lunes, 8 de agosto de 2016

Ley de retiro beneficia a alcaldes

lunes, 8 de agosto de 2016 - 9:48 AM
Por Wilma Maldonado Arrigoitía


El alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, admitió que, desde que en 2013 se consideraba la aprobación de lo que ahora es la Ley 3 del Sistema de Retiro. (Archivo GFR Media)

El gobernador Alejandro García Padilla firmó un proyecto legislativo que enmienda la Ley 447 del Sistema de Retiro para beneficiar solamente a dos alcaldes entre los cientos de miles de servidores públicos del país.

Los ejecutivos de Peñuelas y Orocovis se jubilarán sin los recortes 2013

Esta legislación les permitirá al alcalde popular de Peñuelas, Walter Torres Maldonado, y al penepé de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, acogerse a los beneficios de pensión que existían antes de que en abril de 2013 se enmendara la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Estado Libre Asociado.

El beneficio inmediato que obtendría Torres Maldonado, de 53 años de edad, y Colón Berlingeri, de 51, es la posibilidad de acogerse a la jubilación a una edad más temprana que el resto de los empleados públicos y un aumento sustancial en el pago que recibirán mensualmente como pensión.

“La diferencia es que ahora (con la ley vigente) tendría que tener 65 años para retirarme y tendría un sueldo (una pensión) de $1,300 mensuales”, precisó Colón Berlingeri en entrevista con El Nuevo Día.

Con la nueva ley, que el gobernador firmó el jueves pasado, Colón Berlingeri puede acogerse al retiro en el momento en que quiera porque la legislación impone una edad mínima de 50 años y él ya la sobrepasó. Además, el ejecutivo municipal orocoveño estimó que su pensión aumentaría a $2,800, al calcularla a base de su sueldo mensual actual de $5,000.

A pesar de que El Nuevo Día solicitó con insistencia una entrevista con el alcalde de Peñuelas, Torres Maldonado no respondió A esa petición.

Se quedaron fuera
El alcalde de Orocovis admitió que, desde que en 2013 se consideraba la aprobación de lo que ahora es la Ley 3 del Sistema de Retiro, tanto él como Torres Maldonado intentaron que no les aplicaran a ellos dos las nuevas condiciones que se les impuso al resto de los servidores públicos.

Cuando se aprobó la nueva legislación sobre los planes de pensión, decenas de alcaldes en Puerto Rico se acogieron al retiro, aunque se mantuvieron en sus cargos, para no perder los beneficios que les aseguraba el plan de pensión que hasta ese momento estuvo vigente, explicó Colón Berlingeri.

“Hubo un ‘boom’ entre los (alcaldes) que tenían la edad y se retiraron”, comentó el alcalde orocoveño.

Pero Colón Berlingeri y Torres Mandolado no pudieron hacer lo mismo.

Aunque para abril de 2013, cuando se aprobó la Ley 3, ambos sobrepasaban los años de servicio requeridos para merecer una pensión, ninguno de los dos contaba con la edad mínima requerida, aunque estaban cerca de cumplirla.

Y esto fue así aun cuando los años de servicio y la edad mínima para que los alcaldes pudieran acogerse al sistema de retiro tampoco eranlos mismos que se les exigía al resto de los empleados públicos, sino que contaban con requisitos privilegiados.

En el caso de los ejecutivos municipales, la edad de retiro podía ser desde los 50 años y con solo 10 años de servicio público, siempre y cuando ocho de esos hubiesen sido en su desempeño como alcalde.

Aunque las enmiendas que se hicieron a la Ley de Sistemas de Retiro en septiembre de 1999, lo que se conoció como Reforma 2000, impusieron cambios en los requisitos para las pensiones de los alcaldes, no fue hasta 2013 que se estableció de manera expresa que les aplicarían las mismas disposiciones y requerimientos de retiro que a los demás servidores públicos.

Así, a los ejecutivos municipales se les incluyó entre los empleados transferidos al nuevo Programa Híbrido de Contribución Definida.

Colón Berlingeri admitió que la ley que le devuelve los beneficios que perdió puede resultar antipática, sin embargo, la cree justa porque “cuando yo entré como alcalde los beneficios eran unos y a mí me los quitaron”.

De intento en intento
Para evitar las disposiciones que les impondría este nuevo estatuto, los alcaldes de Orocovis y Peñuelas evaluaron diferentes estrategias, incluso legales, hasta que se dieron cuenta que el único remedio era la vía legislativa, aseguró Colón Berlingeri. 

Entonces, encontraron en Ramón Ruiz Nieves, senador popular del distrito de Ponce, a la persona dispuesta a presentar el proyecto 1650, que fue firmado por el Gobernador el pasado jueves, justo el mismo día en que El Nuevo Día entrevistaba a los alcaldes sobre el beneficio público que tendría esta legislación.

Colón Berlingeri indicó que el proyecto de ley fue trabajado prácticamente por él y por Torres Maldonado. El senador Ruiz Nieves no contestó a una petición de entrevista.

El título del proyecto ni siquiera da una idea de que se trata de devolverles a estos dos alcaldes beneficios que perdieron bajo la ley que había aprobado esta misma administración.

La redacción del proyecto, además de técnica, es confusa. Es en la segunda página que se menciona que “esta Asamblea Legislativa entiende necesario que se aclaren las disposiciones del Capítulo 5 de la Ley Núm. 447, con respecto a los alcaldes”.

“La Ley Núm. 3-2013 (que enmendó la Ley Núm. 447) no incluyó expresión alguna sobre el estatus de preservación de beneficios de los alcaldes en virtud de dicho estatuto y su derecho a recibir una pensión como alcalde”, señala la medida legislativa.

El proyecto fue presentado el 9 de mayo de 2016 y referido a la Comisión senatorial de Hacienda y Finanzas Públicas, que preside el senador José Nadal Power, quien recomendó su aprobación.

El proyecto no se llevó a vistas públicas y, para su análisis, solo se consideró un memorial explicativo de la Administración de los Sistemas de Retiro, que no presentó objeción a su aprobación debido al mínimoimpacto fiscal que tendría.

El senador Nadal Power tampoco respondió a las solicitudes de entrevista que se le hicieron a través de sus portavoces de prensa, José Cruz y Jossie Vega.

En entrevista con este diario, el administrador del sistema de retiro, Pedro Ortiz Cortés, dijo que, como estimaron que el proyecto solo involucraba entre dos y cinco alcaldes, determinaron que su aprobación no tendría un impacto económico significativo para el sistema.

El proyecto fue aprobado el 30 de junio y enviado al gobernador el 7 de julio.

En el Senado, solo María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), votó en contra de la medida. Irónicamente, el autor del proyecto, el senador Ruiz Nieves, estuvo ausente en la votación. También se ausentó Miguel Pereira.

Mientras que en la Cámara de Representantes votaron en contra los populares José Luis Baéz Rivera, Rafael “Tatito” Hernández, Lydia Méndez y Sonia Pacheco. Del Partido Nuevo Progresista (PNP), le votaron en contra Jenniffer González y Pedro “Peyé” Santiago. Estuvieron ausentes los legisladores del Partido Popular Democrático Luis Raúl Torres, Manuel Natal y Charlie Hernández y los novoprogresistas Antonio Soto, Ángel “Gary” Rodríguez y María Milagros Charbonier.

Ley de retiro beneficia a alcaldes


lunes, 8 de agosto de 2016 - 9:48 AM

Por Wilma Maldonado Arrigoitía


El alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, admitió que, desde que en 2013 se consideraba la aprobación de lo que ahora es la Ley 3 del Sistema de Retiro. (Archivo GFR Media)

El gobernador Alejandro García Padilla firmó un proyecto legislativo que enmienda la Ley 447 del Sistema de Retiro para beneficiar solamente a dos alcaldes entre los cientos de miles de servidores públicos del país.

Los ejecutivos de Peñuelas y Orocovis se jubilarán sin los recortes 2013

Esta legislación les permitirá al alcalde popular de Peñuelas, Walter Torres Maldonado, y al penepé de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, acogerse a los beneficios de pensión que existían antes de que en abril de 2013 se enmendara la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Estado Libre Asociado.

