Steven Rhodes: PR en peor posición que Detroit

Por:  Luis Guardiola Telenoticias

Desde 2013, el ahora retirado juez de las Corte de Quiebras de Detroit, Michigan, Steven Rhodes, tuvo a su cargo el proceso judicial que, hasta hoy, es la mayor bancarrota de una ciudad en la historia de Estados Unidos. El caso de Puerto Rico supera al de Detroit no solo en tamaño, sino en complejidad. La deuda total de la isla con acreedores del Gobierno central, las corporaciones públicas y los sistemas de retiro es cinco veces la de Detroit: más de $100 mil millones. Rhodes, quien fungió como juez de quiebras durante 30 años, es ahora asesor del Gobierno de Puerto Rico a través del bufete Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. El discurso de “compartir el sacrificio” y la urgencia de conceder al país el acceso a las disposiciones de la Ley de Quiebras federal resuenan en las respuestas del exjuez, de hablar pausado y gesto amable. Para su primera entrevista con un periodista de Puerto Rico, nos encontramos en un hotel de la cuna de la industria automotriz de Estados Unidos, que, aunque no ha superado del todo su crisis, da pasos firmes hacia el final del túnel.

En ascuas las pensiones

Bajo la dirección de Rhodes desde la Corte de Quiebras de Detroit y del gerente de la emergencia de la ciudad, Kevyn Orr, se aprobaron medidas drásticas que incluyeron la reducción en los beneficios y pensiones de miles de jubilados. Los sistemas de retiro de la Policía y el Cuerpo de Bomberos de Detroit se salvaron de la tijera.

¿Cree que los sistemas de retiro y las pensiones de exempleados públicos de Puerto Rico deben quedar fuera de la mesa de negociaciones o no?
—Esa es una pregunta realmente difícil. En términos generales, se debe hacer todo lo posible para salvar las pensiones de los jubilados. Si esas pensiones son como las de Detroit y la mayoría de los lugares, estamos hablando de la cantidad mínima de dinero con la que la gente puede vivir. Así que es en el mejor interés no solo de esos retirados sino de la sociedad preservar lo que más se pueda de esos beneficios para que la gente tenga que recurrir a los programas de seguridad social que también le cuestan dinero al Gobierno. Pero, habiendo dicho eso, también es cierto que la bancarrota persigue que todo el mundo entienda la necesidad de compartir el sacrificio. Eso pasó en Detroit. Ya mencioné que los retirados del Gobierno en general (excepto policías y bomberos) sufrieron recortes en sus cheques mensuales. También recibieron un recorte de 55 % en los aumentos por costo de vida de esas pensiones. Así que hubo un gran sacrificio de su parte en ese aspecto. Pero el mayor sacrificio fue en sus beneficios de salud, porque la ciudad asumió la responsabilidad de ese renglón y ya no podía costear eso. Así que, en lugar de eso, la ciudad les otorgó estipendios para pagar por una cubierta de salud en el Affordable Care Act, que, como sabes, implica copagos sustanciales y deducibles, y, por lo tanto, es más costosa para los jubilados. Hay sacrificio compartido siempre que un Gobierno no puede pagar sus deudas.

Pero, como un todo, el Sistema de Retiro de Puerto Rico, que incluye empleados del Gobierno central, la Rama Judicial y los maestros, tiene $30 mil millones en deudas. ¿Es posible lidiar con ese pedazo tan grande de la deuda sin reducir las pensiones?
—Si algo nos enseñó el caso de Detroit es que nada es imposible. Cuando comenzamos el caso de bancarrota pensábamos que los jubilados sufrirían recortes de entre 20, 30 y 40 %. Pero con innovación, creatividad y mucho trabajo esos recortes quedaron virtualmente eliminados. (La reducción en los cheques de pensión se limitó a cerca de 5 %). Así que ¿es posible minimizar el impacto negativo para los jubilados? No solo es posible, sino que hay que lograrlo.

Las cesantías sobre la mesa

¿Y las cesantías en el Gobierno? ¿Están descartadas? Porque la gente está temerosa de que habrá recortes en su jornada laboral o quizás despidos. ¿Cree usted que son inevitables?
—Entiendo que en todos los niveles el Gobierno de Puerto Rico ha recurrido a las cesantías. Así que no sé con certeza, pero me parece que para poder continuar ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos que el Gobierno tiene que ofrecer quizás ya estén contando con niveles mínimos de personal. Pero, habiendo dicho eso, parte del proceso de bancarrota requiere un examen de todo lo que hace el Gobierno para estar seguros de que se lleva a cabo de la manera más eficiente posible. Es un asunto de necesidad ante la merma de ingresos. A nadie le hace ningún bien, sean los residentes o los empleados, que el Gobierno opere por debajo del mejor nivel de eficiencia posible.


Para ver el reportaje original puede acceder a telemundopr.com

“En agenda” sistemas de retiro

Por Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO – hace 2 días 7:02 am

La administración de Alejandro García Padilla aseguró que “continúa evaluando acciones futuras que se puedan tomar” para atender el problema en los sistemas de retiro.

Aunque no ofreció detalles sobre esas posibles acciones futuras, el titular de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, dijo ayer, a preguntas de EL VOCERO, que el tema de los sistemas de retiro está en la agenda del primer ejecutivo Alejandro García Padilla.

“Esta administración ha tomado todas las medidas para que en el día de hoy (los pensionados) se mantengan cobrando su dinero de retiro”, apuntó el titular.

“Ciertamente, hay unas aportaciones que el Gobierno tiene que hacer y no se han podido hacer completas. Se ha estado aportando lo que se ha podido aportar basándonos en la situación económica que hay, y eso ha permitido extenderle la vida a los sistema de retiro. Si no se tomaba ninguna acción, hoy ya no hubiese dinero para pagarle a los pensionados. Por lo tanto, las acciones que esta administración ha tomado han permitido extenderle la vida (a los sistemas de retiro)”, apuntó el funcionario a preguntas de este diario.

Este rotativo publicó ayer en su primera plana que el posible impago de las obligaciones del Estado Libre Asociado (ELA) pudiera acelerar la llegada de medidas drásticas para los pensionados.

La información consta en la documentación expuesta por el Gobierno en el reciente informe sobre las finanzas y operaciones del ELA, revelado el 6 de noviembre, en el cual se le dedica al asunto de las pensiones 32 de las 219 páginas del reporte. Aunque el tema de la situación del retiro para los trabajadores del Gobierno parece estar fuera de la discusión abierta, es el asunto al que más se le dedica exposición en el informe, incluso por encima de la situación precaria del Fondo General y del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), según un análisis realizado por este rotativo.

Además de todos los factores que inciden en la baja financiación de los sistemas de retiro, que van desde la aceleración en el número de retirados, la reducción en el número de participantes que aportan a las pensiones y el incumplimiento del propio Gobierno en las aportaciones especiales legisladas, la posibilidad de un impago en las próximas obligaciones del ELA con los bonistas pudiera provocar un golpe mayor a los pensionados.

