Abarrotadas las oficinas de la ASR tras fallo que validó la Ley 3 de Reforma de Retiro
Según la ASR, cerca de 360 personas acuden a diario a sus oficinas desde finales de mayo para iniciar los trámites de acogerse a la jubilación.
El Vocero / Alvin J. Báez
El Vocero / Alvin J. Báez
El abogado de sobre 650 empleados gubernamentales en pleito contra la reforma de Retiro, Edgar Vega Pabón, dijo que la decisión del Tribunal Supremo que validó la constitucionalidad del estatuto provocó renuncias masivas de los trabajadores que estaban esperanzados en que el alto foro resolviera a su favor.
“El efecto de esto ha sido renuncias masivas hoy y mañana (miércoles) provocadas por esta decisión. El Gobierno no le llama despidos, pero los obligó a renunciar”, señaló Vega Pabón.
Mientras, el portavoz del Sistema de Retiro, Carlos Ramos, informó que alrededor de 400 personas visitaron el centro de servicios de San Juan únicamente en el día de ayer. Indicó que esperan que aumente la cantidad de personas que solicitarán el retiro tras la decisión del Tribunal Supremo y la campaña de orientación que realizan.
Desde el 31 de mayo al 6 de junio, documentaron unas 1,616 visitas de empleados. Del 7 al 13 de junio, otras 1,429 y desde el 14 al 20 de junio, el número de personas que frecuentaron la oficina de Retiro fue de 1,600.
Afirmó que desde finales de mayo, un promedio de 360 empleados diarios acuden a la dependencia.
El último día para presentar la solicitud de retiro conforme a las anteriores leyes es el lunes, pero hay algunos casos de policías que podrían efectuarlo hasta diciembre.
Por otro lado, los abogados Vega Pabón, Iván Crespo y Judith Berkan se expresaron esperanzados en que prevalecerán en la Solicitud de Reconsideración que solicitarán al Tribunal Supremo.
Vega Pabón insistió en que la ley menoscaba todos los derechos de las personas que tenían proyectos y planes específicos para retirarse. Dijo que muchos de los demandantes tienen más de 27 años de servicio y la opinión no distinguió entre esos casos severos y otros que pudieran ser menos severos.
“Esto no fue una derrota, fue una decisión cinco a cuatro. Con un juez que reconsidere su posición, cambia el panorama completamente”, sostuvo Vega Pabón.
Mientras, el abogado que representa a los policías, Iván Crespo, adelantó que en la Solicitud de Reconsideración enfatizarán en que “de una crisis crediticia tendremos una crisis de seguridad en el País”.
Según Crespo, se estima que podrían renunciar 3 mil policías entre julio y diciembre de este año, por lo que la Uniformada no tendría los suficientes agentes para velar por la seguridad del Pueblo.
“Los grandes perdedores no solo son los empleados también son las uniones, excepto las uniones que representan a los policías. El Estado hizo campaña mediática y sin embargo, las uniones que sí marcharon cuando se impuso el IVU, ahora brillaron por su ausencia”, indicó Crespo.
De igual forma se expresó la licenciada Judith Berkan, quien dijo que “el Pueblo ha perdido un poco la capacidad de indignación y con la campaña mediática de las últimas semanas se ha perdido el interés de esos empleados y el efecto dañino de ellos y sus familiares”.
Insistió en que el Tribunal Supremo primero debió analizar la aplicación de la ley para permitir un pronunciamiento sobre su constitucionalidad. La abogada dijo que, en su análisis, el Tribunal obvió por completo los derechos de los empleados y las promesas que ha hecho el Gobierno a través de los años de que iban a disfrutar de una pensión digna.
“Entiendo que violaron la disposición constitucional, tanto federal como estatal de Puerto Rico, que prohíbe el menoscabo de contratos”, reiteró Berkan.
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