El beneficio inmediato que obtendría Torres Maldonado, de 53 años de edad, y Colón Berlingeri, de 51, es la posibilidad de acogerse a la jubilación a una edad más temprana que el resto de los empleados públicos y un aumento sustancial en el pago que recibirán mensualmente como pensión.

“La diferencia es que ahora (con la ley vigente) tendría que tener 65 años para retirarme y tendría un sueldo (una pensión) de $1,300 mensuales”, precisó Colón Berlingeri en entrevista con El Nuevo Día.

Con la nueva ley, que el gobernador firmó el jueves pasado, Colón Berlingeri puede acogerse al retiro en el momento en que quiera porque la legislación impone una edad mínima de 50 años y él ya la sobrepasó. Además, el ejecutivo municipal orocoveño estimó que su pensión aumentaría a $2,800, al calcularla a base de su sueldo mensual actual de $5,000.

A pesar de que El Nuevo Día solicitó con insistencia una entrevista con el alcalde de Peñuelas, Torres Maldonado no respondió A esa petición.

Se quedaron fuera
El alcalde de Orocovis admitió que, desde que en 2013 se consideraba la aprobación de lo que ahora es la Ley 3 del Sistema de Retiro, tanto él como Torres Maldonado intentaron que no les aplicaran a ellos dos las nuevas condiciones que se les impuso al resto de los servidores públicos.

Cuando se aprobó la nueva legislación sobre los planes de pensión, decenas de alcaldes en Puerto Rico se acogieron al retiro, aunque se mantuvieron en sus cargos, para no perder los beneficios que les aseguraba el plan de pensión que hasta ese momento estuvo vigente, explicó Colón Berlingeri.

“Hubo un ‘boom’ entre los (alcaldes) que tenían la edad y se retiraron”, comentó el alcalde orocoveño.

Pero Colón Berlingeri y Torres Mandolado no pudieron hacer lo mismo.

Aunque para abril de 2013, cuando se aprobó la Ley 3, ambos sobrepasaban los años de servicio requeridos para merecer una pensión, ninguno de los dos contaba con la edad mínima requerida, aunque estaban cerca de cumplirla.

Y esto fue así aun cuando los años de servicio y la edad mínima para que los alcaldes pudieran acogerse al sistema de retiro tampoco eranlos mismos que se les exigía al resto de los empleados públicos, sino que contaban con requisitos privilegiados.

En el caso de los ejecutivos municipales, la edad de retiro podía ser desde los 50 años y con solo 10 años de servicio público, siempre y cuando ocho de esos hubiesen sido en su desempeño como alcalde.

Aunque las enmiendas que se hicieron a la Ley de Sistemas de Retiro en septiembre de 1999, lo que se conoció como Reforma 2000, impusieron cambios en los requisitos para las pensiones de los alcaldes, no fue hasta 2013 que se estableció de manera expresa que les aplicarían las mismas disposiciones y requerimientos de retiro que a los demás servidores públicos.

Así, a los ejecutivos municipales se les incluyó entre los empleados transferidos al nuevo Programa Híbrido de Contribución Definida.

Colón Berlingeri admitió que la ley que le devuelve los beneficios que perdió puede resultar antipática, sin embargo, la cree justa porque “cuando yo entré como alcalde los beneficios eran unos y a mí me los quitaron”.

De intento en intento
Para evitar las disposiciones que les impondría este nuevo estatuto, los alcaldes de Orocovis y Peñuelas evaluaron diferentes estrategias, incluso legales, hasta que se dieron cuenta que el único remedio era la vía legislativa, aseguró Colón Berlingeri. 

Entonces, encontraron en Ramón Ruiz Nieves, senador popular del distrito de Ponce, a la persona dispuesta a presentar el proyecto 1650, que fue firmado por el Gobernador el pasado jueves, justo el mismo día en que El Nuevo Día entrevistaba a los alcaldes sobre el beneficio público que tendría esta legislación.

Colón Berlingeri indicó que el proyecto de ley fue trabajado prácticamente por él y por Torres Maldonado. El senador Ruiz Nieves no contestó a una petición de entrevista.

El título del proyecto ni siquiera da una idea de que se trata de devolverles a estos dos alcaldes beneficios que perdieron bajo la ley que había aprobado esta misma administración.

La redacción del proyecto, además de técnica, es confusa. Es en la segunda página que se menciona que “esta Asamblea Legislativa entiende necesario que se aclaren las disposiciones del Capítulo 5 de la Ley Núm. 447, con respecto a los alcaldes”.

“La Ley Núm. 3-2013 (que enmendó la Ley Núm. 447) no incluyó expresión alguna sobre el estatus de preservación de beneficios de los alcaldes en virtud de dicho estatuto y su derecho a recibir una pensión como alcalde”, señala la medida legislativa.

El proyecto fue presentado el 9 de mayo de 2016 y referido a la Comisión senatorial de Hacienda y Finanzas Públicas, que preside el senador José Nadal Power, quien recomendó su aprobación.

El proyecto no se llevó a vistas públicas y, para su análisis, solo se consideró un memorial explicativo de la Administración de los Sistemas de Retiro, que no presentó objeción a su aprobación debido al mínimoimpacto fiscal que tendría.

El senador Nadal Power tampoco respondió a las solicitudes de entrevista que se le hicieron a través de sus portavoces de prensa, José Cruz y Jossie Vega.

En entrevista con este diario, el administrador del sistema de retiro, Pedro Ortiz Cortés, dijo que, como estimaron que el proyecto solo involucraba entre dos y cinco alcaldes, determinaron que su aprobación no tendría un impacto económico significativo para el sistema.

El proyecto fue aprobado el 30 de junio y enviado al gobernador el 7 de julio.

En el Senado, solo María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), votó en contra de la medida. Irónicamente, el autor del proyecto, el senador Ruiz Nieves, estuvo ausente en la votación. También se ausentó Miguel Pereira.

Mientras que en la Cámara de Representantes votaron en contra los populares José Luis Baéz Rivera, Rafael “Tatito” Hernández, Lydia Méndez y Sonia Pacheco. Del Partido Nuevo Progresista (PNP), le votaron en contra Jenniffer González y Pedro “Peyé” Santiago. Estuvieron ausentes los legisladores del Partido Popular Democrático Luis Raúl Torres, Manuel Natal y Charlie Hernández y los novoprogresistas Antonio Soto, Ángel “Gary” Rodríguez y María Milagros Charbonier.

lunes, 27 de junio de 2016

Regalito para alcaldes en el cierre de sesión legislativa

(Archivo / Noticel)

27/06/2016 05:02am

Tres años después de la controvertible Reforma de Retiro y con la crisis de retiro de los maestros todavía sin resolver, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto manejado sin vistas públicas que tiene el efecto de proteger a algunos alcaldes del efecto de dicha reforma.

El Proyecto del Senado 1650, del senador Ramón Ruiz Cruz, tiene la intención formal de "aclarar" algunas disposiciones de la Reforma de Retiro relativas a los alcaldes porque dicha ley "no incluyó expresión alguna sobre el estatus de la preservación de beneficios de los alcaldes... y su derecho a recibir una pensión como alcalde".

El cambio que trae el proyecto para la ley es una obligación de respetarle a los alcaldes "la preservación de los beneficios acumulados" para los que hubieran comenzado su servicio antes del 1 de enero de 2000 y que al 30 de junio de 2013 no fueran participantes del sistema de Cuentas de Ahorro que estableció la Reforma. Lo que se le "preserva" es los años de servicio acumulado y la forma de calcular la retribución promedio. Además, le abrió la oportunidad a que los alcaldes que no hubieran cumplido 50 años a la fecha de la Reforma en 2013, puedan seguir optando por el sistema de pensión de los alcaldes que ya los habían cumplido. Ese sistema le garantiza a los alcalde una pensión de entre 75 y 90% del sueldo, cuando, bajo los efectos de la Reforma, el empleado público promedio sólo podría apuntar a hasta un 40% máximo. Además, los alcaldes son elegibles a pensión con sólo 10 años de servicio, ocho de ellos como alcalde.