Un impago en notas garantizadas del BGF en diciembre y en bonos de las obligaciones generales (GO´s) en enero, hundirían todavía más la calidad crediticia del ELA, con el arrastre de todas sus emisiones. Además, a los sistemas de retiro les preocupa particularmente lo que ocurra en febrero con los pagos pendientes en las notas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), otrora el mejor crédito de la Isla, ya que retiro mantiene una importante participación en estas inversiones.

En el documento elaborado por la firma Milliman, el Gobierno describe que los sistemas de retiro (de empleados públicos, de maestros y de la judicatura) se financian con las aportaciones de los trabajadores, el rendimiento de las inversiones y con las aportaciones del patrono que es el Gobierno. Sin embargo, al reconocer que su situación fiscal es grave, señala que “estos sistemas tienen una insuficiencia de financiación severa y se espera que sus activos se agoten completamente en el futuro cercano”.

Además, “el ELA no está en posición de hacer las contribuciones especiales a los sistemas de retiro que fueron requeridas en la reforma legislada”. Se suponía que la aportación especial al 2014 fuera de $120 millones del Gobierno central y solo se emitió $21.3 millones.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

Presente el Fantasma de Retiro

A juzgar por lo expuesto en el reciente informe actuarial de los sistemas de retiro, elaborado por la firma Milliman, que corresponde al cierre del año fiscal en junio 30 de 2014 y que fue analizado por EL VOCERO, los activos de los sistemas se habrán agotado para el año fiscal 2014-2015


Por Carlos Antonio Otero, EL VOCERO – 11/16/2015 4:02 am

Si hasta hace poco se pensaba que el multimillonario déficit actuarial en los sistemas de retiro de empleados públicos arrastraría hasta el colapso las finanzas del Estado Libre Asociado (ELA), está por verse lo contrario con el posible impago de obligaciones que podrían acelerar la llegada de medidas más drásticas para los pensionados.

El vaticinio consta en la documentación expuesta por el gobierno en el reciente informe sobre las finanzas y operaciones del ELA, revelado el 6 de noviembre, en el cual se le dedican al asunto de las pensiones 32 de las 219 páginas del reporte. Aunque el tema de la situación del retiro para los trabajadores del gobierno parece estar fuera de la discusión abierta, es el asunto al que más se le dedica exposición en el informe, incluso por encima de la situación precaria del Fondo General y del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), según un análisis realizado por EL VOCERO.

Además de todos los factores que inciden en la baja financiación de los sistemas de retiro, que van desde la aceleración en el número de retirados, la reducción en el número de participantes que aportan a las pensiones y el incumplimiento del propio gobierno en las aportaciones especiales legisladas, la posibilidad de un impago en las próximas obligaciones del ELA con los bonistas le asestaría un golpe mayor a los pensionados.

Un impago en notas garantizadas del BGF en diciembre y en bonos de las obligaciones generales (GO´s) en enero, hundirían todavía más la calidad crediticia del ELA, con el arrastre de todas sus emisiones. Además, a los sistemas de retiro les preocupa particularmente lo que ocurra en febrero con los pagos pendientes en las notas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), otrora el mejor crédito de la Isla, ya que retiro mantiene una importante participación en estas inversiones.

En el citado documento, el gobierno describe que los sistemas de retiro (de empleados públicos, de maestros y de la judicatura) se financian con las aportaciones de los trabajadores, el rendimiento de las inversiones y con las aportaciones del patrono que es el gobierno. Sin embargo, al reconocer que su situación fiscal es grave, señala que “estos sistemas tienen una insuficiencia de financiación severa y se espera que sus activos se agoten completamente en el futuro cercano”.

Además, “el ELA no está en posición de hacer las contribuciones especiales a los sistemas de retiro que fueron requeridas en la reforma legislada”. Se suponía que la aportación especial al 2014 fuera de $120 millones del gobierno central y solo se emitió $21.3 millones.

A principios de este año los actuarios de retiro recalcularon la aportación especial que se necesitaría para cubrir las deficiencias tal y como se había legislado cuando el gobierno reclamó haber salvado los sistemas, y se requirió que fuera de $352 millones, de los cuales $216 millones corresponderían al gobierno central.

El Sistema de Retiro de Empleados Públicos anticipa que su necesidad futura de efectivo para el desembolso de beneficios a sus participantes, para cubrir gastos administrativos y para el servicio de deuda, excederá la suma de aportaciones del patrono y empleados, a pesar de las medidas legisladas para solventar las pensiones. La caída en financiación es de $730 millones al cierre del 2015 en junio pasado, como había adelantado este diario, y de $698 para el corriente año fiscal.

Para el año fiscal 2016 se espera que el retiro de maestros tenga una caída en la financiación de $412 millones y ya para el 2019 los activos se hayan “empobrecido” más. En el caso de la judicatura, la caída se estima en $12 millones.

Mientras, el hecho de que el gobierno no alcance la suficiencia de recaudos y carezca de las alternativas para lograr financiamiento ante su clasificación de no inversión en la totalidad de sus instrumentos, también deja descubierto a los sistemas de retiro, que precisamente son las áreas donde principalmente se han recortado beneficios en jurisdicciones quebradas en Estados Unidos, con deuda pública total mucho menor a los $73,000 millones que tiene Puerto Rico.

“El gobierno central del ELA es responsable de aproximadamente 59% del total de las contribuciones patronales al Sistema de Retiro de Empleados Públicos, y del otro 41% de la responsabilidad de las corporaciones públicas y las municipalidades”, se explica en el informe, y se añade que también es responsable del 100% del total de la aportación patronal a los sistemas de retiro de maestros y de la judicatura.

La gravedad del asunto fiscal, y así lo plantea el gobierno, es que en última instancia, el ELA “es responsable de cualquier deficiencia de financiación con respecto a los empleados del gobierno central en los tres sistemas de retiro, y en última instancia puede ser responsable de todas las deficiencias de financiación”.

Con ese cuadro, la opción que le queda a los que administran las pensiones de trabajadores públicos es continuar la práctica de venta de activos, pero ya estos dejan menos rendimientos y también se habla de su agotamiento.

A juzgar por lo expuesto en el reciente informe actuarial de los sistemas de retiro, elaborado por la firma Milliman, que corresponde al cierre del año fiscal en junio 30 de 2014 y que fue analizado por EL VOCERO, los activos de los sistemas se habrán agotado para el año fiscal 2014-2015.

Las obligaciones en pensiones continúan en ascenso y para el 30 de junio de 2014, en el caso del sistema de empleados públicos, se ubicó en $30.2 mil millones y un año antes había estado en $28.9 mil millones. Por el contrario, la posición neta del sistema a junio 30 2014 decreció a .42% de 2.42% un año antes.

Al tiempo en que aumentan las dificultades financieras para los sistemas de retiro, la semana pasada ambas cámaras legislativas aprobaron un proyecto del ejecutivo para un retiro adelantado de empleados públicos con dos décadas de servicio y que aún no cumplen los 61 años. Es un retiro voluntario que le deberá producir un ahorro de apenas $822 mil el primer año.

