Aprueban Retiro Temprano a Puertos

Cámara aprueba proyecto de retiro temprano en la Autoridad de Puertos

Ley 27 de 17 de junio de 2013

Por Gerardo Cordero / gerardo.cordero@gfrmedia.com06/03/2013 | 07:07 p.m.

Con 46 votos a favor y tres en contra quedó aprobado, en la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes este lunes, un proyecto que encamina la creación de un programa de retiro temprano voluntario en la Autoridad de los Puertos.

El programa, según el Proyecto de la Cámara 1055, ofrece incentivos para empleados que tengan 20 años o más de servicio cotizados bajo la Ley 447, lo que permitiría una pensión mínima equivalente al 50% de su salario y una bonificación por jubilación de $900 por cada año de servicio.

Además, incluiría el pago de las licencias de vacaciones y enfermedad, así como el otorgamiento de un plan médico para el pensionado por un término de cinco años, según otras disposiciones de la medida, sometida por la mayoría parlamentaria que controla el Partido Popular Democrático.

En la exposición de motivos del proyecto se establece que "la Autoridad de los Puertos ha reservado la cantidad de $50 millones para cumplir con los gastos que implicaría abrir una ventana de retiro incentivado".

Este dinero está consignado en el Banco Gubernamental de Fomento en una cuenta exclusiva para el propuesto programa de retiro voluntario, precisa el Proyecto 1055, que surje como parte de otras medidas para reorganizar las operaciones de la Autoridad de los Puertos y "estabilizar su situación fiscal".

Por otro lado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto para disponer que el Sistema de Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico "podrá descontar las deudas que tengan las agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas de los pagos que realiza el sistema del Departamento de Hacienda".

El Proyecto de la Cámara 1045, según su exposición de motivos, evitaría que el Sistema de Retiro tenga que vender activos para realizar pagos al Departamento de Hacienda sobre deudas que patronos gubernamentales tienen con el sistema.

La medida, que recibió el rechazo de la minoría novoprogresista, además, enmienda la sección 11 de la Ley 116 de 2011, para "aclarar que el pago de las ventanas de retiro será siempre por adelantado y que el costo consistirá en la diferencia entre el valor presente de la pensión acelerada que establece la ventana de retiro y el valor presente de una pensión por años de servicio, bajo las disposiciones de la Ley 447".

Establece que a esa diferencia "se le sumará el costo de las pensiones por un periodo de tres años a partir de la fecha en que el participante (empleado que se acoge al retiro) hubiere cumplido con la edad y años de servicio para ser acreedor de una pensión bajo la Ley 447".

En suspenso cambios en AVP

Contrario a los rumores que propiciaron la movilización de líderes de varios caseríos a las gradas del hemiciclo en la Cámara de Representantes, no se consideró en la sesión un proyecto para modificar la ley orgánica de la Administración de Vivienda Pública (AVP).

Mirta Colón, exresidente de Las Gladiolas en Hato Rey y quien encabeza el cabildeo en contra del Proyecto de la Cámara 1140, se mantuvo en el hemiciclo casi hasta culminar la sesión, pero se marchó cuando constató que el proyecto no sería llevado a votación. La líder comunitaria reclamó a la Comisión de Gobierno el retiro de la medida.

Colón distribuyó a los representantes una carta en la que enumeran razones para oponerse al proyecto y entre otros argumentos subrayan sus reparos a que se transfieran "todos los poderes y responsabilidades del administrador (de AVP) a la junta" directiva de esa dependencia.

Según la carta firmada también por la líder comunitaria Ivette Santiago, considera que la medida "usurpa la participación de los residentes en la AVP".

Santiago defendió el trabajo del actual administrador Miguel Hernández Vivoni, nombrado por la pasada administración gubernamental, por entender que desde que acogió el puesto se ha registrado un "desarrollo positivo" en los caseríos, pero ese avance, cesaría si se aprueba el Proyecto 1140.

En el pasado cuatrienio, se enmendó la Ley de AVP para extender el término del titular de esa agencia por siete años. Una fuente indicó que Hernández Vivoni no responde a las iniciativas de política pública del nuevo gobierno y el proyecto es un mecanismo de la actual administración para garantizar que se cumplirán sus compromisos programáticos.

La medida, que propone enmendar la Ley Orgánica de la AVP "para concederle facultades adicionales a la Junta de Gobierno" de esa dependencia, cuyas operaciones dependen en un 99.5% de fondos federales, fue apoyada la semana en vista pública por el secretario de la Vivienda, Rubén Ríos.