En el trámite de la medida sólo hubo una vista ejecutiva y sólo se contó con la participación de la Administración de los Sistemas de Retiro, que la avaló por entender que "el impacto al Sistema sería ínfimo". El actual director de la Administración, Pedro Ortiz, es un exasesor de La Fortaleza e hijo de un abogado popular que mantiene contratos de consultoría con municipios afiliados a dicha colectividad.

En la Cámara de Representantes, el proyecto lo tramitó Jesús F. Santa.

Ver el Informe Positivo del Proyecto del Senado 1650 recomendando su aprobación emitido por el Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público, Jesús F. Santa Rodríguez.


jueves, 23 de junio de 2016

Casi 300 empleados de colegios católicos demandan al Arzobispo de San Juan

Por Radio Isla - Jun 17, 2016


Un grupo de 270 empleados docentes y no docentes de los Colegios Católicos radicaron una demanda en el Tribunal Federal por 50 millones de dólares contra la Arquidiócesis de San Juan ante el anuncio de la eliminación, retroactiva, del Plan de Pensiones y solicitaron un Interdicto Preliminar (Preliminary Injunction”) para paralizar el uso y la repartición de los fondos.

El representante legal del grupo, licenciado Francisco Amundaray, indicó que también se solicitó una Orden de Restricción Temporera con igual fin, sin requerimiento de una vista.

De igual manera, sostuvo que los demandantes radicaron la demanda por la supuesta la negativa de la Superintendencia de Colegios Católicos de la Arquidiócesis de San Juan de abrir los libros y de reunirse para buscar solución al problema.

“A esos fines, redacté una carta donde les hice saber cuáles fueron las violaciones que realizaron a la Ley ERISA y que estábamos en la mejor disposición de reunirnos”, sostuvo Amundaray en comunicado de prensa

Los demandantes alegan que los administradores del Plan de Pensiones de los Colegios Arquidiocesanos violaron varios estatutos de la Ley Federal Employee Retirement Income Security Act of 1974, conocida como ERISA, en la cual existen regulaciones en cuanto a las inversiones que se realizan de los fondos y los procedimientos administrativos del mismo.

De igual modo, indican que nunca hubo una comunicación oficial de la Junta de Síndicos del Plan de Pensiones de que el plan confrontaba problemas económicos.

Los Colegios involucrados en la demanda son: Academia San Jorge, Nuestra Sra. De La Providencia, Colegio San Benito, Colegio María Auxiliadora, Colegio Católico Notre Dame, Colegio Nuestra Sra. De la Piedad, Colegio San Antonio, Colegio San Antonio Abad, Colegio Nuestra Sra. De Lourdes, Colegio Sagrado Corazón, Colegio Nuestra Sra. De la Guadalupe, Colegio San José de Caguas, Colegio Santa Rosa y Academia Perpetuo Socorro. Se espera que otros colegios se unan al reclamo.

Maestros demanda a la Arquidiócesis de San Juan

Tue, Jun 7, 2016
VI-ES-ART-25572-8b3e498c83
Por redacción de Sin Comillas
Un grupo de 66 maestros, empleados y ex empleados de la Academia del Perpetuo Socorro (APS) radicó una demanda contra la Arquidiócesis de San Juan de $4.4 millones por beneficios adquiridos.  Los demandantes plantean que tienen derechos adquiridos bajo el Plan de Pensión para Empleados de Escuelas Católicas y que no pueden ser eliminados retroactivamente. Los demandantes han trabajado más de 10 años para APS y para la Iglesia Católica, lo cual los cualifica para recibir los beneficios del Plan.

La demanda (Yali Acevedo Feliciano, John A. Williams Bermúdez vs. La Santa Iglesia Católica de la Isla de Puerto Rico) fue radicada ayer en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.  La demanda solicita una orden de cese y desista y/o “injunction”, sentencia declaratoria, cumplimiento de contrato, impedimento por actos propios, daños y perjuicios.

La Arquidiócesis de San Juan anunció que daría por terminado el Plan de Pensión efectivo el 30 de junio de 2016.  Los pensionados afectados fueron notificados el mismo día que se hizo el anuncio mediante comunicado.Unos 1,065 pensionados y unos 600 maestros adicionales que estaban por jubilarse de varios colegios católicos en el Área Metropolitana serán afectados.

Los demandados alegan que no se les dio tiempo suficiente para prepararse ante esta eventualidad y que cuentan con el dinero de su pensión para costear gastos de vivienda, salud, alimentación, entre otros.  Algunos de ellos son personas mayores de edad con condiciones de salud que les impiden trabajar o suplementar esos ingresos de otra fuente.

Según la demanda, el Plan de Pensión era de carácter “perpetuo” y solo se podía retirar “por el cierre de la institución o por probada quiebra económica…después de haber pagado la deuda contraída con sus empleados”.

La Arquidiócesis de San Juan creó el plan de pensión en 1979 y para administrarlo se creó el Fideicomiso del Plan de Pensión para Empleados de Escuelas Católicas con el propósito de administrar los recursos del Plan de Retiro. La duración del plan estaba estipulada como perpetua, a menos que la escuela cerrara o tuviera probada quiebra económica, después de haber pagado la deuda contraída con sus empleados.

viernes, 3 de junio de 2016

Auditoría advierte insolvencia de Retiro para 2017


NotiCel
03/06/2016 04:49 am

Una auditoría de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) reseñada por Bloomberg señala que la caja de pensiones quedará insolvente en un año si no incrementan las aportaciones.

La auditoría correspondiente al año fiscal terminando en 2014 a cargo de la firma KPMG, publicada en el portal cibernético de la Junta Reglamentadora de Valores Municipales, indica que Retiro solo cuenta con .27% de fondos para cubrir los $30.2 billones prometidos a pensionados actuales y futuros.

Si no recibe más fondos, la ASR quedaría insolvente a julio de 2017.

En marzo, una auditoría de de la Contralora de Puerto Rico señaló que la falta de mantenimiento en la cartera de préstamos personales y de viajes culturales de la ASR, propicia que no cuente con información actualizada y confiable en la toma de decisiones financieras y en el ejercicio de un control adecuado sobre los préstamos morosos. A su vez, la Cámara de Representantes de Puerto Rico evalúa un proyecto que enmendaría la Ley 447 de 1951 para crear una entidad adscrita a la ASR que estaría autorizada a originar préstamos personales a los participantes y pensionados del Sistema como mecanismo adicional para proveer liquidez a la Administración.

Además de la obligación con los pensionados, el gobierno del Estado Libre Asociado enfrenta la presión de sus acreedores que buscan cobrar la deuda de más de $70 billones, de la cual el gobierno ha incurrido en varios impagos.

Al momento, la Cámara de Representantes federal está por discutir un proyecto de ley, conocido como 'PROMESA' que crearía una Junta de Control Fiscal para regular el presupuesto y gastos del gobierno, así como la reestructuración de las deudas. Luego deberá pasar al Senado, donde ya varios congresistas demócratas han expresado su oposición por los amplios poderes que la medida concede a esta junta.

Retiro asegura solvencia hasta 2019

Hillary Román Serrano para NotiCel
03/06/2016 04:15 pm


Ante una auditoría de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) que señala que la caja de pensiones quedará insolvente en un año si no incrementan las aportaciones, muchos son quienes ven sus ganancias en problemas y guardan sus esperanzas en la posible llegada de una Junta de Control Fiscal.

La auditoría correspondiente al año fiscal terminando en 2014 a cargo de la firma KPMG, publicada en el portal cibernético Bloomberg, indica que Retiro solo cuenta con .27% de fondos para cubrir los $30.2 billones prometidos a pensionados actuales y futuros. Un escenario como este, dejaría a la ASR insolvente tan pronto como en julio de 2017, lo que pudiera generar que se afecten los beneficios económicos de miles de pensionados.

Ante esto, la licenciada Desireé M. Borges Tosado, directora de la oficina de comunicaciones de la ASR, indicó a NotiCel que a pesar de lo cierto de las cifras, “el Sistema de Retiro cuenta con activos brutos suficientes para continuar operando con normalidad hasta el año 2019”.