Al abordar al legislador Rafael “Tatito” Hernández sobre la situación de las pensiones y el incumplimiento con la legislación de aportaciones, expresó que “las excusas que sean por no asignar el dinero no son aceptables. El Retiro tenía asignación, pero hay que tener disciplina y decir las cosas como son”.

Y ante la nueva legislación para un pre-retiro, opinó que “eso te demuestra directamente que todavía la gente no ha entendido” la gravedad de la crisis actual. “Piden un tipo de ventana y Retiro no está listo para cumplir cuando la gente se retire, porque no están los cumplimientos de la Ley 3 (de aportaciones especiales del gobierno central). En Puerto Rico no hay carácter político y el que dice las cosas como son lo castigan”, sostuvo Hernández.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

Preretiro Voluntario o Menosprecio Incentivado

Mucha gente se sigue hoy preguntando desde que se comenzó a hablar de crisis, ¿cómo fue que a través del tiempo esta crisis derivó en un proceso que nos ha afectado tan severamente? Y aún no se ha parado de hablar de la crisis y tampoco parece que no acabamos de tocar fondo. Para mediados de la década pasada se oía hablar de hipotecas "subprime" y de la delicada situación de unos bancos de inversión en Estados Unidos que habían sido sus inicuos promotores. Pero siguen sin explicarse porque la crisis de aquellas instituciones, acabó contaminando las estructuras financieras de todo el mundo y obligando a los gobiernos a despedir empleados públicos, a congelar las pensiones de aquellos que no pudieron despedir, a recortar los servicios públicos, a dedicar ingentes cantidades de dinero para evitar la quiebra de la banca y en el caso de Puerto Rico a menoscabar derechos del pueblo trabajador para mitigar el desastre causado por los grandes intereses que controlan a los incumbentes de los puestos en las altas esferas del poder en el gobierno.

No es fácil explicarlo, si obviamos la degradada condición moral que suele emerger de la condición humana, cuando accede a plataformas estratégicas de poder, afectada por el virus de la ambición sin límites y condenada a una especie de castigo bíblico que la incapacita para frenar en su vorágine. La crisis no se hubiera manifestado de forma tan virulenta si los llamados magos de las finanzas, los grandes intereses económicos que controlan el gobierno y los políticos inescrupulosos e incompetentes que sirven a esos grandes intereses, no hubiesen estado desde hace un par de décadas avivando un fuego que finalmente se ha manifestado voraz.

Lo difícil no es olvidar ese triste pasado sino verte obligado a olvidar el futuro que una vez imaginaste. Futuro que tanto tiempo y sacrificio te había costado forjar para que de la noche a la mañana se vea destruido por la insensibilidad de aquellos que tan solo ostentan el poder para beneficio propio y de los suyos. Un futuro que lucía promisorio se ha tornado oscuro e incierto a causa de aquellos que encumbrados en las cimas del poder político en contubernio con aquellos que se han endiosado abrogándose el poder de cambiar las vidas de tantos puertorriqueños con decisiones judiciales que tan solo sirven para remendar los desastres causados por aquellos que los llevaron a sus actuales posiciones.

La oligarquía, en ciencia política, es una forma de gobierno en la que el poder supremo está en manos de unas pocas personas. Los escritores políticos de la antigua Grecia emplearon el término para designar la forma degenerada y negativa de aristocracia (literalmente, gobierno de los mejores). Es decir, que para las ciencias políticas, la oligarquía es, la forma de gobierno en la cual el poder es ejercido por un grupo reducido de personas que pertenecen a una misma clase social. Bajo la realidad imperante en nuestro país, el término debe ser utilizado para nombrar al conjunto de empresarios y sujetos acaudalados que suelen actuar en conjunto para la defensa de sus propios intereses influenciando y manipulando las altas esferas de poder en el gobierno de Puerto Rico.

En Puerto Rico se ha entronizado un régimen de impunidad fomentado por los desenfrenos de naturaleza criminal que llevan a cabo los miembros de la clase política en el poder contra los mejores intereses de nuestro pueblo. Desenfreno que no recibe su justo merecido por el paternalismo irracional y las inclinaciones político partidistas de los miembros del mas alto foro judicial del país.

Hoy todo el país enfrenta una situación económica caótica provocada por esa clase política que con sus malos manejos de los asuntos públicos, administración tras administración, han ido socavando las finanzas del país. Se responsabilizan unos a otros y los platos rotos que causaron y continúan ocasionando se los hacen pagar al pueblo de Puerto Rico. Los servidores públicos del país han recibido la peor parte. Se les quiere imponer la obligación de pagar la crisis mediante la merma en sus beneficios, la reducción de sus licencias de enfermedad y vacaciones, la confiscación ilegal de la acumulación de dichas licencias, el pago de aportaciones para un fondo por incapacidad inexistente, la congelación de aumentos salariales, etc. La veteranía de nuestros servidores públicos también fue adversamente afectada cuando se les privó de una digna pensión de retiro.

Ahora que necesitan obtener simpatías electorales nos hacen el ofrecimiento de mitigar el daño ocasionado por una ley de su propia autoría que menoscabó sustancialmente las obligaciones contraídas por el estado. Una ley que destruyó el futuro de aquellos que ofrecieron lo mejor de su vida laboral al servicio público. ¡Que ironía nos presenta la actual administración de gobierno! Por un lado nos infligen el daño de troncharnos el futuro promisorio que nos deparaba la digna pensión de retiro por la cual invertimos los mejores y mas productivos años de nuestra vida laboral y por otro lado nos ofrecen ahora la aspirina que nos aliviará el dolor y que nos ayudará al olvidar el futuro que una vez imaginamos.

El ofrecimiento contenido por el proyecto de la cámara 2717 suscrita por toda la delegación de mayoría luce mas ser un menosprecio incentivado que un programa de preretiro. La realidad es que el propósito de esta medida nos es otro que disminuir la cantidad de empleados que figura en la plantilla de recursos humanos del gobierno. Es indignante ofrecernos una oportunidad de culminar toda una carrera en el servicio público a cambio de una "compensación" que tan solo alcanzaría el sesenta por ciento (60%) del sueldo de carrera al momento de la separación del servicio hasta cumplir los sesenta y un (61) años de edad. Hasta en el lenguaje que escogen para hacernos el ofrecimiento se nota el cinismo con que nos trata la actual administración de gobierno. Ya no se llamará pensión, la llaman "compensación" como si todo esto se tratara de una concesión o dádiva del gobierno y que el empleado que compulsoriamente tuvo que aportar su dinero al Fondo del Sistema de Retiro no adquirió ningún derecho sobre estas aportaciones.

