces que pasan juicio sobre el Sistema de Retiro es gracias a que son los únicos(as) que a propósito tienen garantizados su derecho a recibir pensión por la Constitución del ELA. “La Asamblea Legislativa establecerá un sistema de retiro para los jueces, retiro que será obligatorio cuando hubieren cumplido 70 años. (Art. V, Sec. 10). De igual forma los salarios de los Jueces “… no podrán ser disminuidos durante el término para el cual fueron nombrados”. (Art. VI, Sec. 11).

Encapsulados en su burbuja protectora en contra de represalias por sus posturas adjudicativas por parte de las otras ramas del poder, ¿les llegó su hora para tocar fondo también? ¿El País democráticamente promoverá una enmienda constitucional para que tengan que someterse a los mismos rigores de ‘razonabilidad’ ante la crisis financiera del País? De particular interés, son las pensiones de privilegio de un 100% del salario que reciben los jueces del TSPR actualmente retirados, y algunos próximos a jubilarse que pueden ser beneficiario de lo propio. El empobrecimiento en la tercera edad de algunos(as) empleados(as) públicos, tampoco puede ser a costa de pensiones de privilegios de otros, bajo el palio de su independencia judicial. ¿Hay o no medicina amarga para todos por igual?