Asimismo, Borges Tosado, aclaró que estas circunstancias no significan “que en este momento eso lleve a una reducción de beneficios”, a la vez que aprovechó para mencionar que debido a la fecha de normalidad establecida, la situación requiere “atención del Gobierno Central”.

Esta “atención”, pudiera llegar por parte de la Cámara de Representantes Federal, donde está por discutirse el proyecto de ley Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA, por sus siglas en inglés), que crearía una Junta de Control Fiscal para regular el presupuesto y los gastos del gobierno puertorriqueño, así como la reestructuración de sus deudas.

El plan trazado por PROMESA persigue un alivio a corporaciones públicas que como esta, están sumadas a un claro marco de problemas económicos.

A pesar de esto, el aplacamiento que pudiera generar la medida fue puesto cuestionado por el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, cuando hoy se conoció un documento que establece que PROMESA pretende “ aumentar los ingresos-de las cantidades transferidas a la junta de supervisión por parte del gobierno de Puerto Rico para cubrir los gastos por la junta de $ 370 millones de dólares”.

Casualmente, esta cifra representa más del 60% de la deuda pública generada por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la cual asciende a $470 millones y venció el pasado mayo, generando que el gobierno incurriera en un impago.

Mientras, la debacle económica no es el único problema que señala la auditoria, pues en la misma se propicia que la ASR “no cuenta con información actualizada y confiable en la toma de decisiones financieras”, a lo que la licenciada reaccionó diciendo que “esa información es incorrecta”.

“El Sistema de Retiro publica anualmente un informe actuarial en el cual se detalla su situación financiera. Este informe ofrece transparencia de nuestra realidad. Los informes actuariales se publican en nuestra página de Internet para que nuestros participantes, pensionados, beneficiarios y medios de comunicación puedan tener acceso al mismo. Próximamente se estaremos publicando los informes actuariales correspondientes al año 2014-2015”, concluyó Borges Tosado.

martes, 17 de mayo de 2016

Crónica de la Muerte de un Sistema de Retiro

Para ver el escrito completo oprima aqui.

La Exposición de Motivos de la Ley Num. 3-2013, nos ilustra que el fin público perseguido por el Estado, al aprobar la disposición legal indicada, lo constituía atender la erosión total de los activos del sistema de retiro público y evitar la degradación del crédito de Puerto Rico al llamado nivel "chatarra". El Tribunal Supremo de Puerto Rico, inducido al error por el propio Poder Ejecutivo en contubernio con el Legislativo, validó la mal llamada reforma del Sistema de Retiro bajo la falsa premisa de que no existían medidas menos onerosas para lograr ese fin. "El sustento de miles de servidores públicos merecía un Tribunal que examinara a cabalidad sus planteamientos de acuerdo con la prueba que en su momento se presentara, y no que se atendieran sus reclamos mediante una decisión que valida, cual sello de goma, los argumentos del Estado". Recordemos las expresiones del Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico hace unos años atrás, "no haberles provisto a las partes una oportunidad adecuada de probar sus puntos de vista y disponer del caso sin el rigor que nos exige una controversia como la de autos, es a todas luces contraria al principio de igualdad procesal que debe regir todo proceso judicial (...) priva a los empleados públicos afectados de sus derechos adquiridos sin tan siquiera haberles provisto un proceso judicial completo y transparente …". Sin embargo, y luego de privar a todos los empleados públicos de sus derechos adquiridos sin tan siquiera haberles provisto un proceso judicial completo y transparente resolvieron a su favor, para proteger sus propios intereses, convirtiéndose en jueces y parte de la controversia que afectaba su propio sistema de retiro.

Una medida legislativa que menoscaba relaciones contractuales es necesaria si no existen medidas legislativas alternas que logren la obtención del fin público perseguido de manera menos drástica. Al momento de aprobarse la Ley Num. 3-2013, los miembros de la Cámara y el Senado, y las entidades y los sectores de nuestra sociedad que representaban a los empleados públicos afectados, presentaron una miríada de alternativas razonables y menos drásticas a la Ley Num. 32013, las cuales prometían allegar una cantidad significativa de fondos recurrentes al sistema de retiro público. Estas numerosas alternativas hubiesen resuelto el problema de flujo de caja del sistema de retiro, evitando así la necesidad de imponer sobre los hombros frágiles de los empleados públicos, la carga onerosa de los déficits creados negligentemente por el Estado. Ante la disponibilidad abrumadora de medidas alternas que hubiesen evitado el menoscabo contractual, resulta forzoso concluir que la Ley Núm. 3-2013 no era necesaria.

De igual forma, la Ley Núm. 3-2013 tampoco es razonable en su naturaleza. Una medida legislativa es razonable tan solo si los efectos que se pretenden mitigar con su promulgación no eran previsibles o intencionados por el Estado al momento en el cual contrajo la obligación menoscabada. Cuando analizamos la Ley Núm. 3-2013 a la luz de este crisol, encontramos que los efectos que pretende mitigar fueron previstos desde la fecha en que se creó el sistema de retiro público. Peor aun, las acciones y omisiones del Estado por los pasados 65 años han sido esfuerzos que han agravado la crisis que hoy pretende remediar, a costas del bienestar de miles de empleados públicos inocentes.

Concretamente, desde el 15 de mayo de 1951, fecha en la cual se creó el sistema de retiro, el Estado conocía que el mismo sufría de un déficit actuarial millonario que debía atajar con prontitud. Desde el 1957 hasta el presente, la Oficina del Contralor y otras entidades financieras públicas y privadas, pronosticaron el crecimiento desbocado de este déficit y aconsejaron al Estado respecto a la necesidad de atender la crisis financiera del retiro oportuna y adecuadamente.

A su vez, el Gobierno conocía que, por virtud del número significativo de participantes del sistema de retiro prontos a retirarse, el déficit actuarial quedaría agravado por un déficit en el flujo de efectivo, el cual incidiría sobre la liquidez del sistema y la fuente de pago de los beneficios de los empleados. A pesar de estas exhortaciones e indicios de peligro, el Estado se cruzó de brazos y permitió que los déficits trogloditas crecieran desmedidamente.

Peor aún, el Estado se convirtió en agente activo de la crisis que veía venir, tomando acciones en detrimento de la liquidez del fondo de retiro. Según lo expuesto anteriormente, el Estado:

(1) aprobó un número significativo de leyes especiales que concedieron unos beneficios adicionales a la anualidad de retiro;
(2) mantuvo en un nivel insostenible el porcentaje mínimo de las aportaciones patronales y de los empleados;
(3) emitió bonos garantizados por las aportaciones patronales requeridas para el pago de beneficios de retiro, y
(4) otorgó un sin número de préstamos que comprometieron la liquidez del sistema.

Por causa de estas acciones, desde el 1954 al presente, los déficits indicados continuaron su ascenso a niveles insostenibles. Mientras tanto, el Estado se hizo el desentendido y se convirtió en el principal responsable de lo que hoy, en aras de evadir responsabilidad, pretende catalogar como una "acción inevitable". Nada más lejos de la verdad. Todo lo reseñado apunta a que esta crisis era previsible desde el momento en el cual se creó el sistema de retiro que hoy se encuentra al borde del abismo. Así mismo, las acciones y omisiones del Estado han sellado el fracaso del sistema, en aras de atender otros intereses de menor importe social.

En resumidas cuentas, las cargas impuestas a los trabajadores puertorriqueños por virtud de la Ley Núm. 3-2013 no eran necesarias ni razonables. Peor aun, toda legislación que procure menoscabar relaciones contractuales debe ser temporera en su naturaleza. Los cambios introducidos por la Ley Núm. 3-2013 no tienen un ámbito de aplicabilidad limitada. De manera que era forzoso concluir que esta medida legislativa adolecía de vicios de inconstitucionalidad desde su origen.