Cuando los tribunales del país reconocieron la naturaleza contractual del plan de retiro gubernamental, eliminaron de nuestro ordenamiento legal la concepción de que las pensiones son concesiones o dádivas del gobierno y que el empleado participante que aporta compulsoriamente al plan de retiro no adquiere derecho alguno sobre ellas (Bayron Toro v. Serra 119 D.P.R. 605 (1987), pág. 610). Con ello se reconoció que las pensiones constituyen una retribución final y bien ganada (Id., pag. 615, citando a, Rivera v. Rodríguez, 93 D.P.R. 21, 24 (1966)) por el empleado público que haciendo honor a su genuina vocación de servicio, dedica sus mejores y mas fructíferos años de su vida laboral al bien común (Bayrón Toro v Serra, supra, pág. 615, cintando a, Sánchez Nieves v. A.S.R. E.G.J, 116 D.P.R. 372 (1985); Román Mayol v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 807, 811 (1973); Maldonado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 370 (1972)).  En armonía con lo antes expresado, los tribunales del país han pautado que "el derecho a la pensión de retiro por años de servicio tienen un respetable contenido ético y moral y constituye un seguro de dignidad para el hombre o la mujer que habiendo dedicado al servicio público sus años más fecundos, no debe encontrarse en la etapa final de su vida en el desamparo, o convertido en carga de parientes o del Estado" (Bayrón Toro v. Serra, supra, pág. 616).

Pero el menosprecio incentivado no se limita tan solo a la mal llamada "compensación". Los ingresos que reciba el preretirado por concepto del pago de sesenta (60%) de su sueldo estarán exentas de retención de contribuciones conforme a la Sección 1031.02 Exenciones del Ingreso Bruto (a) Anualidades de empleados (13) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, Ley Núm 1-2011, según enmendada lo que quiere decir que usted estará exento de la retención pero no de la tributación. El ofrecimiento incluye además la liquidación del pago de las licencias de vacaciones y enfermedad, hasta el tope establecido por la Ley Núm. 66-2014. Si sus balances de licencias están sobre los topes establecidos por la Ley 66, el empleado perderá los excesos del balance sobre esos topes, lo cual constituye una confiscación ilegal, constitucionalmente prohibida, de los derechos económicos de los empleados. En lo relativo a los descuentos mandatorios de ley, el gobierno continuará realizando las aportaciones patronales correspondiente al seguro social federal (6.2%) y Medicare (1.45%) correspondiente al 60% del ingreso bruto del participante. No obstante, se le descontarán al participante por cientos iguales, correspondientes a su aportación individual.

Por otro lado, el participante mantendrá la cubierta de plan médico o programa de servicios médicos, o aportación patronal para seguro médico, del que gozaba el empleado al momento de ejercer su determinación de acogerse al Programa de Preretiro hasta por dos (2) años, a partir de la fecha de efectividad de su ingreso al Programa. Luego de esos dos (años) el participante tendrá que costearse su propio plan médico con lo que le sobre del sesenta (60%) de la mal llamada "compensación" que le están ofreciendo.

Cuando usted alcance los sesenta y un (61) años de edad pasará a formar parte del Sistema de Retiro y recibirá los beneficios que le corresponden como pensionado del gobierno de conformidad con el Capítulo 5 de la Ley Núm. 447, según enmendada por la Ley 3-2013 y subsiguientes leyes enmendatorias; disponiéndose que a los participantes del Programa se les garantizará, al momento de retirarse, un beneficio mínimo de 50% de su retribución promedio al 30 de junio de 2013, siempre que la combinación de anualidades de las aportaciones congeladas al 30 de junio de 2013 y de las aportadas a la cuenta del Programa Híbrido no alcancen ese por ciento mínimo.

Contrario a lo que debiera ser una sana política pública donde el estado cultive y aliente una meritoria cultura de trabajo, se esta estimulando, por un lado, al ciudadano común a que se quede en su casa a esperar por las ayudas y subsidios del gobierno que en muchos casos son mayores a la pensión que recibirá aquel que trabajó 30 años en el servicio público y por otro lado se castiga y se penaliza a aquellos que dedicaron toda una vida al servicio del pueblo de Puerto Rico ofreciéndoles que se conformen con una "compensación" de miseria (60% menos descuentos mandatorios de ley) como remedio o alivio que les hará olvidar el futuro que una vez soñaron.

Estimular una cultura de mantengo y dependencia gubernamental a costa del sufrimiento y los sacrificios de aquellos que optaron por contribuir al bien común mediante toda una carrera laboral dedicada al servicio público constituye una injusticia monumental. Ningún gobierno tiene el derecho de arrebatarnos lo que a los verdaderos y genuinos servidores públicos del país les tomó más de treinta años construir.

PC2717 - Preretiro Voluntario - Informe Positivo y Entirillado Electrónico

Proyecto de la Cámara 2717

Para crear la “Ley del Programa de Preretiro Voluntario”, a los fines de establecer un programa mediante el cual empleados elegibles del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico puedan preretirarse voluntariamente de su empleo; para disponer los requisitos de años de servicio para cualificar para este Programa; regular el tiempo que tiene el empleado para ejercer su decisión de acogerse al Programa de Preretiro Voluntario; disponer los incentivos especiales que se otorgarán a los empleados que se acojan a este Programa; disponer los requisitos necesarios para la implantación del Programa; y para otros fines.

Autor(es): Rep. Jaime R. Perelló Borrás, Rep. Miembros del PPD


Trámite:
10/15/2015 Radicado
10/15/2015 Referido a Comisión(es): Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público (CAMARA)
10/20/2015 Aparece en Primera Lectura de la Cámara
10/23/2015 Vista Pública: 10:00 AM, Aud. #1, Comisión(es): Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público (CAMARA)
11/03/2015 Informe Positivo Comisión Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público (CAMARA) rendido con enmiendas
11/03/2015 Entirillado del Informe
11/03/2015 Remitido a Comisión de Calendarios de la Cámara
11/9/2015 En el Calendario de Ordenes Especiales de la Cámara
11/9/2015 Aprobado con enmiendas del informe
11/9/2015 Aprobado con enmiendas en sala
11/9/2015 Aprobado por Cámara en Votación Final, 27-20-00-03
11/9/2015 Texto de Aprobación Final enviado al Senado
11/11/2015 Referido a Comisión(es): Hacienda y Finanzas Públicas (SENADO)
11/11/2015 Aparece en Primera Lectura del Senado
11/11/2015 1er Informe Comisión Hacienda y Finanzas Públicas (SENADO) rendido con enmiendas
11/11/2015 Entirillado del Informe
11/11/2015 Remitido a la Comisión de Reglas, Calendario y Asuntos Internos del Senado
11/12/2015 En el Calendario de Ordenes Especiales del Senado
11/12/2015 Aprobado con enmiendas del informe
11/12/2015 Aprobado con enmiendas en sala
11/12/2015 Aprobado por el Senado en Votación Final, 16-05-00-06

Propuesta de Pre Retiro - Proyecto de la Cámara 2717

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Administración de los Sistemas de Retiro endosaron la legislación que autoriza un “preretiro” a empleados públicos con más de 20 años de servicio que recibirían una pensión del 60% de su salario, más el pago de plan médico por los primeros dos años del programa.

La medida, que es un proyecto sometido por el Ejecutivo, tiene como objetivo generar ahorros en el gasto de las agencias que implanten el programa mediante la eliminación de ciertos gastos de nómina.

Preretiro
Retiro anticipado ofrecido a los asalariados en tiempos de crisis del empleo. El trabajador en pre-retiro reciba una importante fracción de su salario, y el empleador continúa aportando sus cotizaciones de seguridad social y de retiro complementario hasta que el interesado haya alcanzado la edad normal del retiro.

