18 de junio de 2013
“Tenemos derecho de acudir directamente al Supremo”
Por Israel Rodríguez Sánchez /israel.rodriguez@elnuevodia.com
El próximo paso que darán los empleados públicos que buscan que se declare inconstitucional la Ley 3 que reformuló el Sistema de Retiro es solicitarle al Tribunal Supremo que atienda directamente su demanda.
El abogado Edgar Vega Pabón, quien representa a 541 empleados de la Administración de los Tribunales y del Fondo del Seguro del Estado, entre otras agencias, dijo que hoy mismo acudirá al alto foro judicial.
Vega Pabón dijo que en su caso pedirá al Supremo que reconsidere la resolución que emitió el 11 de junio en la que el alto foro decidió no asumir jurisdicción en el caso en esa etapa.
Los abogados Judith Berkan y Alvin Crespo, otros dos de los abogados que llevan casos como parte de esta demanda, también anticiparon que van directo al Supremo en los próximos días.
“Nosotros tenemos derecho de acudir directamente al Supremo dado que mis representados tienen que tomar una decisión drástica en los próximos días”, adelantó Berkan, quien representa en este caso a unos 68 auditores de la Oficina del Contralor.
Entrevistados por separado, el trío de abogados sostuvo que la Ley 7 de Emergencia Fiscal de 2009 no guarda comparación con la nueva ley de retiro que entraría en vigor el 1 de julio próximo. Vega Pabón, por ejemplo, dijo que aquí no se trata de un caso causado por la inestabilidad de la economía mundial.
“En este caso, desde mi punto de vista, la insolvencia actuarial es provocada por el mismo Sistema de Retiro y sus administradores”, sostuvo Vega Pabón, al indicar que la decisión de la jueza superior Gisselle Romero García no le sorprendió en lo absoluto.
Berkan, por su parte, criticó la sentencia de la jueza Romero García por no estar fundamentada en derecho. “Creo que la decisión es totalmente equivocada porque no toma en cuenta lo apresurado de la acción legislativa. Ofrecer una deferencia a la Legislatura sin considerar los derechos adquiridos de nuestros representados es una equivocación”, insistió Berkan
Berkan agregó que ella representa a empleados públicos con más de 30 años de servicio que ahora “enfrentan una situación catastrófica en su vida” a consecuencia de la aprobación de la nueva ley del Sistema de Retiro. “Yo creo que la juez no analizó adecuadamente la doctrina aplicable, no hubo un análisis de los derechos adquiridos de estos empleados”, añadió.
A juicio de Berkan, la Ley 7 y la ley de retiro “son diferentes en términos constitucionales”. Dijo que en el caso de la Ley 7 no se trataba de una promesa de continuidad en el servicio público.
“Bien diferente es quedarte en el empleo público con la promesa de que vas a disfrutar de una pensión”, expresó Berkan. Agregó que sus representados se sacrificaron por esa pensión y no pudieron buscar otra forma de garantizar su futuro económico por la promesa de la pensión.
Crespo, entretanto, dijo que la Ley 7 afectó a un grupo joven de trabajadores a los que se le dieron alternativas como un retiro incentivado, aportación al plan médico, incentivos para montar negocios, entre otras.
“Aquí estamos hablando de gente adulta, mayor, gente que ya no tienen la capacidad de reinsertase en la fuerza laboral”, dijo Crespo quien representa a un nutrido grupo de policías y a otros empleados.
En el caso de los policías, Crespo dijo que la situación es peor porque estos no reciben Seguro Social. “Entendemos que la decisión de la jueza no es correcta y no está fundamentada en derecho”, puntualizó.
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