Sin embargo, la Ley Núm. 3-2013, la cual solo puede interpretarse como la opción más drástica disponible en el arsenal legislativo del Estado, produjo la nefasta realidad de:

(1) acelerar la decisión de jubilación y la renuncia de los servidores públicos, ocasionando la erogación de fondos no previstos; 
(2) aumentar de manera dramática e irrazonable los años de servicio requeridos a un empleado para jubilarse;
(3) reducir los beneficios de jubilación acordados cuando fue nombrado;
(4) agravar la crisis económica y social que atraviesa Puerto Rico, al impedir que los empleados públicos puedan cumplir cabalmente con sus deudas contraídas, ya que al momento de jubilarse no contaran con los ingresos esperados y planificados para su jubilación;
(5) limitar las opciones de los servidores públicos, quienes no gozan de alternativas con relación al disfrute de las aportaciones que realizaron;
(6) promover la inestabilidad emocional, afectando la salud y el bienestar de los servidores públicos, quienes desconocen el monto con el que podrán contar al momento de retirarse; e

(7) impedir que el empleado público pueda ahorrar debido a que se gravan sus fondos al aumentar sus aportaciones y requerírsele que adquieran un seguro de incapacidad y que aporten al pago de la administración del sistema.

Al así obrar, de forma unilateral, el Estado canceló su compromiso laboral con los genuinos servidores públicos con verdadera vocación de servicio, hombres y mujeres que invirtieron lo mejor de su vida productiva, sus años mas fecundos laboralmente, confiados de que al final de su vida laboral el Estado honrara los compromisos contraídos permitiéndoles así el disfrute bien merecido de un digno retiro laboral. Tamaña sorpresa, decepción y frustración la que han experimentados aquellos que como reconocimiento a sus años de buen servicio al pueblo de Puerto Rico fueron condenados a asumir la carga de los errores cometidos por el Estado.

Hay que crear consciencia de la responsabilidad histórica que el Estado tiene con los pensionados, los empleados públicos, los contribuyentes y con futuras generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas. El Estado tiene la obligación de asumir dicha responsabilidad y decretar soluciones razonables y necesarias para que, por un lado, se evite la erosión total de los activos del Sistema de Retiro de los Empleados Públicos y con ello una catástrofe económica sin precedentes para el país y, por el otro, se protejan los beneficios de retiro para los miles de servidores públicos activos y retirados de modo que cuenten con un retiro justo y digno para su vejez. Como parte de dicha responsabilidad hay que atender el asunto de las llamadas "Leyes Especiales" que consisten de una serie de leyes que concedieron beneficios adicionales a los provistos originalmente por la Ley 447.

Resulta innegable que algunos de estos beneficios experimentaron recortes o eliminación como parte de la reforma integral al Sistema de Retiro impuesta por la Ley Núm. 3-2013. Pero la eliminación y/o el recorte de otros provocó serios efectos negativos a miles de retirados en la atención de sus necesidades vitales. De igual manera, es necesario inyectar nuevos ingresos al fondo mismo de los pensionados. Es necesario presentar legislación amparada en fuentes de ingresos existentes, recurrentes y con la capacidad de generar la cantidad de dinero necesaria para cumplir con sus obligaciones y salvar de forma definitiva el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es menester identificar fuentes de ingresos recurrentes para cumplir con la misión social de proteger el Sistema de Retiro sin tener que gravar directamente el bolsillo del contribuyente individual o de las pequeñas y medianas empresas que operan en Puerto Rico.

viernes, 11 de marzo de 2016

Abogan por inyección al Retiro

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Representante Santa urge $352 millones de las economías que genere cualquier reestructuración de la deuda 

Por Laura M. Quintero, EL VOCERO

Si la administración de Alejandro García Padilla quiere salvar el Sistema de Retiro de Empleados del gobierno, debe comprometer al menos $352 millones de las economías que genere cualquier reestructuración o moratoria del pago de la deuda pública, para hacer las aportaciones adicionales que corresponden a este año fiscal.

El presidente de la Comisión de Sistemas de Retiro en la Cámara de Representantes, Jesús Santa, así lo exigió ayer al argumentar, en entrevista con EL VOCERO, que cualquier economía que redunde de una reestructuración o moratoria de la deuda del gobierno central, debe ser utilizada de forma urgente y prioritaria para salvar el Retiro, cuyos activos netos se agotaron en el año fiscal anterior y los activos brutos proyectan agotarse en tres años.

Santa abogó para que el gobierno priorice una inyección de $352 millones en aportaciones adicionales tal como indica el actuario que son necesarios para evitar una disminución de $1,000 millones en activos brutos.

“Si no se paga en su totalidad y la reserva de $1,000 millones no se mantiene, el sistema tendrá problemas de liquidez y puede estar obligado a vender activos ilíquidos, en una pérdida significativa a un mayor detrimento del sistema”, advierte el actuario.

A la luz del propio informe actuarial preparado por la firma Milliman, los activos netos están sin fondos desde el año fiscal 2015. Si las contribuciones especiales y los aumentos en las aportaciones patronales, que aprobó este gobierno en la reforma del retiro, “no se pagan en su totalidad en una base anual, el Sistema de Retiro de Puerto Rico se seguirá descapitalizando rápidamente y sus activos brutos se agotarán”, advierte el actuario.

La proyección que reitera el gobierno, conforme al informe actuarial, es que los activos brutos se agotarán en el año 2019. Esas proyecciones son, sin embargo, bastante conservadoras puesto que el gobierno, para seguir su operación, ha estado vendiendo activos brutos y para pagar las pensiones. “El gobierno sigue operando solo porque el gobernador autorizó más de un billón en acciones costosas, a corto plazo y de emergencia para poder tener liquidez”, entre otras cosas porque “los activos de las pensiones, ya severamente empobrecidos, se están vendiendo para financiar la operación del gobierno”, reveló el principal asesor del Tesoro, Antonio Weiss, en vista congresional.

Un análisis de la Service Employees International Union (SEIU), Capítulo de Puerto Rico, estima que los activos brutos se agotarán en un período de ocho meses, dado a que los informes cuentan con “activos ilíquidos”, que son más difíciles de vender.

El representante Santa aseguró a este rotativo que ha sostenido conversaciones con la principal oficial financiero del gobierno, Melba Acosta Febo, por lo que puede dar fe que la administración García Padilla está consciente de la necesidad de atender los sistemas de retiro para evitar que perjudiquen aún más la economía de la Isla. Acosta Febo indicó a preguntas de EL VOCERO que “el proceso de la reestructuración de deuda fue diseñado incluyendo la Aportación Adicional Uniforme contemplada en la Ley 160-2013 como parte de los gastos que tienen que ser financiados por el gobierno central y los demás patronos para asegurar la solvencia del Sistema. También en la reestructuración de la deuda del gobierno central, además de Cofina, GOs, etc, se está incluyendo los $3 mil millones de los Pension Obligation Bonds que son los bonos propios de Retiro, lo cual tendría un impacto positivo en su estado de situación y cash flows”.

Sin inyección de dinero, el sistema quedaría insolvente a mayor prontitud, lo cual le inhabilitaría para pagar sus pensiones. El gobierno necesitaría entonces presupuestar el pago de pensiones al Fondo General, lo cual a su vez limitaría otros servicios, advirtió Santa.

El Sistema de Retiro paga unos $1,400 millones al año en pensiones, según datos provistos por el administrador Pedro Ortiz Cortés, quien dijo que “sacar ese dinero de la economía en caso que el sistema quede insolvente, no es conveniente para nadie”. En las vistas congresionales, el republicano Mick Mulvaney, de Carolina del Sur, se expresó furioso con la propuesta de la Casa Blanca de priorizar el pago de pensiones sobre los bonos, mientras el republicano Scott Tipton, de Colorado, cuestionó la posibilidad de recortar las pensiones. Sin embargo, el analista económico de Moody’s, Mark Zandi, quien participó como panelista, marcó un contraste entre el recorte a los bonistas frente a los pensionados del gobierno. “Los pensionados son residentes de la Isla. Los acreedores se distribuyen en todo el mundo. El dolor sería mucho más fuerte en la Isla”, sensibilizó.

Aún cuando las conversaciones sobre reestructuración de la deuda del gobierno central se encuentran en una etapa muy preliminar y el Congreso de Estados Unidos aún no cuenta con los votos para legislar a favor de esta herramienta, desde la Cámara de Representantes en Puerto Rico se anticipan otros proyectos.