P de la C 2717

Para crear la "Ley del Programa de Preretiro Voluntario", a los fines de establecer un programa mediante el cual empleados elegibles del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico puedan preretirarse voluntariamente de su empleo; para disponer los requisitos de años de servicio para cualificar para este Programa; regular el tiempo que tiene el empleado para ejercer su decisión de acogerse al Programa de Preretiro Voluntario; disponer los incentivos especiales que se otorgarán a los empleados que se acojan a este Programa; disponer los requisitos necesarios para la implantación del Programa; y para otros fines.

Ponencia Administración Sistema Retiro

Ponencia Sindicato Policías Puertorriqueños

Ponencia Federación Alcaldes

Ponencia Oficina Gerencia y Presupuesto

Programa de Separación Voluntaria Incentivada

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 2697

13 DE OCTUBRE DE 2015

Presentado por el representante Vargas Ferrer

Referido a las Comisiones Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público; y de Hacienda y Presupuesto

LEY

Para crear el “Programa de Separación Voluntaria Incentivada”, a los fines de brindar una alternativa mediante la cual los(as) maestros(as) en el servicio activo, y los(as)  que ocupen puestos en el Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que tengan cotizadas aportaciones al Sistema de Retiro para Maestros por veinticinco (25) años o más, puedan separarse voluntariamente del servicio público, con el incentivo económico del sesenta y cinco por ciento (65%) de su sueldo mensual promedio basado en los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección para participar del Programa; disponer las facultades necesaria para su implementación; crear una reserva de las economías generadas por la aplicación de este y disponer la distribución de las mismas; y para otros fines.

Para ver el texto de la medida en su totalidad oprima aquí.

Sistema de Retiro admite se avecina crisis mayor con las pensiones

El director de la Administración de Sistemas de Retiro, Pedro Ortíz admitió en Caliente con la Jovet que se avecina una crisis mayor con las pensiones, aunque aseguro que al momento la agencia que dirige esta sobreviviendo.  De paso se mostró confiado en que se logre un acuerdo con los bonistas que le permita al gobierno responder por las pensiones en caso de que el sistema colapse.

Ortiz dijo en que confía en que las negociaciones con los bonistas sean exitosa de manera que se pueda garantizar el que el gobierno pague las pensiones en caso de que el sistema colapse.

¡¡¡¡¡PARO NACIONAL!!!!!

Sindicalistas proponen paro nacional

(Archivo/NotiCel)

CyberNews

07/09/2015 11:57 am

Los portavoces de varias organizaciones sindicales anunciaron el lunes varias actividades de protesta entre las que se resalta la propuesta de un “paro nacional” para el mes de octubre.

Según el sindicalista Luis Pedraza Leduc, entre las propuestas del grupo de organizaciones se encuentra: "Participar en la movilización convocada el viernes 11 de septiembre de 2015, a las 4:30 frente a El Capitolio; Realizar asambleas de pueblo a nivel regional para discutir, analizar y recomendar actividades concertadas que se opongan a las acciones del gobierno; Promover que cada organización a su interior active sus estructuras de dirección para que aprueben actividades en oposición a las acciones del gobierno; Respaldamos una serie de propuestas entre las cuales destacamos, una moratoria en el pago de la deuda, invertir el pago retenido en proyectos de desarrollo económico, realizar una auditoría ciudadana de la deuda, encauzar a quienes defraudaron la confianza depositada en ellos y aprobar una reforma contributiva integral, donde aporte quien más tiene y puede; y Convocar al pueblo trabajador a una asamblea nacional de pueblo durante el mes de octubre en la cual recomendaremos la aprobación de un Paro Nacional y otras acciones de movilización que sean efectivas para denunciar y detener las propuestas de ajuste que el gobierno quiere imponer, en particular la Junta de Control Fiscal".

Según el sindicalista, en Puerto Rico “existen una claque de asesores, abogados de corporaciones, gobernantes, economistas, contratistas y otros allegados al poder económico que viven del conflicto y la crisis. Que son estos los que con su mente mercantil presentan como alternativa un plan de recuperación económica y fiscal basada en que la clase trabajadora, los desempleados, amas de casa, jóvenes, estudiantes, jubilados, todos los asalariados,  asuman el mayor peso por la crisis causada por su forma de gobernar y organizar el país”.

Pedraza Leduc se refiere a las propuestas no oficiales de reducir el salario mínimo, recortar licencias de vacaciones y enfermedad, eliminar bonos a los trabajadores, extender periodos probatorios a los jóvenes, pagar menos salario mínimo federal, reducir los subsidios y ayudas a las clases indigentes, ampliar y aumentar impuestos (IVA), congelar el derecho de negociación colectiva, reducir beneficios de salud, cerrar escuelas, despedir maestros, reducir beneficios de retiro, eliminar subsidios a la Universidad de Puerto Rico, reducir las agencias del gobierno, entre otras.

“Como conclusión y propuesta de acción, las organizaciones sindicales reiteran el apoyo a aquellas medidas fiscales que le impongan contribuciones a las corporaciones foráneas y a los sectores más poderosos que se han beneficiado de la deuda pública y las exenciones contributivas”, añadió.

Convocatoria a Todos los Servidores Públicos Acogidos a la Ley 447 de Retiro

CONVOCATORIA

A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA LEY DE RETIRO 447

Manifestación en Contra de la Ley 3-2013 que enmendó la Ley 447 del Sistema de Retiro

y el

Desmantelamiento de la Legislación Laboral

Viernes 11 de septiembre de 2015

Frente al Capitolio (Lado Norte) 

Llegó el momento de luchar por nuestra pensión.

Para ver Comunicado Oficial oprima AQUI 

Marcha - Concentración contra el Desmantelamiento de la Legislación Laboral

¿Ingresaste al servicio público bajo la Ley 447?

Incumplen con Aportaciones a Retiro Central

(Archivo/NotiCel)

Gobierno atrás y no avanza con aportaciones a Retiro Central

Ely Acevedo Denis - 23 de abril de 2015

A pesar de que los participantes y jubilados del Sistema de Retiro Central fueron despojados de varios de sus beneficios para supuestamente asegurarles el pago de sus pensiones en el futuro, el Gobierno continúa incumpliendo con el pago de las distintas aportaciones legisladas, entre ellas, el dinero que les retienen en cada cheque a los empleados gubernamentales.

De esta manera, los resultados de las distintas gestiones para evitar la insolvencia del Sistema penden de un hilo ante una deuda total del Gobierno de $343.7 millones por diversas partidas.

El desglose era el siguiente: por concepto de aportaciones patronales, aportaciones individuales, descuentos de préstamos, leyes especiales y aportación adicional especial; los patronos de las corporaciones públicas deben alrededor de $116.8 millones. De estos, unos $4.8 millones son de la deuda del Gobierno Central y $20.8 millones de la deuda de los municipios.

Adicional a esto, el Gobierno debe sobre $200 millones de la Aportación Adicional Uniforme (AAU).

Los principales cinco deudores del Sistema son la:

• Administración de Servicios Médicos ($44.1 millones), 
• Autoridad Metropolitana de Autobuses ($14.4 millones), 
• Municipio de Ponce ($6.1 millones),
• Autoridad de Transporte Marítimo ($2.5 millones) y
• Municipio de Toa Baja ($577,198). 

Todos estos patronos tienen los servicios cerrados, por lo que los participantes del Sistema no pueden solicitar préstamos.

De otro lado, el portavoz del Sistema, Carlos Ramos Dómenech, explicó que cuando se aprobó la Ley 3 la aportación patronal era de 12.275% y se esperaba que siguiera “aumentando en 1% hasta el año fiscal 2015-2016. De ese momento en adelante hasta el 2021 aumentará en 1.25% por cada año hasta llegar al 20.525%. En la actualidad la aportación patronal es de 13.275%. El Gobierno Central está al día en el pago de las aportaciones patronales y los aumentos legislados”.

No obstante, hay municipios y corporaciones que están en incumplimiento con el pago de estas aportaciones.

Por otra parte, se supo que de la Aportación Adicional Especial de $2,000 por cada pensionado, el Gobierno Central ha pagado casi $147.2 millones en los años fiscales 2013-2014 y 2014-2015. Sin embargo, los municipios y las corporaciones le debían dinero al Sistema por esta aportación.

En otros aspectos, mediante la Ley 32 de 2013 fue legislada la AAU, y Ramos destacó que de “los $120 millones del 2013-14, la ASR (Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura) ha cobrado hasta ahora $33,786.594.44 millones provenientes de municipios y corporaciones. Los $86.7 millones restantes ($77.8 millones de Gobierno Central y $5.4 millones que se van asignar a corporaciones públicas) fueron congelados mediante la Orden Ejecutiva 2014-029. Se espera por un proyecto de ley para establecer un plan de pago de dicha deuda”.

En medio de una reunión efectuada el miércoles con la Asociación de Alcaldes, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, dijo que parte de los recaudos del Impuesto al Valor Añadido (IVA) se utilizarían para satisfacer la deuda de $86.7 millones del AAU del 2013-2014.

“Sobre los fondos de la AAU del 2014-15, se presentó en marzo de 2015, la factura a los patronos por los $120 millones, luego de haberse aprobado en diciembre de 2014, la Ley 244-2014, que estableció definitivamente cuál iba a ser la aportación… Ya han pagado $5,336,576.94. Hay siete patronos acogidos a planes de pago por la cantidad de 904,620.01 y un plan de pago a presentarse por la cantidad de 230,290.96”, agregó Ramos.

Los siete patronos que ya están acogidos a planes de pago por el AAU del 2014-2015 son los municipios de: Camuy, Guayanilla, Corozal, Lares, Vieques, Trujillo Alto y Arroyo.

Al momento, todavía está por presentarse un plan de pago por la cantidad de $230,290.96, para el municipio de Dorado.

La deuda total de AAU 2014-2015 asciende a $114.7 millones.

Mientras tanto, en cuanto a referidos de casos a las autoridades, la portavoz del DJ, Amber Vélez, manifestó a este diario que “a Justicia llegan aquellas (reclamaciones) en la que se disputa el monto de la deuda. Si no hay disputa por el monto, Retiro puede ir a los tribunales directamente. Al momento no se tienen en Justicia otros casos de reclamaciones para pago a Retiro con agencias gubernamentales”.

Se supo que los únicos dos casos en el DJ tienen que ver con la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA).

En una de las querellas la ASR reclama $553,222.03 y la AEELA cuestiona el monto de la deuda y el proceso de reclamación. Esta querella se encuentra en el proceso de descubrimiento de prueba y negociaciones.

En otra querella, la ASR reclama $611,952.01, y la AEELA también está cuestionando la cantidad y el proceso de reclamación. Esta querella fue recibida y notificada el pasado marzo.

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Se aduce que los fondos del gobierno central evitarían que el déficit aumente y no se tenga que utilizar dinero que reduzca el nivel mínimo de activo en la cartera de inversión, que debe ser $1,000 millones

Sergio Marxuach, economista del Centro para una Nueva Economía. Agustín Santiago/EL VOCERO
 

Por Carlos Antonio Otero, EL VOCERO

 

Los obstáculos financieros del Sistema de Retiro de Empleados (SRE) públicos parecen globos a punto de estallar, cuya presión no ha encontrado el alivio que les representarían las reformas de 2013.

 

Con la caída en su coeficiente de financiación a 0.7%, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, volvió a advertir que la aportación especial legislada del gobierno central, es parte de lo que puede evitar el colapso del sistema que beneficia a 109,088 pensionados y al cual aportan otros 119,975 trabajadores.

 

“Aquí si no se hiciera -esa aportación- y el sistema se queda insolvente, entonces los patronos deberán responder por los pensionados, y los patronos son el gobierno central y los municipios”, señaló Santa, quien todavía no ha tenido acceso al más reciente estudio actuarial de la firma Milliman, en poder del SRE.

 

Dijo que el gobierno empezó a dar el dinero pero no completo y que hay otras medidas de la reforma para mejorar la situación, y puntualizó que no debe ocurrir en la Isla lo que sucedió en Detroit tras la quiebra en 2013. En esa ciudad y luego de una extensa batalla legal, la mayoría de los pensionados aceptó un recorte del 4.5% en las prestaciones y renunciaron a futuros ajustes por costo de vida, ante la precariedad del sistema.

 

En otras jurisdicciones con quiebras municipales, como en Pritchard, Alabama, y Central Falls, en Rhode Island, el por ciento en los recortes de pensiones fue de dos dígitos.

 

Santa explicó que la aportación del gobierno central lo que hace es evitar que el déficit aumente y no se tenga que utilizar dinero que reduzca el nivel mínimo de activo en la cartera de inversión que debe ser $1,000 millones. “El activo genera un dividendo y cada vez el rendimiento es menor, eso es lo que hay que evitar”, agregó Santa.

 

El legislador reconoció que los bonistas están pendientes a Retiro “y si se quedara sin efectivo tendría que responder el gobierno central. Yo confío en que si se logran acuerdos con los bonistas, parte de ese dinero que se retrase en los pagos a los acreedores les gustaría que lo pusieran ahí en Retiro”.

 

El director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), el economista Sergio Marxuach, indicó que la situación es seria pero a nivel contable luce mayor porque hubo cambios en la manera en que se contabiliza el déficit debido a nuevas regulaciones.

 

“El déficit entre los tres sistemas es de más de $43 mil millones. El SRE, básicamente,
desde el punto de vista contable está insolvente. En el flujo de caja mientras se hagan las aportaciones podrán sobrevivir. Llevamos tres años desde que se hizo la reforma donde el gobierno no ha hecho la aportación que tenía que hacer y eso está ahí”, expresó Marxuach.

 

Un exadministrador del SRE, Héctor Mayol, opinó que el Retiro “es salvable”. Explicó que “se tomaron todas las acciones para que no se quedara sin fondos y se debían hacer unas contribuciones. Ahora es importante ver el informe del actuario, que debe decir algo, hacer un ´disclosure´ de qué recomienda”.