El representante Santa informó que trabajan en un borrador de un proyecto de ley que radicará a finales de marzo o principios de abril, para dar herramientas que permitan aumentar el rendimiento de la cartera de inversiones.

viernes, 4 de marzo de 2016

Gobierno respira por dinero de pensiones


El Tesoro federal confirmó que el gobierno no ha cerrado porque usa los activos de los Sistemas de Retiro, tal y como reseñó en primicia EL VOCERO, y además abordó el alcance de una junta de supervisión fiscal para la Isla 


Por Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO – 02/26/2016 4:03 am

En la recta final del término para que el Congreso de Estados Unidos considere legislación para atender la crisis fiscal en la Isla, la Cámara federal escuchó ayer la confirmación de que la administración de Alejandro García Padilla ha estado usando los activos de los Sistemas de Retiro para poder continuar operando y la propuesta del gobierno de Barack Obama para crear una junta de supervisión fiscal federal que vigile las operaciones públicas y viabilice una reestructuración de la deuda.

Antonio Weiss, principal asesor del secretario del Tesoro, Jacob Lew, se sentó ayer ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, donde explicó que la junta de supervisión fiscal que impulsa la administración Obama, es una que sea “fuerte”, pero que cuente con el aval de los políticos electos aquí. Weiss explicó que el presupuesto y las decisiones contributivas seguirían en manos de los políticos puertorriqueños, a menos que interfieran con el plan a cinco años que se les presentaría a los bonistas para lograr la reestructuración de la deuda. Weiss dejó saber además que los bonistas recibirían un recorte en sus ganancias como parte de esta reestructuración. Al mismo tiempo se activaría una moratoria de los pagos a la deuda.

“El gobierno sigue operando solo porque el gobernador autorizó más de un billón en acciones costosas, a corto plazo y de emergencia para poder tener liquidez. Los reintegros no se han enviado a los contribuyentes. Los activos de las pensiones, ya severamente empobrecidos, se están vendiendo para financiar la operación del gobierno”, reveló Weiss. “El dinero destinado a pagar a un grupo de deudores fue usado para pagar otras deudas. Las demandas inevitables ya comenzaron. Si no actuamos, la crisis va a escalar”, anticipó.

Aún no es seguro que un proyecto como el propuesto por el Tesoro federal cuente con el aval de la mayoría republicana en el Congreso. En la vista de ayer fueron varios los republicanos que cuestionaron el efecto que tendría este tipo de legislación en la credibilidad de los estados de Estados Unidos ante los mercados de bonos, así como la necesidad de tener los estados financieros auditados antes de avalar una legislación como la propuesta. Los demócratas añadieron ahora nuevas condiciones para favorecer la medida. Durante la vista de ayer se habló de garantizar que el proyecto incluya paridad en fondos para salud, la garantía del crédito por trabajo a los puertorriqueños, que sea un proyecto que cobije también a otros territorios y – según pidió el congresista José Serrano – que tenga una expresión sobre la necesidad de atender el estatus de la Isla.

El comisionado residente, Pedro Pierluisi, no precisó ayer si estarán los votos para garantizar la aprobación de esta legislación que aún no ha sido radicada y que ahora comenzará un proceso de redacción.

Dijo estar “cautelosamente optimista” de que se cuajará la medida.

“Estaré luchando sin descanso por el pueblo de Puerto Rico y tengo muchos aliados en esta lucha”, dijo en declaraciones escritas.

Weiss ofreció ayer algunos detalles sobre lo que la administración Obama entiende que debe ser esta junta. La misma debería proteger la “autonomía” de Puerto Rico y ser claramente una legislación que aplique solo a Puerto Rico, enmarcada en la cláusula territorial.

Esta junta de supervisión fiscal – según la describió Weiss – no tendría poder para crear el presupuesto ni decidir sobre los impuestos, pero sí verificaría estas decisiones para garantizar que cumplan con un plan a cinco años que servirá para renegociar la deuda.

Weiss aseguró que todos los deudores deben sentarse a renegociar las deudas y afirmó que todos los bonistas verán reducidas sus ganancias como parte de esta renegociación de la deuda.

Fueron varias las veces que los congresistas preguntaron por la falta de estados auditados y la posibilidad de que el desarrollo en la Isla no sea posible, situación que atribuyeron principalmente al estado de las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Weiss insistió en que hay interés en el mercado privado para remodelar estas plantas, pero dijo que no sucederá si los inversionistas no se sienten seguros con un plan como el propuesto por su administración. Reiteró que no está solicitando incluir a Puerto Rico en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal y que la administración no dará un rescate a la Isla.

“Lo que proponemos es una autoridad para reestructurar la deuda, dentro de la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, que aplicaría a todas las deudas de Puerto Rico. Esto le daría a Puerto Rico las herramientas que necesita para llegar a acuerdos con sus acreedores y ajustaría su deuda a un nivel que se pueda pagar”, explicó. “Esta autoridad no aplicaría a los estados, que tienen una relación diferente con el gobierno federal bajo la décima enmienda de la Constitución. Esta autoridad dependerá de que se cree una junta de supervisión que sea fuerte e independiente”.

El congresista republicano Raúl Labrador, oriundo del Municipio de Carolina, cuestionó a Weiss si a su entender hay ambiente en la Legislatura de Puerto Rico para darle paso a los trabajos de esta junta.

Fue entonces cuando Weiss contestó que “creo que la Legislatura no entiende lo que significa esta junta, ni la gente tampoco y creo que es por una razón muy simple: no les hemos dicho cómo va a ser. Tendríamos que diseñar esto y convencer a la Legislatura y a la gente de Puerto Rico de que puede ser efectiva”.

Labrador preguntó entonces a qué se refería Weiss cuando dijo que esta junta respetaría la “autonomía” de la Isla, a lo que este contestó que “ninguna autoridad federal podrá ir por encima de los oficiales electos. Pero, por los malos manejos, los inversionistas han perdido la confianza y entendemos que con los números correctos, podremos conseguir mejor inversión y mejores oportunidades de empleo”.

Aunque no son miembros del Comité, a la vista de ayer también se dieron cita los congresistas de origen puertorriqueño, Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez, quien cuestionó a Weiss por qué no se proponía en vez la eliminación de las leyes de cabotaje. Abogó además por celebrar una vista en Puerto Rico para discutir este tema.

Cómo funcionaría la junta fiscal, según Weiss:

• Su sede sería en San Juan y estaría formada en su mayoría por puertorriqueños con peritaje en el tema fiscal y sin conflictos de interés.

• No prepararía el presupuesto ni decidiría sobre los impuestos, pero sí haría recomendaciones. Si el presupuesto choca con el plan a 5 años que se le presente a los bonistas, la junta intervendría.

• Podrá realizar auditorías y estimados de ingresos de forma independiente. Tendrá herramientas para hacer cumplir lo dispuesto, incluyendo ordenar al gobierno que haga cambios.

• Será necesario tener autorización de la junta antes de que Puerto Rico pueda comenzar el proceso de reestructurar su deuda.

• La junta estará vigente hasta que los presupuestos estén balanceados y Puerto Rico gane acceso a los mercados.


martes, 26 de enero de 2016

Pensionados no son los primeros

El primer ejecutivo admitió que para poder pagar la nómina de los empleados públicos y la deuda garantizada ha tenido que dejar de hacer la aportación patronal al Sistema de Retiro de los Empleados Públicos

Por Laura M. Quintero, EL VOCERO

Como si el presente y el futuro de la población puertorriqueña estuviesen encontrados, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, confirmó a EL VOCERO que su administración ha preferido asegurar los pagos de nómina y obligaciones generales aunque sea a costa de dejar desprovisto el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos (SRE).

Dado a escoger entre el presente y el futuro de la Isla – disyuntiva que él mismo planteó al ser cuestionado sobre la disminución de las aportaciones patronales a retiro – el primer ejecutivo elegiría el presente, esto es, la nómina gubernamental, el pago de la deuda de obligaciones generales y otros gastos operacionales para mantener el gobierno abierto.