 

“Yo entiendo que si se corrige ese déficit es salvable y hay que darle más alternativas al sistema. Cada vez que se deja cumplir con la proyección de ingresos o aportaciones es más difícil”, comentó Mayol. Añadió que “la proyección inicial era que (los activos) no bajaran de $1,000 millones, pero en términos contables el cash que queda no durará dos o tres años más”.

 

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

En un Hilo Retiro

Caída libre en Retiro

El borrador de la firma Milliman sugiere que a todas luces se desvaneció el colchón para atender con eficiencia el reto financiero del sistema ante cualquier eventualidad

Los activos netos de Retiro estaban en $3.5 mil millones; pero a esa cantidad se le reducen $3.3 mil millones que es lo que cubre las obligaciones con los bonos, se le añaden otros pasivos y finalmente quedan $210.3 millones neto. Agustín Santiago/EL VOCERO

 

Por Carlos Antonio Otero, EL VOCERO

 

El Sistema de Retiro de Empleados Públicos (SRE) pende de un hilo y a ambos extremos de esa línea no parece que exista tierra firme.

 

El deterioro de sus finanzas es tal, que además de los incumplimientos del gobierno central con las aportaciones prometidas durante los últimos tres años, su tasa de capitalización se encuentra en un 0.7%, según se desprende del informe trimestral de las finanzas del gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) publicado en mayo pasado.

 

El dato es una referencia al informe actuarial preliminar a junio de 2014, el cual no se ha hecho público y que fue solicitado por EL VOCERO desde hace dos meses sin conseguir su entrega.

 

Una capitalización de 0.7% lo que significa es que prácticamente el total de activos brutos es igual al total de pasivos (liabilities), lo que -en la expectativa a un año- podría dejar al sistema sin la cobertura necesaria para el cumplimiento con sus obligaciones. De quedarse sin la financiación necesaria, de lo cual parece estar bastante cerca y la reforma de 2013 no acaba de concretar todos sus supuestos, fuentes de este diario aseguraron que tendría que surgir nueva legislación y un plan más agresivo del gobierno para inyectarle el dinero para la solvencia del sistema. Eso podría conllevar niveles más altos de aportaciones de los pensionados y una revisión de todos los beneficios que reciben.

 

Si en el informe actuarial del año previo se hablaba de que el coeficiente de financiación era de 3% -es decir, 3 centavos de cada dólar comprometido-, el nuevo número de 0.7% que sale del borrador de la firma Milliman y que el SRE sostiene que aun revisa, sugiere que a todas luces se desvaneció el colchón para atender con eficiencia el reto financiero del sistema ante cualquier eventualidad.

 

Esta situación es vigilada de cerca por los acreedores del ELA con los cuales se busca renegociar la deuda pública de $73,000 millones, ya que un agotamiento de los recursos del SRE llevaría al gobierno central a tener que responder por los pagos a los pensionados, y su predicamento es que no tiene el dinero suficiente.

 

Este asunto lo reconoce la economista y exfuncionaria del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger, en su reciente y ya polémico informe sobre la situación macroeconómica de Puerto Rico, al identificar que según la información que tuvo disponible, los tres sistemas de pensiones para empleados públicos operan con “déficit total”. Krueger destacó que “la combinación de pagos altos por los derechos acumulados a pensionados y los pocos nuevos contribuyentes implica que el déficit finalmente caerá en el gobierno central”.

 

De hecho, la principal oficial financiera del gobierno, Melba Acosta Febo, ha dicho a la prensa que la pérdida de activos en los sistemas de retiro ha continuado y podrían quedar sin liquidez en unos años si no se toman las medidas que defienden.

 

Los activos netos del SER (según el informe trimestral de mayo) estaban en $3.5 mil millones. Sin embargo, a esa cantidad se le reducen alrededor de $3.3 mil millones que es lo que cubre las obligaciones con los bonos, se le añaden otros pasivos y finalmente quedan $210.3 millones neto, como había adelantado este diario en un escrito previo.

 

El Sistema de Retiro de Maestros tiene un coeficiente de financiación de 11.5 por ciento y $1.7 mil millones en activos, mientras en el Sistema de Retiro de la Judicatura es 12.3% y $62.1 millones en activos.

 

Como los datos corresponden a lo que se desprende del informe actuarial preliminar que cubrió hasta junio de 2014, ciertamente en el SRE habrá variaciones en la información, pero se anticipa que el mayor peso será hacia un terreno más negativo.

 

En una entrevista reciente, el nuevo administrador de la Administración de los Sistemas de Retiro, Pedro R. Ortiz Cortés, prácticamente reconoció los números pero fue enfático en que “no es cierto que el sistema se quedará insolvente este año” y defendió que la situación del Retiro “es manejable en el punto de vista que podemos cumplir con nuestras obligaciones”.

 

Al mes, el SRE debe pagar alrededor de $124 millones a los pensionados. De esa cantidad, cerca del 51% no se puede cubrir con los ingresos ordinarios (aportaciones patronales y de empleados suman $80 millones al mes) y el restante 49% o $64 millones debe cubrirlo el Departamento de Hacienda.

 

Para pagarle luego a Hacienda, el SRE se hace de capital mediante la venta de activos -entre otras gestiones-, pero este es un recursos que mengua, tal y como lo ha sostenido Acosta Febo.

 

En esa ecuación de pagos y falta de liquidez al momento de realizar cada desembolso para cumplir con los trabajadores públicos jubilados, es que resulta imprescindible la aportación legislada y acordada por el gobierno, la cual debió sumar $240 millones para los años 2013 y 2014, de lo que llegó menos de la mitad. Dicha aportación especial uniforme es la que se supone que evitaría que los activos del sistema no se reduzcan a menos de los $1,000 millones.

 

Ahora, a la entrada de un nuevo año fiscal y con la divulgación internacional del gobernador Alejandro García Padilla de que la deuda pública no se puede pagar según el contrato con los bonistas, tampoco está el dinero para cubrir las aportaciones para retiro. En el nuevo presupuesto, donde no se incluyeron partidas para obligaciones con bonistas como el próximo pago de $94 millones correspondiente a la Corporación para el Financiamiento Público (que vence este 15 de julio), solo se incluyó $82 millones para el SRE.

 

En adelante, el estado deficitario de Retiro se complicará más, con el nuevo acuerdo para que el sistema deposite todos los pagos en Hacienda cada mes. Hasta ahora, Hacienda emitía los cheques a los jubilados y Retiro le reembolsaba el dinero, pero eso tenía el efecto de “secar” bastante rápido las arcas públicas en lo que llegaba el dinero de los sistemas de pensiones.

 

De acuerdo con cifras que ofreció el SRE, suman a 109,088 las personas que cada mes reciben un cheque del sistema, el cual posee unos 119,975 participantes activos que realizan aportaciones.

 

Tanto los informes actuariales como el reciente documento elaborado por Krueger y su equipo de economistas, sostienen que es un gran reto el crecimiento en el número de pensionados y la reducción de empleados que aportan. Por ejemplo, la cantidad de los que aportan cada vez es menor (en junio 2012 eran 134,566 empleados y en junio de 2013 unos 125,671).

 

En Estados Unidos, entre los fondos de pensiones de empleados públicos con menor coeficiente de financiación figuran Hawaii, Illinois y Kentucky, y fluctúa entre 43% y 53%, según datos de Bloomberg.

 

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

Informe de Auditoría Administración de los Sistemas de Retiro

INFORME DE AUDITORÍA RF-15-06

15 de junio de 2015

Administración de los Sistemas de Retiro

de los Empleados del Gobierno y la Judicaturas

(Unidad 1404 - Auditoria 13913)

Para ver el informe en formato PDF:

Período auditado: 1 de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2014

En Peligro de Insolvencia el Sistema de Retiro

Por Michelle Santiago, Especial para EL VOCERO

 

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, advirtió que si el gobierno no cumple con su aportación hay un peligro de insolvencia.

 

El funcionario explicó en WAPA Radio que “la situación real del Sistema de retiro como hemos trazado los últimos años después de que se hizo la reforma que es la famosa Ley 3 es que el sistema, más allá de su recuperación, necesita una inyección que es de darse cada año. Después del año pasado, por la situación fiscal del país, no se ha logrado.”

 

Santa aclaró que el riesgo de que no haya dinero para pagar los retiros tan pronto como este año “parcialmente, es cierto, en el sentido que, aunque no me parece correcto que es posible que se quede sin dinero estos próximos años, obviamente hay riesgos que su recuperación sea más lenta y por ende yo creo que en un periodo de tiempo más largo hayan dificultades es real”.

 

Según Santa, “el gobierno va a pagar, según lo que he visto en el presupuesto, menos de lo que debe de pagar, pero eso no es bueno tampoco. La realidad es que no hay cuero. Si queremos que el sistema recupere en el tiempo que uno desea que recupere, uno tiene que estar haciendo las aportaciones según estipula la ley”.

 

El ejecutivo advirtió que “anualmente, según el modelo que se hizo, no va a caer nunca en insolvencia, pero tenemos que ser justos con el proceso, esto es si se hace la aportación. En la medida que el gobierno posponga esa aportación, el riesgo de caer en insolvencia es mayor”.

 

Santa elaboró, “lo que tu buscas es que esa cantidad de dinero de inversión, que va a ir bajando poco a poco, en ningún momento en la cartera hayan menos de 1,000 millones, que es más o menos la operación de dos años y que de ahí empiece a recuperar”.

 

La cabeza de la comisión estableció que en el caso de insolvencia, el gobierno podría ir a la corte para pedir que se acepte un pago de un por ciento menor de lo comprometido y citó el ejemplo de Detroit. También mencionó que es posible que el patrono se haga responsable de pagar el retiro o la diferencia de las pensiones.

Tribunal Supremo de Illinois rechaza solución del Estado respecto a su Plan de Retiro

Illinois Bid to Solve $111 Billion Pension Shortfall Is Dead
by Andrew M HarrisElizabeth Campbell
May 8, 2015 — 11:50 AM AST Updated on May 8, 2015 — 4:09 PM AST

Illinois Attorney General Lisa Madigan, pictured, had asked the state’s Supreme Court to resurrect the 2013 law, which sought to cut cost-of-living increases and boost the retirement age.Photographer: Jeff Schear/Getty Images via Bloomberg

The Illinois Supreme Court rejected the state’s solution for its worst-in-the-U.S. $111 billion pension shortfall, handing organized labor a victory while deepening a crisis with national implications. The court unanimously struck down a 2013 law, saying cuts in cost-of-living increases and a higher retirement age violate the state constitution’s ban on reducing worker retirement benefits.

Across the nation, state and local governments grapple with pension deficits that exceed a combined $2 trillion, according to a Moody’s Investors Service report last year. Closing that gap by reducing payments to retirees would abrogate union contracts in many states and even constitutional guarantees. In Illinois, Chicago is grappling with $20 billion in unfunded pension liabilities that threaten its solvency.

“Crisis is not an excuse to abandon the rule of law,” the seven-member Illinois court ruled. “It is a summons to defend it.”

State constitutions have been invoked elsewhere to prevent cuts to public pensions. In Rhode Island, unions settled with the state over cuts before their constitutional challenge could be put to the test. In municipal bankruptcy cases in Detroit and California, judges ruled that federal law can override state bans on cutting pensions.

Illinois Governor Bruce Rauner said he wasn’t surprised by Friday’s ruling. The Republican told reporters in Chicago that the measure “violates basic contract law.” His own pension proposal, which is central to his budget for the coming fiscal year, is legal, Rauner said. He said his plan wouldn’t reduce currently promised benefits.

Downgrade Threat

Friday’s ruling raised the prospect of further downgrades by credit-rating firms. Investors already have been punishing Illinois. Its 10-year bonds yield about 3.7 percent, the highest since November and the most among the 20 states tracked by Bloomberg.

The Illinois bill was signed by former Governor Pat Quinn, a Democrat, in late 2013. A judge blocked the measure before it took effect after public-worker unions sued. Attorney General Lisa Madigan in March asked the high court to resurrect it.

During arguments before the court in March, Solicitor General Carolyn Shapiro argued the state should be able to make laws to protect public welfare and safety during fiscal crisis.

But the judge who voided the law concluded it violated a provision of Illinois’s constitution that bars the diminishment of public-worker retirement benefits. The seven-member high court agreed.

“We do not mean to minimize the gravity of the state’s problems or the magnitude of the difficulty facing our elected representatives,” Justice Lloyd Karmeier wrote. “It is our obligation, just as it is theirs, to ensure that the law is followed.”

Natalie Bauer Luce, a spokeswoman for Madigan, said in an e-mailed statement that, “The Court has provided a definitive interpretation of the Constitution that must now guide the legislature and the Governor.”

Chicago Mayor Rahm Emanuel, a Democrat, drew a distinction between the rejected law and a separate agreement his administration negotiated with some city unions whose members will pay more for fewer benefits.

“That reform is not affected by today’s ruling, as we believe our plan fully complies with the State constitution because it fundamentally preserves and protects worker pensions,” Emanuel said in a statement.

Illinois Republicans lamented the court’s action.

“I respect the Illinois Supreme Court, but disagree with the ruling,” House of Representatives Republican Leader Jim Durkin said in an e-mailed statement. “I am prepared to continue working on meaningful legislative reforms to save our public pension systems.”

Retiree ‘Victory’

Democratic Senate President John Cullerton called the ruling “a victory for retirees, public employees and everyone who respects the plain language of our constitution.”

The outcome, he said, “should be balanced against the grave financial realities we will continue to face without true reforms.”

We Are One Illinois, a coalition of public-worker unions that pressed the legal challenge, applauded the decision.

“With the Supreme Court’s unanimous ruling, we urge lawmakers to join us in developing a fair and constitutional solution to pension funding,” state AFL-CIO President Michael T. Carrigan said Friday in a coalition statement. “We remain ready to work with anyone of good faith to do so.”

 

The case is In Re Pension Reform Litigation, 111585, Illinois Supreme Court (Springfield).