“Eso es parte de la crisis en que vivimos: si yo tengo que escoger entre pagar la nómina del (día) 15 o del (día) 30 o hacer unas aportaciones a un fondo (de retiro) que si no resolvemos la crisis, se quedaría sin fondos en 2018 o 2019, voy a pagar la nómina del 15 o del 30”, expresó García Padilla a preguntas de este rotativo cuando visitó la planta Mentor Technical Group la semana pasada.

El gobernador reconoció el estado de insolvencia en que se encuentra el sistema de retiro del gobierno, pero confió en que Puerto Rico se beneficie de una herramienta de reestructuración de su deuda pública que permita remediar la estrechez fiscal a corto plazo y otorgue al gobierno mayor flujo de efectivo.

Las proyecciones de que el SRE se quedaría sin fondos en 2018 o 2019 son, sin embargo, bastante conservadoras. A la luz del propio informe actuarial preparado por la firma Milliman, el sistema está insolvente desde el año fiscal 2014-2015, por lo cual el gobierno de Puerto Rico ha recurrido a la venta de activos para pagar las pensiones. Esto significa que el Sistema de Retiro se descapitaliza peligrosamente y agota su capacidad de financiamiento al tener menos activos para responder.

Más aún, el equipo fiscal de la administración García Padilla ha estado usando el fondo que se nutre de las aportaciones de los empleados, la venta de activos y las pocas aportaciones patronales para dotar de liquidez al Departamento de Hacienda para mantener abierto el gobierno a finales de 2015, según confesaron en una revisión del plan fiscal publicada el 16 de enero de este año. El administrador del SRE, Pedro Ortiz Cortés, había explicado esta movida previamente como un “pago por adelantado” que estaba haciendo SRE al Departamento de Hacienda.

Las proyecciones de la Service Employees International Union (SEIU), capítulo de Puerto Rico, son que los activos brutos se agoten en un período de ocho meses, dado a que los informes cuentan con “activos ilíquidos”, que son más difíciles de vender.

Si las contribuciones especiales y aumentos en las aportaciones patronales, “no se pagan en su totalidad en una base anual, el Sistema de Retiro de Puerto Rico se seguirá descapitalizando rápidamente y sus activos brutos se agotarán”, advierte el actuario en letras blancas realzadas en un fondo negro.

Ante esta situación, el gobernador indicó que “tenemos que buscar los mecanismos para poder hacer las dos cosas: mover la economía en el presente y asegurar el futuro”, refiriéndose a la encrucijada de mantener abierto el gobierno o hacer aportaciones patronales. Su administración de hecho pagará este año una sexta parte de lo que le corresponde, admitió el propio Ortiz Cortés en una entrevista previa con EL VOCERO. En el año fiscal 2014, el gobierno central debió dar $80 millones, otros $120 millones en el año fiscal 2015 y $352 para este año, pero apenas cumplió con una cuarta parte o menos cada año.

“¿Ustedes han visto los llamados de todos los políticos a unirnos para atender el tema del estatus? Cartas públicas, llamadas… ¿Y el tema de la crisis económica? ¿Y el tema que pone en peligro el retiro de los puertorriqueños? ¿Y el tema que cada quincena pone en peligro la nómina de los puertorriqueños? ¿Y el tema que pone en peligro los recursos de la policía, de los bomberos y del Centro Médico? ¿Ese no es tan importante?”, cuestionó también García Padilla durante un instante de molestia que tuvo frente a las cámaras al salir de su reunión con el secretario del Tesoro, Jack Lew, el miércoles, 20 de enero de este año.

Entonces recordó: “si yo no resuelvo esta crisis en estos meses que quedan de mi gobierno, la va tener que atender el próximo gobernador y le va a costar las elecciones de 2020”.

García Padilla siempre ha recordado que su administración tiene una obligación de pagar el Bono de Navidad porque se lo exige la Ley 34 de 1969. Cuando este rotativo le preguntó al secretario de Justicia, César Miranda, qué consideraciones tomó el gobierno para cumplir con el desembolso de $120 millones de los bonos de Navidad mientras incumplía con las aportaciones patronales al sistema de retiro, indicó que habían consideraciones económicas.

Miranda, quien forma parte del Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica de Puerto Rico, dijo que se le había dado prioridad al bono porque es dinero que se reinvierte en la economía.

EL VOCERO supo que los cabilderos del gobierno le aseguraron a la American Federation of State, County and Municipal Employees y a la Service Employee International Union, con sede en Washington D.C., que el dinero de los bonos navideños se pagaría con fondos del SRE.

Debido a la insolvencia del SRE, el dinero que se deposita en retiro pasa directamente a manos de los jubilados quienes usan los cheques para sufragar sus necesidades básicas entre las cuales se encuentra la compra de medicamentos.

El presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), Roberto Pagán, destacó que las aportaciones patronales aseguran la supervivencia de esas personas. “Los viejos en Puerto Rico están sufriendo para poder sobrevivir. Si les quitan lo poco que reciben de sistema de pensiones, el grado de desamparo de muchos ancianos va a ser increíble”, expresó.
Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

sábado, 23 de enero de 2016

Grupos de maestros anticipan la muerte del proyecto para la jubilación incentivada


El Nuevo Día
Organizaciones magisteriales insisten en que Sistema de Retiro para Maestros no cuenta con recursos para aceptar más jubilados.       

viernes, 22 de enero de 2016 - 7:03 PM
Por Cynthia López Cabán

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“El proyecto es natimuerto desde el principio”

Con esta aseveración, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, resumió el sentir de la mayoría de los deponentes que la mañana del viernes participaron en una audiencia de la Comisión de Hacienda del Senado, que analiza una medida que incentivaría la jubilación de los maestros del sistema de educación público.

"El proyecto no es enmendable dada la situación de retiro. Cualquier estudio actuarial le va a decir que no tenemos con qué pagar las pensiones", apuntó Díaz durante un intercambio de impresiones con el presidente del cuerpo, José Nadal Power.

Apoyó esta afirmación citando datos del Sistema de Retiro para Maestros, que según el último informe actuarial disponible consigna que solo cuenta con 11.51 centavos por cada dólar comprometido.

"No hay estudio actuarial que lo sostenga. O sea, el proyecto es natimuerto desde el principio y como dijo el mismo presidente (de la Comisión) no tenemos el estudio actuarial y por lo tanto se está en violación de la misma Ley 160 (Ley del Sistema de Retiro para Maestros)", apuntó la educadora.

"Si le adelantan el retiro a los maestros, que le digan que en tres años se van a quedar sin pensión y sin sueldo", agregó.

En su ponencia escrita, la Asociación de Maestros endosó la medida con ciertas reservas, pero durante la audiencia Díaz pareció modificar su posición hasta anticipar la muerte de la medida.

"Esa medida es simpatiquísima y más en año de elecciones que sobre 5,000 representados por nuestra organización están esperando la aprobación de este proyecto para acogerse a sus beneficios", afirmó.

Díaz también resaltó que la medida no generará los ahorros suficientes para pagar la nómina de los maestros nuevos que el Departamento de Educación tendrá que contratar para sustituir a los maestros que se jubilen.

El proyecto de la autoría de la senadora Mari Tere González López propone la creación del Programa de Separación Voluntaria Incentivada para que los maestros con 25 o más años de servicio en el sistema de educación público se retiren con una pensión del 65% de su último salario.

De aprobarse la medida, unos 5,477 maestros cualificarían para el retiro.

La presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez Padilla, rechazó la medida porque amenazaría el ya moribundo Sistema de Retiro para Maestros y condenaría a la pobreza a los maestros que se acojan al Programa de Separación Voluntaria.

"No va a haber el dinero para pagar el 65%, pero luego el maestro va a terminar con sólo un 50% de pensión porque tendrá que realizar una aportación individual al Sistema de Retiro y después de un año tendrá que pagar por el plan médico. No le va a dar el salario", insistió.

Según lo dispuesto en la medida, el maestro que se jubile bajo este régimen recibirá una aportación de $120 mensuales para la prima de plan médico por un periodo de un año. Después de ese periodo tendrá que asumir el costo total de la cubierta médica.

"Esto le genera ahorros al Gobierno, pero arremete contra el salario y la salud de los trabajadores", afirmó Martínez Padilla.

"Para el magisterio, como grupo social, el proyecto, más que beneficiarlo, lo perjudica y lo debilita", subrayó.

Para dramatizar la debilidad del Sistema de Retiro de los Maestros, también apuntó que por primera vez en la historia hay más jubilados (40,601), que maestros activos en el sistema de educación (39,343).

"Las proyecciones de los informes actuariales indican que de no tomarse medidas, el Sistema de Retiro de los Maestros se quedará sin fondos en el 2017 para cumplir con el pago de pensiones", apuntó.

La educadora, además, pidió la derogación de la Ley 160, que aprobó esta administración al reformar el Sistema de Retiro para Maestros, mientras que Díaz abogó porque se le realicen enmiendas para que no continúe desangrado el sistema de retiro.

El director ejecutivo de la Organización de Directores y Administradores Escolares, Edwin Cordero Vera, favoreció la medida, pero enfatizó que el Gobierno debía asumir el costo del incentivo.

Mientras que la asesora legal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Wanda Pérez Álvarez expresó preocupación por el impacto negativo que la medida tendrá sobre el Departamento de Educación.

"Si al costo estimado de la implantación del programa ($1,117,765,706) se le resta el costo actual al DE de los maestros elegibles ($756,689,847) observamos un impacto neto negativo fiscal al DE de $361,075,089. A esos efectos, esta medida, según redactada, no representa ahorros para el DE", advirtió Pérez Álvarez.

En una vista previa, el Departamento de Educación también advirtió que la aprobación de la medida podría afectar su capacidad para cumplir con su deber constitucional de garantizar la educación pública y resaltó la falta de recursos en el presupuesto para asumir el costo del proyecto.

El Sistema de Retiro para Maestros, por su parte, afirmó que solo podría cumplir con el objetivo de la medida si se le asignaban los recursos correspondientes.

Ante esta situación, Nadal Power anticipó que la medida sufrirá cambios.

"Las ponencias no se apartan mucho entre ellas ya que el planteamiento principal es que le proyecto de Ley tiene que contener un lenguaje alusivo a lo que son los estudios actuariales. Que cualquier cambio o aprobación de un preretiro tenga un análisis actuarial previo", apuntó.

"Lo que estoy contemplando es añadir un lenguaje muy parecido al que tiene la Ley vigente del Preretiro de los Empleados Públicos a los efectos que tanto la OGP como la agencia participante tengan que pasar por un proceso de cualificación y certificación para que lo que se haga en efecto conlleve unos ahorros y no termine costando más", agregó.

Nadal Power apuntó que de enmendarse la medida podría contar con los votos para su aprobación.

Las senadoras María de Lourdes Santiago y Migdalia Padilla, que participaron de la audiencia, anticiparon que votarán en contra del proyecto.

miércoles, 20 de enero de 2016

Cada vez más finito el Retiro

La baja de recaudos en Hacienda agota la venta de activos en el sistema de pensiones, el cual podría quedarse sin fondos antes de 2019.

Por Carlos Antonio Otero, EL VOCERO

Al Sistema de Retiro de Empleados Públicos (SRE) le quedan menos de $2,200 millones en activos líquidos para enfrentar un evento de insolvencia del Fondo General como el que adelantó la revisión en el Plan de Ajuste Fiscal, lo cual se traduce en dinero que apenas cubriría menos de dos años para el pago de pensiones.

De esta manera, se adelanta el estimado del informe actuarial de la firma Milliman, que colocó la proyección de agostamiento de liquidez en el SRE hacia el 2019, si surgían mayores dificultades en los recaudos del gobierno central.

Cuestionado al respecto, el administrador del SRE, Pedro R. Ortiz Cortés, reconoció que “es una situación compleja por todos lados” y admitió a EL VOCERO que “pudiera ser, esperamos que no. Estamos trabajando”.

Cuando el actuario elaboró su más reciente informe, no contaba con el ajuste a la baja en $500 millones para los recaudos de Hacienda en el presupuesto vigente, ni con la prolongación en el incumplimiento del gobierno con las aportaciones especiales al Retiro. La semana pasada la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) le informó a Ortiz Cortés que le recortaba otros $19 millones de la aportación pendiente para este año, pero el actuario había dicho antes que se necesitaba una aportación especial mayor.

Como parte de la aportación especial para mantener cierto nivel de activos, en el año fiscal 2013-2014 el gobierno central debió dar $80 millones, otros $120 millones en el 2014-2015 y $352 para este 2015-2016, pero apenas habrá cumplido con una cuarta parte o menos cada año. En cuanto a la aportación para este año y con el recorte anunciado en días reciente, “el gobierno va a pagar una sexta parte”, comentó Ortiz Cortés.

“Es un dolor de cabeza, claramente quisiéramos todos vivir en un mundo perfecto, que todo ese dinero pudiera llega acá… pero esos ajustes (del gobierno central) son necesarios. Tenemos un poco de margen de tiempo bien breve de que podemos hacer las medidas y hacer los pagos y sobrevivir sin esas aportaciones, pero va a llegar el momento que la cuenta va a seguir creciendo y el estado va a tener que asumir esa responsabilidad”, señaló Ortiz Cortés.

Como Retiro necesita aproximadamente unos $67 millones para cubrir el pago de pensiones cada mes, y como Hacienda no puede cubrir la totalidad de la aportación patronal de los 16,502 empleados públicos que cotizan para la jubilación, el SER se ve obligado a vender activos para cubrir la diferencia. Entre la aportación patronal y de empleados suman cerca de $900 millones al año y el pago anual en pensiones es de $1,400 millones.

Al repetirse trimestralmente la operación de venta de activos por la baja en recaudos en el Fondo General, se acelera la advertencia del actuario de que estos se agotarán hasta dejar insolvente al sistema.

Ortiz Cortés informó que también cuentan con unos $700 millones en activos denominados “ilíquidos”, como préstamos, pero son más difíciles de vender. Mencionó que el Banco Popular y el Banco Cooperativo han adquirido algunos de estos activos, pero “es más difícil”.

“Para nosotros siempre todos estos escenarios tienen un impacto significativo”, asumió Ortiz Cortés, y defendió que “nosotros vamos a cumplir con nuestros pensionados”.

Al hablar de la situación económica de Puerto Rico, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, ha reiterado que cada vez es peor y que el gobierno ha tenido que utilizar fondos del retiro para manejar su falta de liquidez. Ortiz Cortés puntualizó que “eso no es correcto” y dijo que “quizás lo dice por falta de conocimiento”.

El funcionario, quien anteriormente fuera asesor en la Fortaleza, está esperanzado de que la visita de Lew para reunirse hoy con el gobernador Alejandro García Padilla, produzca alguna ayuda que también beneficie al SER.

A julio no hay certeza de que el gobierno central pueda pagar sus obligaciones generales garantizadas por la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), en torno a los $900 millones, lo cual tampoco dejaría dinero en caja para el Retiro.


Retiro con menos de $2.2 billones en activos líquidos

A Retiro le Quedan 2 Años


Al Sistema de Retiro de Empleados Públicos le quedan menos de $2.2 billones en activos líquidos. El gobierno central continúa incumpliendo con las cantidades designadas de aportaciones que debe hacer, así como con las aportaciones especiales que se han asignado para recapitalizar al sistema. El último recorte de presupuesto, implementado la semana pasada, se tradujo en recortes de $19 millones a las aportaciones anuales del sistema de Retiro. La firma actuarial Milliman, estima que bajo la situación actual al Sistema de Retiro se le agotara la liquidez en el 2019.

Una vez se agote la liquidez del sistema, el gobierno tendrá que asumir los $67 millones en pagos mensuales que actualmente cubre Retiro. Los problemas de liquidez del gobierno central harían estos pagos mensuales sumamente difíciles, poniendo así en peligro el pago de las pensiones de los retirados, que ascienden a $1,400 millones anuales.